La circular establece que los rectores y directores de núcleo deberán reportar las novedades de asistencia docente y las eventuales afectaciones al servicio educativo durante la jornada. Si se confirman interrupciones efectivas, las instituciones tendrán que presentar planes de recuperación para completar las horas de clase y los objetivos de aprendizaje del periodo.
La directriz no se limita a las aulas. La Secretaría señaló que los colegios deberán coordinar acciones para mantener en funcionamiento servicios complementarios como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el transporte escolar, además de informar con anticipación cualquier novedad que pueda afectar su prestación mientras dure el periodo de recuperación académica.
Según el texto, la medida no contempla una sanción disciplinaria automática para los docentes que decidan sumarse a las manifestaciones. La obligación recae, en cambio, sobre la garantía de recuperación académica cuando se verifique una interrupción real de clases, y sobre el reporte oportuno de ausencias por parte de los directivos escolares.
La entidad departamental sostuvo que respeta el derecho a la protesta y a la movilización pacífica, pero insistió en que debe armonizarse con la continuidad del servicio educativo. El derecho a la educación está consagrado en el artículo 67 de la Constitución, y la Corte Constitucional lo ha reconocido como fundamental para niños y adolescentes en pronunciamientos sobre acceso y permanencia escolar.
La jornada de movilizaciones de este miércoles convocó a distintos sectores sociales y sindicales en varias ciudades del país, en un contexto de tensión entre el Gobierno nacional y sectores de oposición expresado en los días previos. La congresista Angie Rodríguez acusó al presidente Petro de engañar con su narrativa, mientras el abogado Abelardo de la Espriella advertía antes del 14 de octubre sobre el desarrollo de la fecha.
La Secretaría de Educación de Antioquia precisó que la circular aplica de manera uniforme en los 116 municipios del departamento, independientemente de si registran o no actividad de movilización ese día. El mecanismo de reporte quedará centralizado en la propia entidad, que recibirá la información consolidada por cada institución educativa sobre asistencia docente y afectaciones al servicio.
Por ahora, la directriz se concentra en tres frentes: garantizar la prestación del servicio educativo mientras dure la jornada de protesta, reportar con precisión las ausencias que se presenten y recuperar el tiempo de clase efectivamente perdido mediante planes que cada institución deberá diseñar. La circular no fija todavía un plazo específico para la ejecución de esos planes de recuperación.
