El accidente ferroviario de Urda reabrió el debate sobre el estado de la infraestructura española y la velocidad a la que se implanta el ERTMS, el estándar europeo que sustituye a los sistemas nacionales de señalización y que la UE considera clave para evitar colisiones y descarrilamientos por error humano o fallo técnico. La investigación corresponde en primera instancia a las autoridades españolas competentes en seguridad ferroviaria.
El ERTMS (European Rail Traffic Management System) se diseñó a finales de los años noventa para unificar la señalización en un continente donde conviven más de veinte sistemas nacionales distintos, una fragmentación que durante décadas encareció el tráfico transfronterizo y, según Bruselas, ralentizó la adopción de estándares de seguridad homogéneos. España incorporó el sistema de forma progresiva en sus líneas de alta velocidad, pero su despliegue en la red convencional avanza con más lentitud.
La Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, con sede en Valenciennes (Francia) y creada en 2004, certifica la interoperabilidad del material rodante y la señalización en todo el espacio comunitario. Su asistencia técnica a la investigación de Urda se suma a los protocolos de cooperación que el organismo activa tras siniestros con víctimas en cualquier Estado miembro, un mecanismo reforzado por sucesivas reformas del paquete ferroviario europeo.
El trasfondo político de la crisis ferroviaria española quedó marcado por la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó como un gesto de ejemplaridad y como argumento de cara a futuras citas electorales.
«Él lo ha vuelto a hacer y nosotros lo volveremos a hacer», declaró Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, al presentar la dimisión de Óscar Puente.
El tono partidista de esa intervención contrasta con el registro técnico de la Comisión Europea, que evitó entrar en la dimensión política del caso y centró su mensaje en reforzar la seguridad de la red. Bruselas ya había expresado en años anteriores su preocupación por el ritmo de modernización ferroviaria en varios Estados miembros, España entre ellos, en el marco de los fondos europeos destinados a infraestructuras de transporte.
La petición de acelerar el ERTMS coincide con otros frentes abiertos entre Madrid y las instituciones comunitarias, como la ausencia reiterada de representantes del Gobierno en comparecencias sobre Ceuta, recogida en la pieza sobre tres ministros que eluden por tercera vez ir a la Eurocámara, un episodio distinto que alimenta el escrutinio de Bruselas sobre la respuesta institucional española ante crisis de distinta naturaleza.
El comisario de Transportes insistió en que el despliegue del ERTMS debe avanzar «sin demora» en toda la red europea, una recomendación dirigida no solo a España sino al conjunto de los Estados miembros con tramos pendientes de modernización.