Concedamos la segunda premisa. El desempleo general bajó a 8.5% en agosto, pero entre los jóvenes de 20 a 24 años ronda el 22.6%, y la Contraloría General ha advertido que muchos egresados universitarios no consiguen su primer empleo. Entre ellos hay ingenieros y arquitectos idóneos, formados en universidades panameñas, sin trabajo. Que la reconstrucción de Azuero, Coclé y Veraguas la hagan manos panameñas no es, por tanto, una consigna: es una descripción de un recurso disponible que ahora mismo está ocioso. Démoslo por bueno también.
Vamos con la tercera, que es la delicada. El modelo tradicional agruparía cerca de 1,300 viviendas en dos o tres contratos de gran tamaño. El autor señala lo que eso implica: concentración del trabajo, subcontratos en cascada, atrasos y un solo responsable difícil de sustituir. Frente a eso propone paquetes de cinco a diez viviendas, cada profesional respondiendo en su región, con su nombre y su idoneidad en juego. Si un paquete se atrasa, se reasigna sin detener el resto. El riesgo, en vez de concentrarse en uno, se reparte entre muchos. Acepten ustedes también esta premisa, porque es la más sólida de todas.
Aceptemos la cuarta, que es la que casi nadie se atreve a conceder en voz alta: que la celeridad no exige renunciar al control. El escrito pide registro público de cada profesional y cada paquete, garantías proporcionales al valor de las obras, inspecciones por etapas con verificación sismorresistente, pagos contra avance comprobado, publicación abierta de cada obra y cada desembolso, y la Contraloría General acompañando en tiempo real. Quien incumpla, inhabilitado y respondiendo ante la ley. Es decir: más ojos, no menos. Más firmas, no menos. Más refrendo, no menos. Concedido.
Y aceptemos la quinta, la objeción que el propio autor se adelanta a ponerse: que un profesional sin historial en grandes obras puede fallar. Cierto. Pero una falla en cinco viviendas se corrige; una falla en un contrato de gran escala deriva en una crisis mayor. El sistema actual, añade, tampoco garantiza calidad por sí mismo: la garantiza el control, más fácil de diseñar cuando el trabajo está distribuido y a la vista. Hemos concedido cinco premisas seguidas sin una sola objeción. Observen ustedes lo que resulta de sumarlas, porque aquí es donde el argumento empieza a caminar solo.
Escribió Ricardo Miró, en Patria, que la patria es el recuerdo de pedazos de vida envueltos en amor. El autor de esta propuesta parece tomarlo al pie de la letra: pedazos de obra, pedazos de responsabilidad, pedazos de vida repartidos por las provincias para que nadie cargue solo con todo ni, sobre todo, cobre solo por todo. Y es precisamente ese reparto lo que delata la verdadera naturaleza del asunto. Porque si cada premisa es cierta —y lo es—, entonces la conclusión no es una propuesta técnica. Es un diagnóstico.
Sigamos el razonamiento hasta donde él mismo llega. Si distribuir la obra en paquetes pequeños la vuelve más vigilable, más corregible y más barata para la economía local, y si concentrarla en dos o tres contratos la vuelve más opaca, más frágil y más difícil de fiscalizar, entonces el modelo tradicional no es el eficiente: es el cómodo. Cómodo ¿para quién? No para el damnificado de Veraguas que duerme bajo una lona. No para el ingeniero idóneo que lleva un año sin su primer empleo. No para la ferretería ni la cuadrilla de albañiles de Azuero. Cómodo para el que firma el contrato grande y para el que lo recibe. La rutina del trámite eterno, que el autor pide atreverse a romper, no es un defecto del sistema: es su función. Nadie tarda catorce meses por torpeza cuando la tardanza beneficia a alguien.
Y aquí revienta solo. Si todo lo anterior es verdad —y hemos concedido que lo es—, la única explicación de que se prefiera el modelo concentrado es que a alguien le conviene que la reconstrucción sea un club de pocos contratistas y no una plaza abierta de mil profesionales con nombre y apellido. El autor cita como prueba de capacidad el centro de acopio que se llenó de ayuda en la capital tras el sismo: el país, cuando se lo permiten, se moviliza en horas. El problema nunca fue la gente. El problema es quién decide quién entra. Un sorteo transparente por región tiene un defecto fatal para el club: no se puede llamar por teléfono. No hay a quién pedirle el favor, porque el favor lo reparte el azar vigilado y no el martes de siempre.
De manera que la propuesta, leída hasta el final, deja de ser una idea sobre vivienda y pasa a ser una pregunta sobre poder. El decreto de emergencia está firmado y los recursos habilitados; la celeridad ya no es excusa. La pregunta, entonces, no es si el sorteo funcionaría: el propio razonamiento, premisa a premisa, demuestra que sí. La pregunta es quién, teniendo sobre la mesa un modelo más vigilable, más barato para Coclé y más justo con los egresados que la Contraloría dice que no encuentran trabajo, firmará en cambio los dos o tres contratos grandes de siempre, y con qué cara explicará después, cuando se le pregunte por qué no sorteó, que prefería un solo responsable difícil de sustituir?
