La decisión, calificada por ambas partes como adoptada «de común acuerdo», pospone una cita que iba a servir para desbloquear las negociaciones sobre transferencias. Según las fuentes del Departamento vasco, los dos gobiernos se han emplazado a seguir trabajando para que la próxima convocatoria del órgano bilateral cuente con «una agenda con contenido político que se materialice en nuevos acuerdos», evitando una reunión de carácter protocolario.
Ubarretxena fue explícita sobre el motivo del retraso. «Hay una condición: tiene que haber contenido político suficiente para que los acuerdos sean concretos y de calado», precisó la consejera, que ya había anticipado el pasado martes que las posiciones entre Madrid y Vitoria seguían «muy alejadas» en dos materias concretas de la agenda pendiente del autogobierno: la gestión de la Seguridad Social y la titularidad de los puertos de interés general.
Dos materias enquistadas desde 1979
La transferencia del régimen económico de la Seguridad Social es una de las competencias recogidas en el Estatuto de Guernica, aprobado en referéndum el 25 de octubre de 1979, que sucesivos gobiernos vascos han reclamado sin lograr su culminación íntegra en más de cuatro décadas de autonomía. La cuestión de los puertos de interés general afecta a infraestructuras como el de Bilbao, gestionado en la actualidad por Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, cuyo eventual traspaso implicaría una reordenación de la gestión portuaria y de la política de tarifas.
La Comisión Bilateral de Cooperación es el órgano previsto para canalizar las relaciones entre ambas administraciones y resolver las discrepancias sobre el desarrollo del Estatuto. Su funcionamiento ha sido históricamente irregular, con largos periodos de inactividad en función de la coyuntura política de cada legislatura, un patrón que se ha repetido en anteriores etapas coincidiendo con momentos de inestabilidad parlamentaria en Madrid o con la proximidad de citas electorales.
El lehendakari Pradales reclamó semanas atrás al presidente del Gobierno «determinación» para cumplir los compromisos asumidos en anteriores encuentros bilaterales. El Ejecutivo vasco reafirmó, pese al aplazamiento, su «voluntad y compromiso» de mantener una «actitud propositiva y de diálogo». «Seguimos en nuestro principio y en nuestro objetivo, que es la culminación del Estatuto de Guernica», señalaron fuentes del Departamento de Gobernanza.
Ubarretxena detalló el enfoque que seguirá Euskadi. «Vamos a seguir negociando en base a nuestras máximas, que es ser firmes en nuestros principios, pero también pragmáticos en nuestras acciones», sostuvo, antes de subrayar que el Gobierno vasco optará por la discreción mientras dure el proceso. «Euskadi quiere que las negociaciones lleguen a buen puerto y por eso vamos a ser discretos. Tenemos muy claro a dónde queremos llegar y no a cualquier precio», advirtió la consejera.
El aplazamiento se produce en un contexto en el que el Gobierno de Sánchez mantiene una mayoría ajustada en el Congreso de los Diputados, donde el respaldo o la abstención del PNV han resultado determinantes en votaciones clave de la legislatura. Ni el Ejecutivo central ni el vasco han vinculado de forma explícita ese factor parlamentario con el ritmo de las transferencias en sus comunicaciones oficiales.
El Ministerio de Política Territorial, competente en la coordinación de las relaciones con las comunidades autónomas, no ha ofrecido por el momento una valoración pública propia sobre los motivos concretos del aplazamiento más allá de la referencia al acuerdo mutuo para posponer la cita. Tampoco ha trascendido una fecha concreta para la nueva convocatoria, que las fuentes consultadas situaron en algún momento posterior al verano, sin mayor precisión.
De cara a los próximos meses, ambas administraciones prevén retomar los contactos técnicos durante el otoño de 2026, con el objetivo declarado de que la próxima Comisión Bilateral arroje resultados en materia de Seguridad Social y puertos, las dos áreas señaladas como principal obstáculo. Hasta entonces, los dos gobiernos han optado por mantener el diálogo en un plano discreto, más de cuatro décadas después de la aprobación de un Estatuto cuyo desarrollo sigue sin cerrarse por completo.
