Según el reportaje, firmado por Thomas Germain, la ciudad de Nueva York opera un sistema conocido como Domain Awareness System, que conecta más de 80,000 cámaras con drones y bases de datos capaces de rastrear vehículos entre estados. Michelle Dahl, directora ejecutiva de la organización que acompañó al periodista en su recorrido por Brooklyn, señaló que cualquier agente policial puede consultar, desde su teléfono, el perfil de movimientos de una persona con solo caminar por la calle. "Es algo invisible si no lo buscas", afirmó Dahl mientras señalaba una farola donde dos cámaras diminutas, con la etiqueta del Departamento de Policía de Nueva York, permanecían ocultas bajo cúpulas de plástico negro.
Durante el trayecto hacia Manhattan, el periodista contó dieciséis cámaras diferentes tras dar apenas unos pasos. "Cuanto más te fijas, más ves", comentó Dahl, quien atribuyó buena parte de esos dispositivos a empresas, edificios e inquilinos, aunque advirtió que la policía puede acceder a ellos con relativa facilidad: "A menudo, si hay una investigación en curso, simplemente le preguntan al propietario y les entrega las grabaciones". Algunos fabricantes, como Ring, propiedad de Amazon, disponen incluso de sistemas automatizados para que la policía solicite y reciba imágenes directamente de los usuarios.
El caso pone sobre la mesa una controversia que en Estados Unidos ha escalado en los últimos meses en torno a la empresa de vigilancia Flock Safety, cuyos sistemas —según el reportaje— habrían sido utilizados por policías para rastrear a parejas, exparejas e incluso a una mujer que se había sometido a un aborto. Flock y otros actores del sector sostienen que existe un equilibrio necesario entre privacidad y seguridad pública, un argumento que reaparece en cada país donde se instalan redes de cámaras inteligentes.
En Panamá, la instalación de cámaras de videovigilancia en espacios públicos ha crecido de forma sostenida en la última década, impulsada tanto por el Ministerio de Seguridad Pública como por asociaciones de residentes y comercios en corregimientos de alta densidad como Bella Vista, San Francisco y Betania, en la ciudad capital. A diferencia de Nueva York, el país no cuenta con una plataforma centralizada de reconocimiento facial de alcance comprobado, pero sí con múltiples redes municipales y privadas cuya interoperabilidad con las autoridades no está regulada de forma específica.
El marco legal panameño sobre protección de datos personales, contenido en la Ley 81 de 2019, establece principios de finalidad, proporcionalidad y consentimiento para el tratamiento de información personal, pero no aborda de manera explícita el uso de sistemas de videovigilancia con inteligencia artificial ni el intercambio de esas imágenes entre entidades privadas y el Órgano Ejecutivo. La laguna deja sin resolver preguntas centrales sobre quién puede acceder a las grabaciones y bajo qué controles judiciales.
El precedente más cercano en el país se remonta a la instalación, a partir de 2010, del sistema de cámaras del entonces llamado Programa de Seguridad Integral, que dotó a la Policía Nacional de un centro de monitoreo con cientos de cámaras en la ciudad de Panamá y otras provincias. Aquella iniciativa, financiada con fondos públicos y cooperación internacional, generó en su momento cuestionamientos sobre transparencia en la contratación y sobre el destino final de las imágenes captadas.
La comparación con Estados Unidos resulta pertinente porque buena parte de la tecnología de videovigilancia utilizada en Panamá y en la región proviene de fabricantes estadounidenses o chinos, cuyos contratos con gobiernos locales rara vez se someten a escrutinio público detallado. En el caso panameño, cualquier compra de este tipo de equipos por parte de una entidad estatal requeriría el refrendo del contralor general de la República, conforme a la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas, un mecanismo de fiscalización que, sin embargo, no exige de forma expresa una evaluación de impacto sobre privacidad.
La proliferación de cámaras privadas conectadas a plataformas en la nube, como las que instalan empresas de seguridad residencial, ha creado una capa adicional de vigilancia que escapa al control estatal directo, pero que en la práctica puede terminar en manos de investigadores policiales mediante solicitudes informales a los propietarios de los dispositivos. Este patrón, documentado en Nueva York, se replica en ciudades panameñas donde comercios y edificios residenciales instalan cámaras conectadas a aplicaciones móviles en el celular.
En la Asamblea Nacional no consta, hasta la fecha, un proyecto de ley que aborde de manera integral el uso de inteligencia artificial en sistemas de vigilancia pública, un vacío que contrasta con el debate más avanzado que existe en la Unión Europea y en algunos estados de Estados Unidos. Países vecinos como Colombia, Ecuador y República Dominicana han avanzado en los últimos años en proyectos de videovigilancia con financiamiento chino o estadounidense, generalmente bajo el argumento de reducir los índices de criminalidad urbana.
De cara a los próximos meses, el debate técnico y legislativo sobre videovigilancia inteligente probablemente cobrará mayor relevancia en Panamá conforme más municipios y corregimientos adopten estas tecnologías con fondos propios o cooperación internacional. La discusión de fondo —hasta qué punto la ciudadanía está dispuesta a ceder privacidad a cambio de una promesa de mayor seguridad— seguirá abierta mientras no exista una ley específica que delimite el alcance, la retención y el acceso a las imágenes captadas en espacios públicos y privados del país.