Desde su llegada al poder, Petro ha insistido en distintos escenarios —consejos de ministros, alocuciones y redes sociales— en que existieron irregularidades en el proceso que lo llevó a la primera magistratura, una tesis que no ha prosperado ante ninguna autoridad electoral ni judicial del país. La Registraduría, organismo encargado de la organización logística de las elecciones y custodio del censo electoral, ha sido blanco recurrente de esos señalamientos, mientras que el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado son las instancias competentes para resolver reclamaciones sobre la validez de los comicios.
La tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución de 1991 para la protección inmediata de derechos fundamentales, no es la vía ordinaria para dirimir disputas sobre la legitimidad de una elección presidencial; esa función corresponde al proceso de nulidad electoral ante el Consejo de Estado. Que el registrador opte por esta figura apunta a proteger el buen nombre de la entidad o el derecho al debido proceso frente a las acusaciones presidenciales, más que a reabrir un debate sobre el resultado ya resuelto en las instancias pertinentes.
Los 9.300 jueces y las demandas de nulidad
La cifra citada por Penagos remite al universo de togados que conocieron o avalaron en distintas etapas los procesos de escrutinio y las demandas de nulidad derivadas de la elección presidencial de 2022, en la que Petro resultó vencedor. El argumento del registrador busca llevar la discusión del campo político al judicial: si existieron irregularidades sustanciales, habrían debido prosperar ante esos jueces y no quedar como señalamiento desde la Presidencia.
El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso-administrativo y competente para resolver las demandas de nulidad electoral contra la elección de presidente y vicepresidente, no ha anulado el proceso que llevó a Petro al poder. En el ordenamiento colombiano, la nulidad electoral exige probar irregularidades que hayan alterado el resultado, un estándar probatorio exigente que ha servido históricamente para desestimar impugnaciones sin sustento documental suficiente.
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Registraduría no es inédito en la historia reciente colombiana. Gobiernos de distinto signo han cuestionado en campaña o tras la posesión el funcionamiento del aparato electoral, pero resulta atípico que sea un presidente en ejercicio quien sostenga de manera reiterada, meses después de posesionarse, que el proceso que lo eligió estuvo viciado.
La Registraduría, dirigida por Penagos tras su elección por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, ha defendido en distintos pronunciamientos la integridad del censo electoral y los mecanismos de auditoría del software de escrutinios. El registrador nacional tiene un periodo fijo de cuatro años y no depende jerárquicamente del Ejecutivo, un diseño institucional que explica en parte la tensión: Penagos no responde políticamente ante Petro.
El trasfondo de la reforma electoral
El presidente ha planteado reformas al sistema electoral y ha cuestionado públicamente la autonomía de organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría. En paralelo, la discusión legislativa sobre el régimen electoral avanza con el argumento gubernamental de modernizar la Registraduría y blindar el sistema frente a futuros fraudes, mientras sectores de oposición leen esa agenda como un intento de desgastar al árbitro de los comicios.
La atención sobre los contrapesos institucionales no se limita al terreno electoral. Un debate análogo recorre otros sectores, como el modelo de intervención de EPS sin junta directiva ni contrapesos, que ha puesto sobre la mesa el equilibrio entre el poder Ejecutivo y los organismos técnicos del Estado.
La tutela de Penagos, de admitirse a trámite, sería resuelta en primera instancia por un juzgado o tribunal con competencia en acciones de tutela, con posibilidad de revisión eventual por la Corte Constitucional, que selecciona de forma discrecional los casos que estudia. El trámite de una tutela tiene términos perentorios: el juez de instancia cuenta con diez días hábiles para fallar, y las partes pueden impugnar el fallo ante el superior jerárquico.
El litigio plantea una pregunta jurídica de fondo: si las manifestaciones de un presidente sobre el origen de su propia elección pueden vulnerar derechos fundamentales de la entidad electoral o de su director, y si la tutela es el cauce adecuado para zanjar esa controversia. La figura ha sido empleada históricamente para proteger derechos individuales como el buen nombre, la honra o el debido proceso, no para resolver disputas de naturaleza política entre poderes públicos.
El desenlace de la acción fijará un parámetro sobre los límites del discurso presidencial frente a las instituciones electorales, en un país donde la sensibilidad sobre la legitimidad de los comicios tiene raíces históricas: los señalamientos de fraude en las elecciones presidenciales de 1970, que dieron la victoria a Misael Pastrana sobre Gustavo Rojas Pinilla, antecedieron el surgimiento del M-19.
«Más de 9.300 jueces declararon quien es el verdadero presidente de nuestro país», afirmó Hernán Penagos, registrador nacional, al defender la tutela contra Petro.
