El consejo de seguridad convocado por la Gobernación de Santander busca coordinar la respuesta institucional entre la Gobernación, la alcaldía de Girón y los organismos de seguridad del área metropolitana de Bucaramanga. El mecanismo, habitual en Colombia cuando un hecho violento compromete a un servidor público, reúne a representantes de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación para evaluar el riesgo y definir medidas de protección.
Acevedo Garzón combinaba su labor como dragoneante del Inpec, el cuerpo encargado de la custodia y vigilancia en los centros penitenciarios del país, con actividades comerciales en Girón, municipio santandereano que colinda con Bucaramanga y forma parte de su área metropolitana. El doble perfil de la víctima —funcionario estatal y comerciante— dificulta el establecimiento de un móvil único para el ataque.
La hipótesis de las amenazas previas, que las autoridades verifican, remite a un patrón documentado en años recientes contra funcionarios penitenciarios en distintas regiones del país, expuestos tanto a represalias de estructuras criminales con intereses dentro de las cárceles como a conflictos ajenos a su función oficial.
La convocatoria del consejo de seguridad metropolitano busca establecer si el homicidio obedece a un patrón de amenazas focalizadas contra personal del Inpec en la región o si se trata de un hecho aislado vinculado a las actividades comerciales de la víctima. Estos consejos, previstos en la normativa de seguridad y convivencia ciudadana, permiten activar recursos de inteligencia y protección de manera conjunta entre la fuerza pública y las autoridades civiles.
Santander ha registrado en los últimos años episodios de violencia contra servidores públicos que han derivado en medidas reforzadas de protección, un fenómeno que no es ajeno a otras regiones del país donde el crimen organizado mantiene disputas territoriales con incidencia directa sobre el sistema penitenciario y judicial.
La Fiscalía General de la Nación tendrá a su cargo la investigación formal del homicidio, en un proceso que, según el procedimiento habitual para casos de esta naturaleza, incluye la recolección de evidencia balística, el rastreo de posibles amenazas documentadas y la identificación de los responsables materiales e intelectuales del ataque. La seguridad territorial, con disputas del crimen organizado por recursos estratégicos, ha vuelto a la agenda regional como lo reflejan episodios recientes en el continente, incluida la exploración de petróleo y minerales anunciada en Groenlandia.
Hasta el momento las autoridades no han establecido públicamente un móvil definitivo para el crimen, mientras continúan las diligencias en Girón, municipio que junto con Bucaramanga concentra buena parte de la actividad institucional y de seguridad del área metropolitana santandereana.
