Las acusaciones que motivaron la respuesta involucran a tres nombres ligados al círculo cercano de Taddei dentro del INE. Jonathan Navarrete Torre, señalado como su chofer, y Jesús Octavio García González, exdirector de Administración del instituto, habrían mantenido vínculos con las empresas Zeg y Cajas Graf, esta última ganadora de licitaciones dentro del organismo electoral. También se mencionó a Luis Alberto Bustamante, identificado como otro presunto chofer de la consejera presidenta que, sin embargo, estaba adscrito formalmente como "líder de proyecto" con un sueldo de 70,000 pesos.
Taddei sostuvo que estos colaboradores ya no laboran en el instituto, pero evitó precisiones que hubieran permitido dimensionar el caso: no confirmó los puestos que ocuparon, no aclaró nombres ni si existió un posible conflicto de interés entre sus funciones y los contratos adjudicados.
"Reglas, expedientes, competencia"
Al presentar el portal de consulta directa, la consejera presidenta buscó fijar una postura institucional frente a los señalamientos. Rechazó que el INE tenga proveedores privilegiados y situó la respuesta en el terreno normativo antes que en el de las acusaciones concretas.
"¿Por qué? Pues porque en la contratación pública lo que debe de existir son reglas, expedientes, competencia —cuando así corresponda— y decisiones que puedan revisarse", afirmó Guadalupe Taddei, presidenta del INE.
La apertura del portal responde a la presión mediática con una herramienta de acceso público, mientras el instituto mantiene en reserva los detalles administrativos que originaron la controversia. La petición de auditoría a la ASF traslada a un órgano externo la revisión de las licitaciones cuestionadas: el órgano de fiscalización del Congreso de la Unión revisa el uso de recursos públicos federales a través de la Cuenta Pública, con facultades para fincar responsabilidades resarcitorias y presentar denuncias.
Presión desde el Senado
La controversia escaló hacia la Cámara de Senadores, donde el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, exigió que Taddei esclarezca las irregularidades que se le atribuyen y advirtió sobre la posibilidad de consecuencias legales.
"Que se investigue lo que se tenga que investigar. Si hay que sancionar, hay que sancionar, y que la titular del INE, por supuesto, debe responder de manera rápida, pronta, a estos señalamientos", declaró Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Senado.
Cuestionado sobre si Taddei debería renunciar al cargo, el senador evitó pronunciarse de manera tajante y centró la exigencia en la transparencia inmediata antes que en la salida de la funcionaria. Argumentó dos razones para esa urgencia: el manejo de recursos públicos bajo reglas claras y el arranque de un proceso electoral que, dijo, no puede verse empañado por estos señalamientos.
"Por lo pronto, debe aclararse rápidamente, por dos razones: Una, porque las cosas siempre deben ser claras. Ahí se maneja dinero público y hay que tratarlo y trabajarlo con transparencia, de acuerdo a las reglas. Y, segundo, porque estamos iniciando un proceso electoral y no podemos permitir que se vea dañada la imagen del organismo que va a llevar a cabo el proceso electoral en todo el país por estos señalamientos", expresó Martínez Miranda.
El episodio se inscribe en un periodo de escrutinio sobre las prácticas de contratación en instituciones públicas. En paralelo, la Secretaría Anticorrupción detectó la venta de 12.9 millones de datos de call centers en Telegram, un caso distinto pero que refleja la misma preocupación por la trazabilidad de los contratos y el manejo de información sensible dentro del aparato estatal.
El cuestionamiento a la administración interna del árbitro electoral no es nuevo: durante los comicios de 2018 y 2021, los consejos del entonces y actual INE fueron blanco de señalamientos sobre gasto y adjudicaciones por parte de las bancadas, y el propio instituto arrastra desde la reforma electoral de 2014 una vigilancia reforzada sobre su manejo presupuestal. El caso llega en un momento sensible: el organismo se prepara para el proceso comicial que, según el propio Martínez Miranda, ya inició, y cualquier sombra sobre su administración alimenta el cuestionamiento sobre su imparcialidad.
Por ahora, el portal de transparencia y la eventual auditoría de la ASF quedan como las únicas medidas concretas anunciadas por Taddei, mientras el Senado mantiene abierta la exigencia de una respuesta más detallada sobre los exfuncionarios señalados.
