Vale la pena detenerse en la coreografía del momento. Mientras una patrulla combinada recorría el corredor turístico, bañistas nacionales y extranjeros rompieron en aplausos, alguien lo grabó y el alcalde Carlos Pinedo Cuello lo celebró en El Debate de SEMANA como prueba de resiliencia institucional. Es un video que emociona. También es una forma cómoda de resolver una crisis: si no se puede garantizar la calma con hechos, siempre queda la posibilidad de fotografiarla.
Porque los hechos, mirados sin el filtro del aplauso, cuentan otra historia. Trece integrantes de la estructura criminal cayeron en combates recientes y varios cabecillas fueron capturados, según el balance oficial. Son cifras de guerra, no de paseo playero. Y conviven, en el mismo reporte, con el refuerzo de 600 policías y 500 militares que la administración distrital anunció, con acompañamiento directo del Gobierno Nacional. Cuando una ciudad necesita 1.100 uniformados adicionales para que los comerciantes se atrevan a abrir sus puertas, la palabra que describe la situación no es normalidad: es contingencia.
Los analistas de seguridad regional coincidieron en algo que debería doler más que cualquier ovación: la estructura que hoy decreta paros armados en Santa Marta no es una anomalía reciente ni responde a causas ideológicas, sino a un modelo macrocriminal con más de tres décadas de arraigo, capaz de ejercer gobernanza armada y extorsión sistemática sobre sectores productivos enteros. Treinta años es más tiempo del que llevan vigentes buena parte de los marcos de negociación que, según el propio alcalde y los expertos, no lograron desactivar el fenómeno.
Ese diagnóstico convive mal con el entusiasmo del video viral. No porque el reconocimiento a los uniformados sea ilegítimo: los agentes que patrullan bajo amenaza merecen respaldo. El problema es que el aplauso de unos turistas no puede sustituir la pregunta que le corresponde a quien gobierna: por qué una organización con tres décadas de historia sigue paralizando comercios y atemorizando playas. El paramilitarismo en la Sierra Nevada no es nuevo: las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizaron en 2006 bajo la Ley 975 de 2005, y el vacío dejado dio paso a un rosario de bandas herederas que hoy se disputan el mismo territorio.
Treinta años de gobernanza armada
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el propio Pinedo insistieron en pedirle a los comerciantes que reabran y retomen la cotidianidad, para no regalarle a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra el triunfo simbólico de una ciudad paralizada. Es un llamado razonable. Pero convocar a la normalidad no es lo mismo que producirla, y las autoridades reconocen que en los sectores comerciales y turísticos todavía se percibe prevención frente a posibles represalias. El miedo, a diferencia del aplauso, no se disipa con un despliegue de tropas ni con una cámara bien ubicada.
Hay algo revelador en que la noticia más citable de la jornada haya sido un aplauso y no el detalle de qué falló en los marcos de negociación que los propios expertos cuestionan. Las estructuras armadas que llevan treinta años cobrando extorsión no se desmontan con ovaciones playeras ni con anuncios de refuerzos que, por definición, son reactivos: llegan después de que el paro ya se decretó, después de que el miedo ya se instaló.
Nada de esto es exclusivo de Santa Marta ni de esta administración: la manera en que la institucionalidad colombiana procesa la violencia territorial arrastra el mismo patrón, como se ha visto en La justicia de la gente, según usted. Lo que cambia es el escenario: hoy es una playa con bandera turística; mañana será cualquier otro corredor donde la gobernanza armada decida hacerse notar.
Si algo debería quedar de esta semana en El Rodadero no es el aplauso, sino la pregunta que ese aplauso disimula: cuánto tiempo más va a sostenerse el control territorial con despliegues de emergencia antes de que alguien explique, con la misma franqueza con que se anuncian los refuerzos, por qué tres décadas de gobernanza criminal siguen intactas frente al Estado que hoy patrulla la playa entre vítores.
