La secuencia de anuncios y correcciones dejó una pregunta sin respuesta clara: si el 7% al comercio digital no era necesario para cubrir el vacío fiscal dejado por la exoneración del ITBI a vivienda nueva —como sostuvo Chapman en su segunda explicación—, cuál era entonces el propósito original del tributo tal como se planteó al inicio. Una de las dos versiones no puede ser cierta, y la contradicción trasladó la discusión del terreno estrictamente tributario al de la confianza en la conducción de las finanzas públicas.
El episodio se produce en un contexto de baja presión fiscal estructural. Panamá recauda impuestos equivalentes a apenas el 11.3% de su producto interno bruto (PIB), muy por debajo del promedio de 21.7% que exhibe América Latina y el Caribe. Esa brecha explica en parte la insistencia de sucesivas administraciones en buscar nuevas fuentes de ingreso, pero también por qué cualquier intento de ampliar la base tributaria queda de inmediato bajo escrutinio público.
El propio Chapman ha recurrido a la figura del "buen padre de familia" para describir el manejo idóneo de los recursos del Estado, una expresión del derecho civil panameño que alude a la diligencia razonable de quien administra bienes ajenos. Sectores del comercio organizado y de la oposición han señalado que esa misma vara debería aplicarse a la ejecución del gasto, y no solo al discurso sobre nuevos tributos: un buen padre de familia, argumentan, primero eliminaría gastos innecesarios y fijaría prioridades en el presupuesto, la principal herramienta de planificación del Estado.
Las cifras del Presupuesto General del Estado alimentan ese contraste. Para el próximo ejercicio, la Presidencia de la República tiene asignados $176 millones únicamente para gastos de funcionamiento, una partida que coexiste con carencias señaladas en la ciudad de Panamá, donde más de 20 comunidades reportan un suministro de agua potable inferior a cuatro horas diarias. A ello se suma que el presupuesto aprobado suele modificarse después mediante traslados y aumentos de partidas al ritmo de los acuerdos políticos, lo que resta valor al documento como instrumento de planificación.
La Asamblea Nacional también ha sido objeto de cuestionamientos por su manejo presupuestario. El año pasado, el órgano legislativo gastó $132 millones en un periodo de cinco meses con el aval del MEF, una cifra que, de destinarse a infraestructura sanitaria, habría alcanzado para financiar 15 centros de salud según los términos de comparación planteados en el debate público.
El sistema de exoneraciones es otro de los frentes señalados. Industrias, proyectos hoteleros, concesionarios de puertos y minas de cobre han sido beneficiarios históricos de incentivos, exoneraciones y créditos fiscales bajo distintos gobiernos, un esquema al que críticos denominan informalmente el "club de los exonerados" y que se mantiene, con variaciones, con independencia del signo político de la administración de turno. En paralelo, los contribuyentes individuales aportan en conjunto un 53% más de impuesto sobre la renta que el total de las empresas del país, disparidad que sostiene el argumento de que la carga recae de forma desproporcionada sobre asalariados y pequeños negocios.
La distribución de esos recursos también ha sido cuestionada. Familiares del mandatario y del canciller Javier Martínez-Acha han sido designados en puestos del servicio exterior; una televisora recibe publicidad estatal mientras se le atribuye no pagar la cuota obrero-patronal; y se han señalado planillas sin control atribuidas a diputados oficialistas. Estos cuestionamientos conviven con un dato de contexto: un 72.4% de los panameños gana menos de mil balboas mensuales, según se ha divulgado en el debate sobre la equidad del gasto.
La Contraloría General de la República, encargada de fiscalizar el uso de fondos públicos y de otorgar el refrendo a los contratos estatales, no se ha pronunciado sobre el episodio del ITBMS al comercio digital ni sobre las partidas presupuestarias señaladas. El contralor tiene entre sus funciones constitucionales examinar las cuentas de las entidades del Estado y emitir informes de gestión que en años anteriores han documentado irregularidades en distintos rubros del gasto.
El retiro de esta medida no es el primer caso en que el Ejecutivo panameño da marcha atrás tras la reacción ciudadana a un ajuste tributario. Gobiernos anteriores enfrentaron episodios similares de repliegue frente a protestas gremiales o populares por medidas fiscales percibidas como inoportunas, en una dinámica recurrente de anuncio, resistencia social y retroceso gubernamental que se ha repetido a lo largo de las últimas administraciones.
El MEF y el ministro Chapman no han ofrecido una versión conciliadora de sus dos explicaciones sobre el destino del tributo. Diputados de distintas bancadas han anunciado que exigirán comparecencias formales del titular de Economía y Finanzas para aclarar las versiones contradictorias, mientras el Tribunal de Contrataciones Públicas —cuya presidenta ha sido mencionada en señalamientos sobre nombramientos de familiares dentro de la misma jurisdicción— tampoco ha emitido declaraciones al respecto.
De cara a los próximos meses, el MEF deberá exponer ante la Asamblea Nacional, en el marco de las vistas presupuestarias, cómo se cubrirá cualquier eventual diferencia de ingresos vinculada a la exoneración del ITBI a vivienda nueva, en caso de que esta se mantenga vigente. El desenlace del episodio quedará sujeto a esas comparecencias y a la eventual revisión de las partidas cuestionadas, en un país donde la relación entre lo recaudado y la calidad de los servicios públicos sigue siendo el trasfondo de cada debate tributario.