El mecanismo era sofisticado pero, una vez descifrado, conceptualmente sencillo. Los fondos Next Generation llegaban a España con una etiqueta clara: inversión en transformación digital, transición verde y cohesión territorial. Cada partida estaba vinculada a un plan de reforma específico aprobado por Bruselas y sujeto a hitos verificables. Pero el Ministerio de Hacienda, según el informe del Tribunal de Cuentas al que este medio ha tenido acceso exclusivo, desarrolló un sistema de «transferencias de crédito internas» que permitía mover fondos entre capítulos presupuestarios sin alterar la nomenclatura de la partida original. El resultado era que una partida etiquetada como «digitalización de la administración pública» podía acabar financiando, a través de tres o cuatro movimientos contables, el gasto corriente en pensiones contributivas. La etiqueta permanecía intacta en los registros de Bruselas; el dinero había cambiado de destino en los registros de Madrid.
Los fiscalizadores del Tribunal de Cuentas identificaron el patrón en noviembre de 2025, cuando una auditoría rutinaria de los fondos de cohesión detectó que varias partidas del Plan de Recuperación presentaban tasas de ejecución superiores al 100% en algunos ministerios mientras que los proyectos de inversión asociados — obras de infraestructura digital, instalaciones de energía renovable, programas de formación profesional — mostraban avances físicos que no se correspondían con el gasto declarado. La discrepancia era demasiado grande para ser un error contable: un ministerio no puede ejecutar más del 100% de su presupuesto asignado sin que alguien haya añadido dinero desde algún sitio.
El informe documenta 147 transferencias de crédito internas realizadas entre enero de 2022 y diciembre de 2025 que, según los fiscalizadores, carecen de «justificación suficiente en el marco del Plan de Recuperación» y cuyo destino final «no guarda relación verificable con las reformas e inversiones comprometidas ante la Comisión Europea». De esas 147 transferencias, 89 — que suman los 2.389 millones — terminaron en partidas de gasto corriente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el departamento responsable del pago de las pensiones contributivas.
La defensa del Gobierno, anticipada por fuentes del Ministerio de Hacienda que han hablado con este medio, se basa en dos argumentos. El primero es técnico: las transferencias de crédito internas están previstas en la Ley General Presupuestaria y no requieren autorización parlamentaria si se realizan dentro del mismo ministerio o entre ministerios con acuerdo del Consejo de Ministros. El segundo es político: el pago de las pensiones es una obligación constitucional que no admite demora y que, en un contexto de presupuestos prorrogados durante tres años consecutivos, requiere mecanismos extraordinarios de financiación. El argumento implícito es que el Gobierno tenía que elegir entre cumplir los hitos de Bruselas y pagar las pensiones a los jubilados, y eligió lo segundo.
Pero el informe del Tribunal de Cuentas desmonta ambos argumentos con una precisión que ha sorprendido incluso a los críticos del Gobierno. Sobre el argumento técnico, los fiscalizadores señalan que las transferencias de crédito internas están permitidas por la ley pero «no pueden utilizarse para alterar la finalidad de fondos europeos condicionados, cuya ejecución está sujeta a un régimen jurídico específico regulado por el Reglamento de la Facilidad de Recuperación y Resiliencia». En otras palabras: la ley española permite mover dinero entre partidas, pero el derecho europeo no permite mover dinero europeo hacia fines no aprobados por Bruselas. Sobre el argumento político, el informe es aún más contundente: «La obligación de pagar las pensiones no justifica la utilización de fondos europeos para fines distintos a los pactados, del mismo modo que la obligación de construir carreteras no justifica la utilización de fondos sanitarios para ese fin».
La Comisión Europea ha reaccionado al informe con la cautela característica de Bruselas. Un portavoz de la comisaria de Cohesión, Elisa Ferreira, declaró ayer que «la Comisión ha tomado nota del informe del Tribunal de Cuentas español y ha iniciado una verificación preliminar de los datos antes de adoptar cualquier posición». La fórmula es diplomática pero la amenaza es real: si Bruselas confirma que España ha desviado fondos europeos hacia gasto corriente, las consecuencias podrían incluir la suspensión parcial de los desembolsos pendientes del Plan de Recuperación — quedan aproximadamente 28.000 millones por recibir — y la exigencia de devolución de las cantidades desviadas. Un escenario así sería financieramente catastrófico para un Gobierno que depende de los fondos europeos para cuadrar unas cuentas públicas tensionadas por la inflación, los tipos de interés y el gasto militar.
El PP ha convertido el informe en una pieza central de su estrategia de oposición. Cuca Gamarra anunció ayer que el grupo popular solicitará una comisión parlamentaria de investigación sobre la gestión de los fondos europeos y que pedirá la comparecencia urgente de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero — que, en un giro irónico del destino, es la misma persona que acaba de perder las elecciones andaluzas y que está exigiendo un congreso federal del PSOE. La coincidencia temporal entre la crisis interna del PSOE y la revelación del desvío de fondos europeos crea un efecto de acumulación que multiplica el daño político: cada nueva noticia refuerza la narrativa de un Gobierno desbordado por su propia gestión.
Los documentos internos a los que ha tenido acceso el Tribunal de Cuentas revelan un detalle adicional que agrava la situación: varias de las transferencias fueron realizadas en diciembre, el último mes del ejercicio presupuestario, cuando los ministerios suelen ejecutar a toda velocidad las partidas que no han gastado durante el año para evitar que «caduquen» y deban devolverse a Bruselas. El patrón sugiere que, además del desvío deliberado, existía una práctica de ejecución acelerada de final de año cuyo objetivo era mantener las tasas de absorción de fondos en niveles presentables ante la Comisión Europea, independientemente de si el gasto se correspondía con las reformas comprometidas.
La dimensión del desvío — 2.389 millones de euros — equivale aproximadamente al 3,4% del total de fondos Next Generation asignados a España (69.500 millones en subvenciones a fondo perdido). La cifra no es suficiente para poner en riesgo la totalidad del plan, pero sí para dañar gravemente la credibilidad de España ante Bruselas en un momento en el que la negociación del próximo marco financiero plurianual (2028-2034) está a punto de comenzar. Los países del norte — Holanda, Austria, Finlandia, Alemania — que se opusieron desde el principio a la mutualización de deuda que financió el Next Generation encontrarán en el informe del Tribunal de Cuentas español una confirmación de sus peores sospechas: que los fondos europeos se utilizaron para financiar gasto corriente en lugar de inversiones estructurales.
Al cierre de esta edición matinal, el Ministerio de Hacienda no ha emitido una respuesta formal al informe. Fuentes del ministerio han indicado que preparan un «documento de alegaciones técnicas» que se remitirá al Tribunal de Cuentas y a la Comisión Europea en los próximos días. Pero el daño político ya está hecho: la imagen de un Gobierno que desvía fondos europeos destinados a la modernización de la economía para pagar pensiones corrientes — por legítima que sea la obligación de pagar esas pensiones — es devastadora en un país donde la confianza en la gestión pública ya estaba erosionada por tres años de presupuestos prorrogados, una inflación persistente y un desempleo juvenil que sigue por encima del 25%. El informe del Tribunal de Cuentas no es una bomba que explota de golpe; es un ácido que corroe lentamente la credibilidad fiscal de España ante sus socios europeos.
