El adjetivo llegó antes que la investigación. Mientras la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá entregaba su reporte, Rendón ya había fijado la lectura política de la jornada en 280 caracteres, un mismo texto que calificaba de criminales a los responsables y agradecía a la Fuerza Pública. El dato verificable —seis posibles lesionados por explosivos y un capturado— compitió en desventaja contra la frase que cabe en un trino.
El gobernador lo dijo así, letra por letra:
"Urge enfrentar el terrorismo urbano que se disfraza de protesta. Encapuchados han atacado a nuestros policías desde el interior de la Universidad de Antioquia. La universidad es para estudiar, no para refugiar criminales", aseveró el gobernador Andrés Julián Rendón.
El salto retórico es el nudo del asunto: en un segundo, el debate pasa de "qué pasó" a "qué hacer con la autonomía universitaria". Y ahí la cronología importa. La Gobernación de Antioquia no improvisó una reacción al miércoles; "insistió" —palabra del propio balance oficial— en una propuesta que ya había presentado para modificar el Decreto 003 de 2021, que regula la protesta en el país. Los disturbios no generaron la idea: la ilustraron.
El contenido de esa propuesta es nítido. "Desde el Gobierno de Antioquia propusimos en el marco de la modificación del decreto 003 de 2021 que la Fuerza Pública pueda ingresar a las instituciones educativas de orden superior cuando se presenten actos de violencia y sin requerir previa autorización de sus directivas", enfatizó el mandatario. En otras palabras: habilitar la entrada policial a los campus sin aval de los rectores.
Tocar la autonomía universitaria no es un detalle administrativo. Ese principio, protegido por la Constitución de 1991 en su artículo 69, blinda a las universidades de la intervención policial discrecional, precisamente para que no se conviertan en escenario de operativos cada vez que hay tensión social. La universidad pública colombiana ha sido refugio de ideas incómodas y también, a veces, escenario de violencia ajena a esas ideas; separar ambas cosas exige precisión, no un decreto redactado al calor de un parte de prensa.
El eslogan y la sentencia anticipada
Rendón cerró con una advertencia que suena a fallo ya dictado: "no se puede contemporizar con criminales y terroristas que disfrazan su quehacer de protesta. Hay que enfrentarlos con determinación". La determinación es una virtud de gobierno; la determinación sin debido proceso tiene otro nombre. Calificar de terrorismo lo que apenas empieza a investigarse invierte el orden: en Colombia, tipificar un delito no es tarea de un gobernador, sino de la Fiscalía General de la Nación.
El Decreto 003 de 2021 fue expedido por el gobierno de Iván Duque tras el estallido social de 2021, cuando las protestas que sacudieron al país reabrieron el pulso entre la inviolabilidad del campus y la exigencia de mano firme dentro de sus muros, un pulso que ya asomó tras otras jornadas recientes, como recoge la columna sobre la crisis de seguridad en la Sierra. La discusión sobre su reforma seguirá su curso. Lo que no debería discutirse es quién nombra el delito antes de que haya expediente: el gobernador trina; la Fiscalía instruye.
