De confirmarse por las instancias correspondientes, la retención se enmarcaría en los mecanismos de cooperación judicial y policial que mantienen Panamá y Colombia, países que comparten la frontera del Darién y que han coordinado esfuerzos contra el tráfico de drogas por su posición como corredor de paso de sustancias ilícitas hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.
Los tipos penales que se le atribuirían —delitos contra la seguridad colectiva, además de reunión y conspiración— corresponden a figuras que el Código Penal panameño emplea para procesar a integrantes de estructuras criminales organizadas cuando existe indicio de coordinación previa entre varios implicados. El cargo por tráfico de drogas completaría el expediente conocido hasta ahora.
El Ministerio Público es la institución encargada de dirigir las investigaciones penales en Panamá y de tramitar, a través de los canales diplomáticos y judiciales, la extradición o entrega de personas requeridas por la justicia panameña que se encuentren en el exterior. En casos de tráfico internacional de drogas, corresponde a la fiscalía especializada en la materia impulsar este tipo de solicitudes.
El procedimiento habitual ante la retención de un connacional en el extranjero contempla la notificación a las autoridades diplomáticas panameñas, la verificación de una orden de captura vigente y el inicio de los trámites de extradición o entrega. En el ámbito colombo-panameño, esos trámites se rigen por los instrumentos bilaterales de asistencia judicial recíproca y por los convenios multilaterales suscritos en el marco de la Organización de Estados Americanos.
De avanzar la solicitud, correspondería a un juez o tribunal colombiano evaluar el requerimiento panameño conforme al tratado de extradición vigente entre ambos países, garantizando el respeto a las garantías procesales del requerido antes de autorizar su eventual entrega. El derecho a la defensa y al debido proceso está amparado por la Constitución panameña y por los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por ambos Estados, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Hasta el momento no se ha conocido una posición pública del Ministerio Público panameño ni de las autoridades judiciales colombianas sobre el estado procesal exacto de González Pomares ni sobre los plazos previstos para su eventual traslado. Tampoco se ha difundido una versión de la defensa del retenido.
Un corredor de tránsito bajo presión
La cooperación entre Panamá y Colombia en materia de seguridad se intensificó desde la década de 1990, cuando ambos países reforzaron sus marcos de colaboración ante el aumento del tráfico de cocaína proveniente de territorio colombiano hacia rutas centroamericanas y el Caribe. Por su ubicación entre Suramérica y Norteamérica, Panamá ha sido señalado por organismos internacionales como punto de tránsito relevante para esas sustancias.
La coordinación judicial binacional cuenta con antecedentes. Durante la década de 2010 se tramitaron entre ambos países solicitudes de extradición vinculadas a estructuras que utilizaban el territorio panameño como plataforma logística para el movimiento de droga hacia el norte del continente, procesos que pusieron a prueba la articulación entre las fiscalías. El caso de González Pomares se sumaría a esa línea de expedientes.
La Cancillería panameña, a través de sus representaciones consulares, es la instancia llamada a dar seguimiento a la situación de connacionales detenidos o retenidos en el exterior por procesos judiciales, verificando las condiciones de la detención y el respeto a las garantías del debido proceso.
El seguimiento del caso quedará en manos del Ministerio Público panameño, que deberá confirmar formalmente el estado del expediente y los pasos a seguir, mientras las autoridades colombianas determinan el procedimiento aplicable a la persona retenida y se resuelve si la solicitud de extradición prospera.