Junto a Ferrer fueron citados Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas. El auto de la Procuraduría dispone que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales practique las diligencias necesarias para verificar lo relatado en la publicación. La actuación se suma a una indagación que el organismo de control ya había abierto a partir de otros señalamientos previos de Ferrer sobre presuntos actos de corrupción con participación de servidores públicos.
Los señalamientos de Ferrer, entregados en declaraciones a Semana, apuntan a un viaje a Venezuela ocurrido en enero de 2023, durante el cual se habrían transportado 2,5 millones de dólares de regreso a Colombia en el avión oficial de la entonces primera dama. Ferrer afirmó también que existirían fotografías que mostrarían a Alcocer descendiendo de la aeronave con maletas que, según su versión, contendrían droga. Son señalamientos que deberán ser verificados por las autoridades y que, por ahora, no constituyen hechos probados.
La exasesora mencionó asimismo a otras personas que, presuntamente, estarían relacionadas con esos hechos. El traslado de las denuncias de un reportaje periodístico a un expediente disciplinario marca el salto de la publicación al terreno de las pruebas bajo juramento, donde cada versión debe ser contrastada antes de que el organismo decida si hay mérito para formular cargos.
El respaldo de Angie Rodríguez
Angie Rodríguez, quien se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el gobierno de Gustavo Petro, respaldó públicamente los señalamientos de Ferrer y relató dos episodios en los que, según su versión, Alcocer habría intentado agredirla físicamente.
"Todo lo que narró Eva es cierto. En dos ocasiones la primera dama intentó agredirme. En una de esas ocasiones estuvo presente la entonces ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez y se puso a llorar", afirmó Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre.
Según el relato de Rodríguez, uno de los episodios ocurrió en la oficina de Petro, donde Alcocer supuestamente la habría insultado y tratado de manera denigrante. La exfuncionaria aseguró que, al salir del despacho presidencial, la entonces primera dama habría repetido ese comportamiento con Juliana Guerrero, otra de las personas mencionadas en el entorno de la Casa de Nariño durante la administración Petro.
Rodríguez sostuvo además que, en otra ocasión, Alcocer le habría advertido que era ella quien manejaba la contratación en el Dapre y que había asuntos en los que la entonces directora no debía intervenir. La exfuncionaria relató que, en ese episodio, la ex primera dama acercó la mano a su rostro como si fuera a golpearla, aunque logró esquivarla.
Un "pacto de silencio criminal"
Rodríguez consideró que entre Petro y Alcocer habría existido lo que calificó como un "pacto de silencio criminal": a su juicio, el entonces presidente conocía las conductas que ella atribuye a su pareja y ambos habrían ocultado situaciones para preservar una imagen pública. Se trata, de nuevo, de una versión de la exfuncionaria que corresponde al terreno de los señalamientos y que no constituye, por sí misma, un hecho probado ante ninguna autoridad judicial o disciplinaria.
Petro se pronunció públicamente tras conocerse las denuncias de Ferrer contra Alcocer y su entorno. El curso de la actuación disciplinaria abierta por la Procuraduría avanza de manera independiente a ese pronunciamiento, pues la etapa probatoria del organismo de control no se detiene por la réplica política de los señalados.
La investigación se inscribe en un patrón de escrutinio sobre el entorno cercano a la Casa de Nariño durante el gobierno de Petro, en línea con otros episodios recientes como el de los giros del Ministerio del Interior a Soledad poco antes de la salida de un alto funcionario, que también han puesto bajo la lupa el manejo de recursos públicos vinculados a la administración.
El procedimiento disciplinario contra servidores públicos recae en Colombia sobre la Procuraduría, que puede imponer sanciones como la destitución o la inhabilidad para ejercer cargos públicos, mientras la eventual responsabilidad penal corresponde a la Fiscalía General de la Nación por una vía separada. El antecedente más conocido es el proceso que la entidad adelantó contra el excontralor general y numerosos congresistas en el llamado caso del carrusel de la contratación en Bogotá, destapado en 2010, que derivó en destituciones e inhabilidades tras diligencias probatorias similares a las ahora ordenadas.
La actuación se limita por ahora a la etapa de recaudo probatorio: las declaraciones bajo juramento de Ferrer y las otras cinco personas citadas buscan establecer si existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual formulación de cargos disciplinarios contra los servidores públicos mencionados, un paso que, de darse, estaría aún lejos de cualquier determinación sobre responsabilidad penal.
