El trabajo se suma a una línea de producción académica de la Universidad de Panamá orientada a examinar problemáticas sociales del país, un esfuerzo que la institución ha mantenido a través de sus facultades de Psicología, Sociología y Medicina, entre otras, y que en años recientes ha abordado temas como la violencia doméstica, la migración interna y la informalidad laboral.
Según la casa de estudios, el diagnóstico describe un perfil de la persona en situación de calle marcado por la coexistencia de varios factores de riesgo: trastornos de salud mental no diagnosticados ni tratados, dependencia de alcohol u otras sustancias, y una historia de deserción escolar temprana que limita las posibilidades de reinserción laboral y social. La ausencia de una atención integrada entre los servicios de salud mental y los programas sociales figura como uno de los nudos centrales del problema.
Una capacidad de atención concentrada en pocos centros
En Panamá, la atención psiquiátrica pública se concentra principalmente en el Instituto de Salud Mental (antiguo hospital psiquiátrico Matías Hernández) y en unidades de los hospitales Santo Tomás y Nicolás Solano, una capacidad instalada que organizaciones vinculadas al sector salud han señalado como insuficiente frente a la demanda del área metropolitana. El estudio, según la Universidad de Panamá, apunta a esa desconexión entre servicios como un obstáculo de fondo.
La exclusión educativa constituye el tercer eje del diagnóstico. El abandono escolar en la educación media ha sido objeto de atención por parte del Ministerio de Educación, con programas de becas y de reinserción escolar, aunque persisten brechas asociadas a la pobreza, la ruralidad y la comarcalidad indígena, según información del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). El diagnóstico universitario vincula esa deserción temprana con las trayectorias que conducen a la vida en calle.
No existe en Panamá un censo actualizado y de acceso público que determine con precisión el número de personas en situación de calle a nivel nacional, una carencia que dificulta el diseño de políticas focalizadas y que organizaciones sociales han reclamado en distintos momentos ante el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Esa falta de datos es, para los especialistas, la primera barrera de cualquier política dirigida a esta población.
El Mides es la entidad rectora en materia de asistencia a poblaciones vulnerables y ha desarrollado en el pasado programas de albergues temporales y de atención en la vía pública, particularmente en el distrito de Panamá. Su cobertura y continuidad, sin embargo, han sido cuestionadas por diputados de distintas bancadas durante vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional, donde se fiscaliza la asignación de recursos a los programas sociales.
El abordaje de la situación de calle no es nuevo en la agenda pública panameña. Desde la década de 1990, sucesivas administraciones han impulsado iniciativas puntuales —comedores comunitarios, albergues nocturnos, brigadas de salud itinerantes— sin que se haya consolidado una política de Estado con financiamiento estable dentro del Presupuesto General del Estado, un patrón que especialistas en política social han atribuido a la falta de continuidad entre gobiernos.
La Universidad de Panamá, como principal centro de educación superior pública del país, ha buscado posicionar su producción científica como insumo para la formulación de políticas, en coordinación ocasional con entidades del Órgano Ejecutivo, aunque la implementación efectiva de sus recomendaciones ha dependido en cada caso de la voluntad de las autoridades de turno. El estudio, hasta donde ha trascendido, no precisa recomendaciones específicas ni un cronograma de acciones, por lo que su alcance práctico dependerá de la recepción que le den las carteras de Salud, Educación y Desarrollo Social.
Organizaciones de la sociedad civil que trabajan con población en situación de calle en la ciudad de Panamá han insistido reiteradamente en la necesidad de una respuesta interinstitucional que combine atención psiquiátrica, tratamiento de adicciones y oportunidades de reinserción educativa y laboral, en línea con el diagnóstico que respalda la investigación universitaria. Ni el Mides ni el Ministerio de Salud han fijado hasta ahora una posición pública sobre el estudio.
De cara a los próximos meses, el debate sobre la situación de calle podría reaparecer en el marco de la discusión del Presupuesto General del Estado para el siguiente ejercicio fiscal, instancia en la que las bancadas de la Asamblea Nacional suelen fiscalizar la asignación de recursos a programas sociales del Mides y del Ministerio de Salud. El estudio de la Universidad de Panamá, según su propia presentación, aspira a convertirse en referencia para esa discusión.