El texto lleva la firma de los representantes Mauricio Andrés Toro Orjuela y Catherine Juvinao Clavijo, de la Alianza Verde; Daniel Felipe Briceño Montes, Santiago Castro Gómez y Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo, del Centro Democrático; Simón Molina Gómez, del movimiento Creemos; María del Mar Pizarro García, del Pacto Histórico, y la senadora María Lucía Villalba Gómez, del Nuevo Liberalismo. La pluralidad de bancadas anticipa un trámite que deberá sortear comisiones y plenarias antes de llegar a sanción presidencial.
El RUNSTIP obligaría a inscribirse a las plataformas, sus operadores, los conductores y los vehículos vinculados. Para los conductores, el proyecto fija como requisitos mínimos la licencia de conducción vigente y el certificado de antecedentes judiciales, además de un registro específico para quienes hayan completado al menos diez servicios en una aplicación durante un año.
Uno de los cambios de mayor calado es la posibilidad de operar con vehículos particulares sin cambiar sus placas, siempre que cumplan las condiciones técnicas, de seguridad y de aseguramiento que defina la reglamentación. La fórmula aborda una discusión que ha enfrentado durante años al gremio de taxistas con las plataformas, sin equiparar a estas últimas con empresas transportadoras tradicionales, una distinción que el texto mantiene de forma expresa.
A cambio de esa flexibilidad operativa, la iniciativa impondría obligaciones nuevas: pólizas de responsabilidad civil para pasajeros y terceros, mecanismos de emergencia dentro de las aplicaciones y la obligación de transparentar comisiones y precios frente al usuario. En el frente laboral, el texto plantea verificar los aportes de los conductores independientes a la seguridad social y garantizar la revisión humana antes de cualquier suspensión o desactivación de cuentas.
Para el servicio de taxi, el proyecto habilitaría tarifas dinámicas cuando se preste mediante aplicaciones y plantea desmontar de forma gradual las reglas que hoy permiten negociar cupos. El transporte intermediado por plataformas opera en las principales ciudades del país desde la llegada de Uber en 2013, sin un marco normativo unificado y en medio de operativos de inmovilización y sucesivas controversias judiciales entre el gremio y las aplicaciones.
El proyecto crea además una contribución del 1,5 % sobre el ingreso neto de cada viaje, que asumirían las plataformas y se destinaría a formación de conductores, vivienda, salud, mantenimiento vial y sustitución de vehículos de tracción animal. De aprobarse, la norma contemplaría un periodo de transición de doce meses contados desde la expedición de su reglamentación antes de entrar en plena vigencia.
La radicación llega en una semana cargada de agenda legislativa, con el Ministerio de Hacienda insistiendo en la urgencia de agilizar la adición presupuestal por $3,9 billones y el Gobierno nacional alistando la radicación del estatuto antiterrorista.
Como cualquier proyecto de ley, su suerte dependerá de que complete el trámite en comisiones y plenarias de Cámara y Senado, supere las conciliaciones y reciba sanción presidencial. El texto fija su eventual aplicación tras un periodo de transición de doce meses desde la expedición de la reglamentación.
