La aritmética presidencial tiene su encanto. Si el 98% de los manifestantes se comportó, según el mandatario, «de manera pacífica», el 2% restante bastó para movilizar seis intervenciones de la fuerza pública —dos en Bogotá, dos en Ibagué, una en Popayán y otra en Medellín— y seis capturas repartidas entre Montería, Pasto e Ibagué. Es la paradoja de todo balance oficial de orden público: cuanto más pequeño el porcentaje de disturbios, más grande su protagonismo en el discurso que se suponía debía celebrar la calma.
El presidente fue generoso con los adjetivos para describir a la mayoría —«legítimo», «ordenado», «respetuoso de las instituciones»— y parco, pero contundente, con la minoría, a la que no llamó manifestantes sino «terrorismo urbano». Es una etiqueta que no admite matices ni debido proceso: condena antes de que la Fiscalía General de la Nación diga una palabra sobre los grafitis y los ataques a un bus de TransMilenio que, según el propio mandatario, motivaron las detenciones.
Hay una frase que merece leerse dos veces, pronunciada por el propio jefe de Estado durante su intervención:
«Protesta pacífica, sí, todas las garantías, pero cuando pretendan por la fuerza trastornar la vida del resto de colombianos que sí quieren que Colombia avance, aquí va a estar el gobierno decidido, con todas las leyes y las armas de la República, para defender al pueblo colombiano trabajador», afirmó Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia.
Es una construcción retórica eficaz —divide al país entre quienes trabajan y quienes protestan, como si ambas categorías fueran excluyentes— y, a la vez, una declaración de intenciones sobre el uso de la fuerza pública que cualquier constitucionalista leería con cuidado. La Constitución de 1991 protege tanto el derecho a la protesta como el orden público, y la tensión entre ambos no se resuelve con un eslogan: la Corte Constitucional ha recordado reiteradamente que la protesta social es un derecho fundamental cuya restricción debe ser excepcional y proporcional.
«Todo gracias a su orientación», dijo el ministro Mora
El ministro de Defensa Nacional, Jorge Eduardo Mora López, completó el cuadro con una genuflexión poco disimulada: atribuyó los méritos de la jornada a los uniformados y, explícitamente, al jefe de Estado. «Creo que son ellos quienes merecen todos los méritos, señor presidente, y todo gracias a su orientación y liderazgo», señaló. Es el tipo de elogio que dice más sobre quien lo pronuncia que sobre quien lo recibe: un ministro de Defensa que convierte un parte operativo en acto de lealtad personal retrata, sin proponérselo, el estilo de mando que gobierna la Casa de Nariño.
El recuerdo del paro nacional de 2021, bajo el gobierno de Iván Duque, planea sobre cualquier balance de este tipo: entonces la respuesta de la fuerza pública a las protestas derivó en denuncias de abuso policial ante organismos nacionales e internacionales y abrió un debate, aún no cerrado, sobre los límites del control del orden público frente a la protesta. La retórica de la «cero tolerancia» convive mal con esa memoria reciente, como ya se advertía en la cuenta pendiente del Estado frente a quienes salen a reclamar y nadie responde.
De La Espriella cerró su intervención con una frase que no necesita glosa: «Hoy más que nunca estoy firme por la patria». El patriotismo convertido en cierre de un balance de orden público es, como mínimo, una opción estilística; como máximo, una forma de blindar la gestión del día ante cualquier pregunta sobre las condiciones de las seis capturas o sobre si la cifra de 62.000 asistentes —la que el propio mandatario fijó como techo— admite verificación independiente de una autoridad distinta a la que la proclama.
Nada de esto implica que las marchas no fueran, en efecto, mayoritariamente pacíficas, ni que los actos vandálicos contra infraestructura pública no merezcan respuesta institucional. Implica, simplemente, que cuando un presidente se convierte en estadígrafo de sus propias protestas, el ejercicio de rendición de cuentas se parece al de autopromoción. La diferencia entre ambos no la fija el micrófono: la fijará, con el tiempo, quien tenga que revisar los expedientes de los seis detenidos y contar, otra vez, cuántos salieron realmente a la calle.
