El suceso, ocurrido en una de las terminales con mayor tráfico de pasajeros del país durante el pico de la temporada estival, se habría desencadenado por un trámite rutinario: la verificación de la documentación necesaria para aplicar el descuento de residente, una bonificación que reduce el precio de los billetes aéreos y marítimos para quienes acreditan su condición de residentes en las Islas Baleares y que exige presentar la documentación acreditativa vigente junto con el DNI.
Según el relato trasladado por UGT, la empleada se limitó a informar a la pasajera de que la documentación aportada no era válida para justificar la bonificación, una circunstancia que, de confirmarse en los términos denunciados, no dependería de la voluntad del personal de tierra sino de la normativa estatal que regula estas ayudas al transporte, concebida para paliar el sobrecoste de la insularidad.
La reacción de la usuaria, de acuerdo con la denuncia sindical, se tornó violenta de forma súbita: varios impactos con el teléfono móvil en la cabeza, la oreja y el hombro de la trabajadora, que tuvo que recibir atención médica y permanece de baja. El caso ha sido puesto en conocimiento de la empresa empleadora y hecho público por el sindicato como parte de su denuncia sobre el clima de tensión en los aeropuertos del archipiélago.
Este episodio no sería un hecho aislado, según la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Baleares, que sitúa en diez el número de agresiones registradas contra personal aeroportuario en las islas durante el último año. La cifra, de confirmarse en su totalidad, dibuja una media cercana a una agresión mensual en un sector que en temporada alta gestiona a diario decenas de miles de pasajeros, con Son Sant Joan como uno de los aeropuertos de mayor tráfico de la red de Aena, especialmente en los meses de verano.
El sindicato ha calificado de «intolerable» este repunte y ha señalado un cambio en el perfil de los conflictos: ya no serían necesarias disputas por el pago de exceso de equipaje o incidencias graves durante el embarque para que se produzcan agresiones. Según su diagnóstico, cualquier norma habitual o pequeña incidencia que genere frustración en el pasajero puede desembocar en insultos, amenazas o violencia física directa contra quienes atienden al público.
La organización reclama la implantación inmediata de protocolos de protección reales y medidas preventivas, y advierte de que trabajar de cara al público en estas instalaciones «se está convirtiendo en una actividad de riesgo». UGT ha instado a Aena, a las compañías operadoras y a las administraciones competentes a dejar de tratar estos episodios como sucesos aislados y a diseñar una respuesta coordinada. El sindicato subraya, además, que el personal en tierra no tiene capacidad de decisión sobre las tarifas aplicadas, las condiciones de los billetes ni la legislación que regula el descuento de residente, por lo que las agresiones motivadas por la disconformidad con estas cuestiones recaerían sobre trabajadores ajenos a su origen.
Qué dice el Código Penal y qué precedentes existen
Las agresiones a trabajadores en el ejercicio de funciones de utilidad pública o interés general pueden ser constitutivas de un delito de atentado o de lesiones, según los artículos 550 y siguientes del Código Penal, cuando el personal agredido desempeña labores asimilables a la autoridad o al orden público en instalaciones estratégicas. La calificación jurídica exacta depende de las circunstancias de cada caso y de la instrucción judicial correspondiente. En periodos de máxima afluencia, los aeropuertos españoles han registrado en años recientes episodios de tensión vinculados a cancelaciones de vuelos, huelgas o colapsos en los controles de seguridad, un fenómeno sobre el que los sindicatos del sector aéreo vienen advirtiendo desde hace tiempo.
El descuento de residente, regulado mediante real decreto y gestionado en el ámbito del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, cubre un porcentaje del precio de los trayectos aéreos y marítimos entre las islas y la Península, y exige acreditar de forma actualizada la condición de residente para evitar fraudes. Ese requisito ha generado fricciones recurrentes en los mostradores de facturación de las Islas Baleares y de Canarias, el otro territorio beneficiario de la bonificación, cuando el pasajero no dispone de la documentación en regla.
Aena, gestor de la red de aeropuertos públicos españoles, no se ha pronunciado públicamente sobre este episodio concreto ni sobre la cifra de diez agresiones aportada por UGT Baleares. Tampoco consta una respuesta pública de la compañía aérea empleadora de la trabajadora afectada. No ha podido contrastarse de forma independiente el número total de incidentes ni el estado del procedimiento, si lo hubiera, abierto a raíz de la agresión del 28 de agosto.
De cara a los próximos meses, UGT Baleares ha anunciado que trasladará sus reivindicaciones al ámbito del diálogo social del sector y solicitará una reunión con Aena y con las principales aerolíneas que operan en Son Sant Joan para exigir la puesta en marcha de protocolos específicos de actuación ante agresiones, incluida una presencia reforzada de personal de seguridad en los mostradores de facturación durante los picos de tráfico estival.
