La convocatoria busca reclamar mejoras laborales, respuestas frente a la sequía y el hambre en varias regiones del país, y funcionaría además como ensayo de cara a un paro nacional que los organizadores proyectan para noviembre. Según quienes han invitado a movilizarse, la jornada de este miércoles opera como un "piloto" para medir la capacidad de calle antes de esa movilización mayor.
En su alocución, el jefe de Estado se dirigió tanto a quienes saldrán a marchar como a quienes ese día deban cumplir con sus obligaciones cotidianas. "Quiero hablarles con absoluta claridad, tanto a quienes saldrán a protestarse, como a quienes ese día tendrán que trabajar, estudiar, atender una cita médica o desplazarse por el país", señaló, buscando marcar distancia entre el derecho a manifestarse y la garantía de normalidad para el resto de la ciudadanía.
De La Espriella reconoció la protesta como un derecho amparado por la Constitución Política, en línea con la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional sobre la movilización social como mecanismo legítimo de participación democrática. "Quien piense distinto tiene derecho a expresarlo, a organizarse y a ser escuchado", afirmó el mandatario, buscando despejar cualquier lectura de que su gobierno pretendiera restringir la manifestación en sí misma.
El presidente explicó que impartió instrucciones para que la fuerza pública coordine directamente con los organizadores de la marcha y con las autoridades territoriales, en un esquema de articulación institucional centrado en movilidad, prevención de riesgos y atención de emergencias. Esa coordinación previa entre el Gobierno central, las alcaldías y los convocantes suele determinar si una jornada de protesta transcurre sin incidentes mayores.
"La prioridad es cuidar la vida, prevenir la violencia y permitir que la jornada transcurra en paz", sentenció el presidente Abelardo De La Espriella.
Límites frente a bloqueos y agresiones
El mandatario trazó una línea sobre lo que, a su juicio, no tiene cabida bajo el amparo del derecho a la protesta. "La protesta no autoriza bajo ninguna circunstancia a agredir a otros ciudadanos, destruir bienes públicos o privados, amenazar a los trabajadores, ni impedir el libre acceso de ambulancias y servicios de emergencia", declaró. Según explicó, ante cualquier conducta que configure un delito, las autoridades actuarán "con firmeza y conforme a la ley", bajo pruebas y control judicial.
El presidente insistió en que la fuerza pública recibió instrucciones de actuar bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, estándares que en Colombia han sido objeto de escrutinio por parte de la Procuraduría General de la Nación y de organismos de derechos humanos tras los ciclos de protesta de 2019 y el paro nacional de 2021, cuando la actuación del Esmad frente a las manifestaciones derivó en denuncias por uso desproporcionado de la fuerza. El mandatario buscó evitar que la actuación de las autoridades se traduzca en una estigmatización generalizada de los manifestantes, al reiterar su compromiso de no equiparar la inconformidad legítima con hechos de violencia aislados.
Ese deslinde responde a un debate recurrente en la política colombiana: distinguir entre el grueso de quienes se movilizan de manera pacífica y los actos de violencia atribuibles a grupos minoritarios, una distinción que organizaciones sociales y sindicales han reclamado como condición para evitar represión indiscriminada durante jornadas de protesta.
Mensaje a quienes no marcharán
De La Espriella también dirigió un mensaje a los ciudadanos que no tomarán parte en las movilizaciones. "Les aseguro que el gobierno trabajará para proteger sus derechos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales", afirmó, en referencia a quienes deban desplazarse, trabajar o atender citas médicas durante la jornada del miércoles.
"Se pueden expresar con firmeza, pero deben tramitarse sin violencia. Eso nunca lo voy a admitir", declaró el presidente Abelardo De La Espriella en su alocución.
El cierre del mensaje presidencial tuvo un tono más confrontativo hacia los promotores políticos de la jornada. El mandatario vinculó la convocatoria con sectores que, según su diagnóstico, buscarían capitalizar el descontento social con fines de desestabilización, en momentos en que la relación entre el Gobierno y la oposición liderada por el petrismo atraviesa un punto de tensión abierta. La jornada llega además mientras el país afronta presiones adicionales, como el margen mínimo de gas tras la falla en la planta regasificadora de Spec.
La jornada del 14 de octubre será la primera gran prueba de calle para el gobierno de De La Espriella frente a la oposición y, a la vez, un termómetro de la capacidad de movilización del petrismo de cara al paro de noviembre, en un país donde las grandes protestas de la última década han marcado el debate sobre el manejo del orden público.
"Ténganlo muy, pero muy claro, quienes mueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al gobierno, son los mismos que dejaron al país quebrado", afirmó el presidente en la frase que cerró su alocución del lunes previa a la jornada de movilizaciones convocada para este miércoles.
