El acto de Gibraleón fue diseñado por el equipo de comunicación de Moncloa como una operación de rescate emocional para una candidatura que las encuestas dan por amortizada. La elección del escenario no fue casual: Gibraleón es un municipio de 12.000 habitantes en la provincia de Huelva, la más castigada por el desempleo en Andalucía y la que históricamente ha registrado los mayores márgenes de victoria socialista. Celebrar el primer acto de precampaña en territorio propio tenía un doble objetivo: garantizar una audiencia entregada que proyectara imágenes de pabellón lleno para los informativos de la noche, y enviar un mensaje de arraigo territorial frente a un Moreno que los socialistas acusan de gobernar 'desde un despacho de Sevilla sin pisar los pueblos'. Montero abrió el acto con un discurso de 22 minutos en el que invocó la memoria de la Andalucía que luchó por la autonomía, elogió a Sánchez como 'un hombre que levanta la voz contra la injusticia y que se enfrenta a los poderosos' y evitó cuidadosamente cualquier referencia a la comisión SEPI del Senado o al procesamiento de Begoña Gómez, los dos frentes judiciales que contaminan su candidatura. El público, en su mayoría militantes y simpatizantes movilizados por las agrupaciones locales del PSOE, respondió con ovaciones en los momentos previstos y con un silencio elocuente cuando Montero mencionó las encuestas: 'Las encuestas son fotografías de un momento. La realidad la escriben los andaluces en las urnas'.
El presidente atacó al PP por tres flancos: la financiación irregular ('un partido que se financia bajo la mesa'), la política de vivienda ('Moreno lleva cuatro años prometiendo viviendas y no ha puesto ni un ladrillo mientras los precios suben un 6% al año') y la relación con Vox ('Feijóo y Abascal van cogidos de la mano por Extremadura y quieren hacer lo mismo en Andalucía'). Defendió la regularización extraordinaria de inmigrantes como 'una medida de justicia social y de eficiencia económica que aporta 4.200 millones de euros anuales a la Seguridad Social' y anunció que el Consejo de Ministros aprobará mañana lunes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 dotado con 7.000 millones de euros, una cifra que la oposición considera inflada porque incluye la aportación de las comunidades autónomas. La estrategia de Sánchez en Andalucía es transparente: nacionalizar la campaña, convertir las elecciones autonómicas en un plebiscito sobre su gobierno y movilizar al electorado socialista desmovilizado apelando al miedo a un Moreno con mayoría absoluta que pueda 'desmantelar los servicios públicos sin necesidad de pactar con nadie'.
En Córdoba, la puesta en escena del PP fue radicalmente distinta. Feijóo no necesitaba rescatar a su candidato sino exhibir su fortaleza territorial, y lo hizo con una Intermunicipal que reunió a más de 600 alcaldes y concejales populares de las ocho provincias andaluzas en el Palacio de Congresos. El formato —alcaldes sentados en las primeras filas, pantallas gigantes con datos de gestión municipal, vídeos testimoniales de vecinos que agradecen la bajada de impuestos en sus ayuntamientos— estaba diseñado para proyectar un mensaje de gobernabilidad cercana y eficaz que contrasta con la imagen de caos que el PP atribuye al Gobierno de Sánchez. Vamos a ganarlas gobernando bien'. Feijóo cerró con una intervención de 25 minutos en la que evitó mencionar a Sánchez por su nombre — una técnica de comunicación política que los analistas denominan 'negación por omisión' — y se limitó a contraponer 'la España que funciona, la de los ayuntamientos y las comunidades del PP' con 'la España que no funciona, la del Gobierno central'. El aplauso más largo de la mañana, de 47 segundos según la cronología de los medios acreditados, se produjo cuando Feijóo pronunció: 'Andalucía será la confirmación de que España quiere un cambio. Y cuando Andalucía habla, España escucha'.
Las encuestas configuran un escenario que no tiene precedente en la historia de la autonomía andaluza. El promedio de las seis encuestas publicadas entre el 3 y el 18 de abril — CIS/40dB, CENTRA, Sigma Dos, SocioMétrica, GAD3 y NC Report — sitúa al PP en una media de 54,3 escaños con el 41,2% de los votos, al PSOE en 27,8 escaños con el 20,4%, y a Vox en 18,5 escaños con el 14,8%. La brecha de 26,5 escaños entre PP y PSOE supera con creces el máximo histórico anterior, que fue de 15 escaños en las elecciones de 2022. Tres de las seis encuestas otorgan a Moreno la mayoría absoluta de 55 escaños, y las tres restantes lo sitúan a uno o dos escaños de alcanzarla. El PSOE, por su parte, afronta lo que los demóscopos consultados califican de 'suelo electoral estructural': por debajo de los 27 escaños, el partido perdería representación en provincias como Jaén y Almería donde tradicionalmente ha sido hegemónico, un hito que marcaría el fin de una era política que comenzó en 1982 con la primera mayoría absoluta de Rafael Escuredo.
La candidatura de María Jesús Montero, que Ferraz diseñó como un torpedo contra la línea de flotación de Moreno, se ha revelado como un arma de doble filo cuyo efecto boomerang las encuestas cuantifican con precisión. La vicepresidenta primera aporta al PSOE andaluz el activo de su perfil institucional y su conocimiento de las cuentas públicas, pero arrastra dos pasivos que las encuestas identifican como factores de desmovilización: la contaminación del caso Gómez-SEPI, que el 62% de los encuestados por SocioMétrica asocia directamente con Montero aunque ella no está investigada; y la percepción de que su candidatura es una imposición de Madrid que no responde a las necesidades de Andalucía, una lectura que comparten el 54% de los votantes andaluces según el CENTRA, incluido un 28% de los propios votantes socialistas. La dirección del PSOE andaluz, que aceptó la candidatura de Montero con disciplina pero sin entusiasmo, reconoce en privado que la estrategia de Ferraz ha fallado: 'Necesitábamos a alguien que ilusionara a la base socialista andaluza, y lo que hemos conseguido es a alguien que preocupa a la base socialista andaluza. No es lo mismo'.
El factor Vox introduce una variable que podría alterar los equilibrios finales de forma significativa. Las encuestas sitúan al partido de Abascal entre 18 y 20 escaños, una subida de 4 a 6 escaños respecto a los 14 obtenidos en 2022, impulsada por tres factores que los analistas identifican con claridad: el rechazo a la regularización extraordinaria de inmigrantes, que Vox ha convertido en su principal bandera de campaña; la crisis energética derivada de la restricción en Ormuz, que el partido atribuye a 'la debilidad de Europa frente a los dictadores'; y el efecto arrastre de los jóvenes varones de 18 a 34 años, un segmento demográfico donde Vox supera el 22% de intención de voto según la encuesta de SocioMétrica. Si Moreno no logra la mayoría absoluta, la configuración de un gobierno PP-Vox en Andalucía se convierte en la opción aritmética más probable, un escenario que los estrategas de Génova preferirían evitar pero que los de Bambú aceptan con pragmatismo: 'No necesitamos ser socios de gobierno. Nos basta con ser la llave', admite un dirigente de Vox que exige anonimato.
La dimensión económica de las elecciones andaluzas trasciende los sondeos y se proyecta sobre el mercado laboral y el sector turístico de la comunidad. Andalucía registra una tasa de desempleo del 17,4% — la segunda más alta de España tras Extremadura — pero ha creado 126.000 empleos netos en los últimos 12 meses, la mejor cifra de su historia, según los datos de la EPA del primer trimestre publicados por el INE. El turismo, que genera el 13,2% del PIB regional, podría verse afectado por los topes de frecuencias aéreas que Bruselas presentará el miércoles si la crisis del queroseno se prolonga: las proyecciones de la Consejería de Turismo estiman una pérdida de hasta 1,8 millones de turistas en la temporada de verano si los vuelos intraeuropeos se reducen un 30%, un dato que el PP utiliza para argumentar la necesidad de 'un gobierno fuerte que defienda los intereses de Andalucía en Bruselas' y que el PSOE emplea para criticar 'la inacción de Moreno ante una crisis que lleva semanas incubándose'. La economía, en última instancia, votará el 17 de mayo tanto como los ciudadanos: si el empleo sigue creciendo, Moreno llegará a las urnas con el viento a favor; si la crisis del queroseno se traduce en cancelaciones turísticas y despidos temporales, la ventaja popular podría reducirse.
Este superdomingo de precampaña ha dejado una certeza y una incógnita. La certeza es que las elecciones andaluzas del 17 de mayo se han nacionalizado de forma irreversible: Sánchez y Feijóo han convertido Huelva y Córdoba en el primer campo de batalla de una guerra que se librará también en las generales de 2027. La incógnita es si la nacionalización beneficia a Moreno — que puede presentarse como la alternativa al Gobierno de Sánchez — o a Montero — que puede apelar al voto útil de la izquierda frente al riesgo de una mayoría absoluta del PP —. Los estrategas de ambos partidos apuestan por la primera hipótesis, lo que explica la decisión de Génova de maximizar la presencia de Feijóo en Andalucía y la de Ferraz de enviar a Sánchez como cabeza de cartel. Los 28 días que restan de campaña decidirán si la brecha de 26 escaños que reflejan las encuestas se traduce en una victoria aplastante de Moreno o si, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, la movilización de última hora del electorado socialista produce una corrección que deja al PP por debajo de la absoluta. La historia electoral andaluza enseña que las encuestas han sobreestimado al PP en las tres últimas elecciones. Pero también enseña que nunca han errado por más de 4 escaños. Y 4 escaños, a las alturas del promedio actual, no cambian el resultado: solo cambian el grado de la victoria.
