La Ley 456 de 2024 declaró de interés cultural, histórico y turístico la Ruta Colonial Transístmica, un trazado que atraviesa parte del istmo e incluye vestigios de caminos, fortificaciones y asentamientos vinculados al tránsito de mercancías y personas entre los océanos Pacífico y Atlántico desde el siglo XVI. La norma encomendó al Ministerio de Cultura la elaboración de un Plan de Manejo destinado a regular la conservación, el uso turístico y la investigación arqueológica del corredor.
La modificación que se discutiría busca incorporar a MiAmbiente como entidad con participación en la aprobación de ese plan, en atención a que parte de la ruta atraviesa áreas protegidas, cuencas hidrográficas y zonas de amortiguamiento sujetas a la Ley 41 de 1998, marco general del ambiente en Panamá. La coexistencia de un bien patrimonial con ecosistemas de valor ambiental plantea la necesidad de coordinación interinstitucional que hasta ahora ha recaído sobre la cartera de Cultura.
La Ruta Colonial Transístmica agrupa tramos como el Camino Real y el Camino de Cruces, utilizados durante siglos para el traslado de metales preciosos y mercancías entre Panamá La Vieja, en el Pacífico, y Portobelo, en el Caribe. Ese circuito comercial fue, junto con la posterior construcción del Canal de Panamá —inaugurado en 1914—, uno de los antecedentes que consolidaron la vocación de tránsito interoceánico del istmo, hoy gestionada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en su tramo moderno.
La declaratoria de interés cultural de estos caminos no es un hecho aislado en la política patrimonial panameña. Portobelo y San Lorenzo fueron inscritos como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1980, en reconocimiento a su papel en el sistema defensivo español del Caribe; Panamá Viejo y el Casco Antiguo obtuvieron esa misma distinción en 1997 y 2003, respectivamente. La Ruta Colonial Transístmica se suma, con la Ley 456, a ese entramado de protecciones frente a la presión urbanística y la degradación ambiental.
El trámite legislativo pendiente
El proyecto seguiría el procedimiento habitual: presentación ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional, asignación a la comisión correspondiente —previsiblemente la de Educación, Cultura y Deportes— y discusión en primer, segundo y tercer debate antes de pasar a la sanción del Ejecutivo. No se ha precisado la fecha en que el anteproyecto ingresaría formalmente ni el número de expediente que se le asignaría, y hasta el momento no se han conocido pronunciamientos públicos de MiAmbiente ni de la comisión legislativa sobre el contenido específico del texto.
El Ministerio de Cultura, creado en 2019 tras la reforma que elevó de rango la antigua Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, ha enfrentado en los últimos años el reto de articular la conservación de sitios históricos con comunidades rurales asentadas en sus inmediaciones, muchas de ellas dedicadas a la agricultura o el turismo comunitario. La inclusión de MiAmbiente en el Plan de Manejo respondería a la necesidad de armonizar esos usos del suelo con la normativa de áreas protegidas vigente en varios tramos de la ruta.
Tampoco se ha detallado si la reforma alteraría los plazos de ejecución del Plan de Manejo original ni si contemplaría nuevas fuentes de financiamiento para las obras de rehabilitación del corredor. El Presupuesto General del Estado destina anualmente partidas a la restauración de bienes patrimoniales a través del Ministerio de Cultura, sujetas al refrendo de la Contraloría General de la República cuando se trata de contratos de obra o consultoría. Cualquier ajuste en la gestión del plan tendría, previsiblemente, implicaciones presupuestarias que deberían discutirse en las vistas presupuestarias del próximo ejercicio fiscal.
Un rol por definir en la coordinación interinstitucional
La coordinación entre carteras ambientales y culturales para la gestión de rutas históricas no carece de referentes en la región centroamericana, donde corredores patrimoniales han requerido acuerdos interinstitucionales para conciliar la conservación arqueológica con la protección de bosques y fuentes de agua. Ese tipo de arreglos suele traducirse en comités técnicos mixtos, figura que la Asamblea Nacional podría contemplar al momento de definir el papel exacto que tendría MiAmbiente dentro del plan.
De concretarse la presentación del proyecto, corresponderá a la comisión asignada convocar audiencias públicas y solicitar el criterio técnico de ambas entidades antes de avanzar en los debates. El calendario legislativo de la Asamblea Nacional, con sesiones ordinarias entre el 1 de julio y principios de noviembre según el cronograma constitucional, ofrecería una ventana para que la iniciativa avance durante este periodo, aunque su aprobación en tercer debate dependería del consenso entre las bancadas representadas en el pleno.