El estatuto se tramitará como dos normas de distinto rango —una ley ordinaria y una ley estatutaria—, que deberán surtir su trámite por separado en el Congreso antes de pasar a revisión de la Corte Constitucional, según confirmaron fuentes del Gobierno citadas por la prensa. El anuncio se produjo en la antesala de la jornada de movilizaciones convocada para este miércoles 14 de octubre.
"El estatuto antiterrorista lo radicaré ante el Congreso y es una ley que crea un registro de organizaciones terroristas y permite congelar bienes, cortar la contratación con el Estado e impone penas severas por el uso de drones, castiga la asonada contra la fuerza pública y quien entregue información efectiva antes de la acusación puede reducir su pena", explicó el presidente Abelardo De la Espriella.
La iniciativa busca crear una lista de organizaciones catalogadas como terroristas, similar a la que existe en otros países, que quedarían clasificadas como grupos armados organizados. Esa clasificación permitiría aplicarles el derecho internacional humanitario y herramientas como operaciones militares, siempre que se cumplan los requisitos que fije la norma, según lo señalado por fuentes del Gobierno. De la Espriella defendió la propuesta con una analogía sanitaria: "Necesitamos una legislación acorde para luchar contra eso, en el covid la ciencia inventó una vacuna, así que en Colombia tenemos que crear una vacuna para luchar contra la delincuencia".
El decreto que reglamentará la protesta
En la misma alocución, el mandatario anunció el decreto que reglamentará la protesta social y que, según dijo, busca trazar una línea entre lo que la Constitución protege y lo que la ley persigue. Reiteró que se acabarán los bloqueos en las vías y que el instrumento está dirigido contra lo que llamó "terrorismo urbano".
"Ni un derecho menos para quien proteste en paz ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano [.] se respeta la protesta, pero no se tolerará ni un bloqueo más en ningún rincón del país", afirmó el presidente Abelardo De la Espriella.
El Ejecutivo atribuye el deterioro de las condiciones de seguridad a decisiones del gobierno de Gustavo Petro en el marco de la política de paz total, un diagnóstico que no comparten los sectores de oposición, que han calificado el estatuto como una amenaza para los ideales progresistas. El manejo de la seguridad ha ocupado otros frentes del Legislativo, como el que reabrió recientemente Luna sobre la DNI. El país ya tramitó un estatuto antiterrorista durante el gobierno de Álvaro Uribe, que la Corte Constitucional declaró inexequible en 2004 por vicios de forma en el trámite del acto legislativo que lo sustentaba.
El representante Julio César Triana, de Cambio Radical e integrante de la Comisión Primera de la Cámara, respaldó el anuncio y aseguró que la bancada está lista para darle trámite. "Presidente, en el Congreso de Colombia estamos firmes para darle trámite al estatuto antiterrorista. Llegó la hora de perseguir a los cabecillas, asfixiar sus finanzas y llevar ante la justicia a quienes patrocinan el terror", escribió el congresista del Huila en la red social X.
Triana también cuestionó a los promotores de las movilizaciones del miércoles: "¡Qué descaro ver a los responsables del Gobierno anterior promoviendo movilizaciones con semejante indignación! [.] La protesta es un derecho constitucional; la coherencia política también debería ser una obligación moral". El congresista sostuvo que la oposición no puede invocar el derecho a la protesta porque, a su juicio, lo que está en juego es la garantía de que no haya violencia.
El estatuto llega al Congreso mientras la agenda legislativa discute otros frentes fiscales, como la adición presupuestal por la que MinHacienda pidió agilidad al Congreso. Con las mayorías que, según el Ejecutivo, respaldan la iniciativa, el proyecto quedará formalmente radicado esta semana, a la espera de su trámite en comisiones y de la posterior revisión constitucional.
