El inmueble, ubicado en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro —uno de los más cotizados de la capital española—, fue adquirido en 2018 por el grupo Renta Corporación, que ofreció a Abascal la compra del apartamento por unos $290,000. Con una pensión que no superaba los $1,500 mensuales, la mujer no pudo afrontar el pago. Dos años después, Urbagestión adquirió el edificio y solicitó un alquiler cercano a los $3,000, muy por encima de los $570 que ella pagaba bajo un contrato de renta antigua firmado por sus padres en 1956.
Ese tipo de contrato, vigente desde la dictadura franquista (1939-1975), fijó rentas históricamente bajas y permitió su transmisión a familiares del inquilino original. Urbagestión sostuvo en el proceso judicial que ese contrato ya había expirado y reclamó la actualización de la renta según valores de mercado, mientras Abascal y organizaciones sociales defendían la continuidad del régimen especial.
El desalojo se ejecutó tras un litigio de varios años que la justicia española resolvió a favor de la empresa propietaria. Frente al edificio, decenas de activistas intentaron impedir el cuarto intento de desahucio, sin éxito, en lo que terminó siendo una concentración de unas 400 personas disuelta por un fuerte dispositivo policial.
El caso trascendió fronteras. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU había decretado meses antes medidas cautelares para suspender temporalmente el desalojo, según recordó el relator especial Koldo Casla tras conocerse la ejecución.
“No hay manera de entender de qué forma puede ser justificado primar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda de una mujer de 87 años que cobra 1,300 euros de pensión y lleva 70 años viviendo en esa casa”, declaró Koldo Casla, relator especial de la ONU para el derecho a la vivienda.
“La jueza debería haberlo suspendido para evitar un daño irreparable”, añadió Casla.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó el desalojo como una “tragedia” inaceptable, en un episodio que reabrió el debate sobre el mercado de arrendamiento en las grandes ciudades españolas, donde según el Consejo General del Poder Judicial se registraron más de 25,000 desahucios en 2025. El precio de los alquileres ha subido con fuerza en los últimos años por la escasez de oferta, el aumento de población en las capitales y la presión de los apartamentos turísticos de corta duración.
Una microempresa con siete empleados
Urbagestión, constituida en octubre de 2005 en plena expansión inmobiliaria española, se define como una firma dedicada a comprar edificios, desocuparlos de inquilinos, reformarlos y revenderlos con márgenes de rentabilidad. Pese a operar en todo el territorio nacional español, cuenta apenas con siete empleados y está clasificada como microempresa, de acuerdo con datos La compañía está vinculada a los empresarios Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, según la firma de información crediticia Axesor.
La empresa ha insistido en que no debe equipararse con los fondos de inversión conocidos como “fondos buitre”, aunque analistas del sector señalan que comparte con ellos una misma lógica: adquirir inmuebles, revalorizarlos y venderlos con la mayor rapidez posible. Entre su cartera actual figura un edificio vacío cercano a la Gran Vía madrileña, cuyo precio supera los $14 millones, según cifras citadas por EFE.
En una entrevista grabada el martes con la cadena pública RTVE, Maricarmen Abascal calificó a la empresa de “inhumana” y criticó su afán de “ganar dinero”, en unas declaraciones difundidas mientras crecía la presión pública en torno a su caso.