El estudio analizó la biomasa de peces en 552 zonas de arrecifes poco profundos ubicadas en mares templados y tropicales, y comparó esos registros con escenarios modelizados de lo que ocurriría en ausencia de cualquier protección. La metodología definió como eficaz una AMP cuando la biomasa de peces observada duplicaba, como mínimo, la que se esperaría sin restricciones pesqueras. Extrapolados a la red mundial, los resultados arrojan que, según los autores, «en el mejor de los casos» solo una cuarta parte estaría cumpliendo ese estándar.
La investigación atribuye la brecha principalmente al nivel de cumplimiento de las restricciones pesqueras dentro de cada zona, más que a la simple existencia de la designación legal de protección. Los autores advierten contra lo que denominan una «suposición infundada»: la de que la sola designación de un área y sus características de gestión «se traducen directamente en resultados tangibles en materia de biodiversidad», algo que a su juicio «parece haber dado lugar a una sobreestimación generalizada de los logros en materia de conservación».
El dato adquiere una dimensión mayor si los ecosistemas de arrecifes poco profundos resultan representativos de otros hábitats marinos, como plantea el estudio. De confirmarse esa hipótesis, menos del 2% de los océanos gozaría de una protección significativa de la biodiversidad, frente al 9.8% que actualmente se reporta como protegido. El propio trabajo enmarca el hallazgo en el «ambicioso objetivo» del Convenio de conservar de manera efectiva el 30% de los océanos para 2030, meta que —sostiene— «corre el riesgo de verse socavado por un enfoque centrado principalmente en la superficie total protegida, en lugar de en los resultados de conservación realmente obtenidos».
La distinción de fondo que plantea la investigación —entre la superficie nominal declarada como protegida y los resultados ecológicos verificables sobre el terreno— interesa de manera particular a un país con costas en dos océanos. Panamá administra litorales tanto en el Pacífico como en el Caribe, lo que multiplica el desafío operativo de vigilar el cumplimiento de las restricciones pesqueras en las zonas declaradas.
Panamá ha sido un actor visible en foros multilaterales sobre conservación marina. El país ha ampliado en años recientes la superficie de sus áreas marinas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Coiba, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y la Reserva Marina Cordillera de Coiba, cuya ampliación se instrumentó por decreto del Órgano Ejecutivo con el objetivo declarado de aproximarse a la meta del 30% de protección oceánica para 2030 fijada en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Cumplimiento, el eslabón débil
La vigilancia y el cumplimiento de restricciones pesqueras dentro de reservas marinas ha sido históricamente uno de los mayores retos operativos en el istmo centroamericano, por la extensión de las costas, la limitación de recursos para el patrullaje marítimo y la presión de la pesca artesanal e industrial. El estudio recomienda precisamente que los organismos gestores refuercen la gobernanza y el cumplimiento normativo dentro de las zonas ya designadas, en lugar de concentrar los esfuerzos únicamente en ampliar la superficie total bajo alguna figura de protección.
En el caso panameño, la gestión de las áreas marinas protegidas recae principalmente en el Ministerio de Ambiente, con la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) como instancia competente en materia pesquera. Ninguna de las dos entidades se ha pronunciado hasta el momento sobre las conclusiones de este estudio específico, por lo que no consta una posición oficial sobre si la metodología aplicada por los investigadores sería extrapolable a la situación de las reservas marinas nacionales.
La brecha entre la protección legal y los resultados reales no es un fenómeno nuevo en la región. Diversas zonas marinas declaradas en países del istmo durante las últimas dos décadas han sido objeto de escrutinio por parte de organizaciones conservacionistas internacionales, que han señalado la insuficiencia de recursos destinados a la fiscalización posterior a la declaratoria como principal factor de debilitamiento de su efectividad.
La relevancia de estos hallazgos para Panamá se acentúa por su posición geográfica, atravesada por una de las rutas comerciales marítimas más transitadas del mundo y administradora del Canal de Panamá a través de la ACP. Esa condición implica una presión constante sobre los ecosistemas marinos costeros derivada del tráfico naviero, la pesca comercial y el desarrollo portuario.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica establece que los Estados parte reporten periódicamente sus avances hacia las metas acordadas, entre ellas la de proteger de forma efectiva el 30% de los océanos para 2030. El estudio pone el acento en que esos reportes se han medido tradicionalmente en superficie declarada y no en resultados de conservación verificables, una diferencia que el propio trabajo considera determinante para evaluar el cumplimiento real de la meta.
De cara a los próximos años, en la medida en que Panamá deba reportar avances ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el debate planteado por esta investigación —medir resultados de conservación y no solo hectáreas declaradas— podría convertirse en un punto de referencia para evaluar la gestión de las reservas marinas nacionales en los informes que el país presente ante ese organismo internacional. El estudio concluye que el éxito a largo plazo de las AMP requerirá más investigación, «una gobernanza bien fundamentada» y políticas centradas en los mecanismos que subyacen al cumplimiento de las restricciones obligatorias.