De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Juan Carlos Valencia González, alias «Pelón», habría asumido el liderazgo del CJNG tras la muerte de su padrastro. Por información que conduzca a su captura, el Departamento de Estado elevó la recompensa de $15 millones a $25 millones, una de las cifras más altas jamás ofrecidas por un narcotraficante y equiparable a las que en su momento se ofrecieron por el fundador de al Qaeda, Osama bin Laden, y por el expresidente venezolano Nicolás Maduro.
Valencia González, de 41 años, enfrenta en cortes estadounidenses cargos por conspiración para fabricar y distribuir cocaína y metanfetamina, además de uso de armas de fuego vinculado a actividades de narcotráfico. El administrador de la DEA, Terrance Cole, lo describió como uno de los fugitivos más buscados por esa agencia en la actualidad.
La lista de acusados incluye a otras siete personas por las que Washington ofrece, en conjunto, hasta $77 millones adicionales. Entre ellos figura Audias Flores Silva, alias «El Jardinero», detenido por las autoridades mexicanas en abril de 2026, aunque aún no ha sido extraditado a Estados Unidos. En su caso, la recompensa de $15 millones busca evidencias que conduzcan a su condena judicial, no a su localización.
También se ofrecen $15 millones por Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias «Sapo», y por Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias «Chorro», señalado como exyerno de «El Mencho» y presunto responsable de la recaudación de ganancias del narcotráfico, el pago de precursores químicos y la supervisión de cargamentos de cocaína y metanfetamina destinados a Estados Unidos.
Las autoridades ofrecen $10 millones por cada uno de Julio César Montero Pinzón, alias «Tarjetas»; Carlos Andrés Rivera Varela, alias «La Firma»; y Ricardo Ruiz Velasco, conocido como «RR» o «Tripa». Según la fiscalía estadounidense, Montero Pinzón y Rivera Varela habrían fundado y dirigido una célula conocida como «Grupo Élite», señalada por hechos de violencia dentro de la estructura del cartel. Por Griselda Margarita Arredondo Pinzón, la única mujer en la lista, se ofrecen $2 millones.
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que, con los cargos ya hechos públicos y las recompensas anunciadas, «esta administración utilizará todos los recursos a su alcance para llevar a estos acusados ante la justicia, sin importar dónde se escondan». La declaración se enmarca en una ofensiva más amplia de Washington contra las estructuras de narcotráfico que operan desde territorio mexicano.
El gobierno estadounidense ha designado al CJNG, al Cartel de Sinaloa y a otras organizaciones como entidades terroristas, una calificación que amplía las herramientas legales y financieras disponibles para perseguirlas más allá de las fronteras estadounidenses. Washington ha advertido en meses recientes que podría actuar de forma unilateral en suelo mexicano si no se registran resultados concretos, una postura que ha generado fricciones con el gobierno mexicano, que reivindica el respeto a su soberanía territorial en cualquier operativo de seguridad conjunta.
Panamá, corredor de tránsito hacia Norteamérica
Para Panamá, la evolución de estas estructuras criminales transnacionales no es un asunto ajeno. El país ocupa una posición estratégica en las rutas de tránsito de droga hacia Norteamérica, tanto por el Pacífico como por el Caribe, corredores utilizados para el trasiego de cocaína proveniente de Sudamérica hacia el mercado estadounidense.
El Ministerio Público panameño y las unidades antidrogas del país mantienen cooperación con agencias estadounidenses como la DEA en el marco de acuerdos bilaterales de intercambio de información y asistencia judicial, mecanismos que cobran relevancia cuando se trata de perseguir redes financieras y de lavado de activos que pueden operar a través del sistema bancario o de zonas francas de la región.
La escalada de recompensas por parte de Estados Unidos no es inédita. En el pasado, Washington ha ofrecido sumas comparables por otros líderes del narcotráfico latinoamericano, como parte de una estrategia que combina presión judicial, sanciones económicas y cooperación policial internacional. Para el istmo, el precedente más recordado es la invasión estadounidense de diciembre de 1989, la Operación Causa Justa, que culminó con la captura del entonces gobernante militar Manuel Antonio Noriega, extraditado a Estados Unidos y condenado por cargos vinculados al narcotráfico, un episodio que marcó los límites de la cooperación y la soberanía en la región.
Lo que ocurra en las próximas semanas dependerá en buena medida de la respuesta operativa de las autoridades mexicanas, que hasta ahora han logrado capturas puntuales, como la de Flores Silva, sin que ello haya significado un desmantelamiento estructural del cartel. La extradición de Flores Silva a Estados Unidos y la captura o condena de Valencia González, señalado como el nuevo rostro visible del CJNG, se perfilan como las pruebas más inmediatas de la eficacia de esta ofensiva conjunta.