La propuesta llega poco más de dos años y medio después de que Milei asumiera la presidencia, en diciembre de 2023, con la promesa de eliminar el déficit fiscal crónico y contener una inflación que entonces alcanzaba, según cifras del propio Ejecutivo, el 160% interanual. El mandatario ha hecho del ajuste el eje central de su gestión y presenta este paquete como un blindaje legal para que ningún gobierno futuro pueda revertir la disciplina de gasto que reclama haber instaurado.
“Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio”, dijo el presidente. “Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown”. Según detalló, de aprobarse el mecanismo, el mandatario, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios “no cobrarán un solo peso de sueldo” mientras dure el cierre. En cambio, continuarían funcionando sin interrupción los pagos de jubilaciones y pensiones, los planes sociales, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario, en un intento de diferenciar los gastos considerados esenciales de la actividad política y administrativa del Estado.
El modelo que invoca el gobierno argentino tiene un antecedente directo en el funcionamiento del Congreso estadounidense, donde ese organismo ejerce control directo sobre las asignaciones presupuestarias y las agencias federales no pueden legalmente gastar fondos que no hayan sido aprobados. Cuando el poder ejecutivo y el legislativo no alcanzan acuerdo, el cierre parcial puede prolongarse durante semanas o meses, lo que ha derivado en la suspensión de trámites, la demora de programas oficiales y la falta de pago de salarios a empleados públicos de determinadas dependencias.
La iniciativa requerirá, para su aprobación, del respaldo de partidos aliados en ambas cámaras, dado que el oficialismo no cuenta por sí solo con mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Ese cálculo político será determinante: el oficialismo ha debido negociar apoyos puntuales con bancadas provinciales y partidos aliados para lograr la sanción de leyes clave desde el inicio de la gestión, y esa necesidad de votos adicionales condicionará el destino de la reforma.
La reforma al Banco Central
Además del grillete fiscal, Milei anunció que impulsará una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina con el objetivo declarado de poner fin a lo que su gobierno describe como una emisión monetaria descontrolada, utilizada según su diagnóstico para financiar déficits fiscales de administraciones anteriores. El mandatario calificó esa práctica como “la estafa de falsificar dinero para financiar la alta política”.
La propuesta prohibiría de manera explícita que el Banco Central financie al Estado y establecería que su función prioritaria sea preservar el valor de la moneda, en línea con el mandato que rige a bancos centrales independientes en buena parte de las economías de la región. El proyecto también elevaría el requisito para remover al presidente de la entidad: en lugar de exigir el aval de dos tercios únicamente del Senado, como ocurre en la actualidad, se necesitaría también el respaldo de dos tercios de la Cámara de Diputados. Según la visión del mandatario, los episodios recurrentes de alta inflación, depreciación monetaria y crisis económicas del país fueron impulsados por gobiernos que financiaron déficits mediante la impresión de dinero.
El gobierno sostiene que los recortes al gasto aplicados desde 2023 permitieron reducir la inflación desde ese 160% interanual del inicio del mandato hasta niveles menores, aunque el propio material no precisa la cifra actual. Ese proceso, sin embargo, ha coincidido con un deterioro del empleo, la actividad industrial y el consumo, un costo que organizaciones sociales y partidos de izquierda han señalado como el precio de la política de desregulación económica y austeridad fiscal, según recoge el relato del anuncio.
El debate sobre el paquete se inscribe en una discusión más amplia sobre el modelo económico argentino, que enfrenta a un gobierno que reivindica el equilibrio fiscal como condición para la estabilidad monetaria y a sectores que cuestionan el impacto distributivo del ajuste. Ninguna de las dos posiciones es nueva en la historia reciente del país, que ha alternado entre ciclos de expansión del gasto y programas de estabilización desde la crisis de 2001, cuando el colapso del régimen de convertibilidad derivó en un default soberano y una profunda recesión.
El anuncio se produce, además, en un contexto en el que Milei ha convertido la lucha contra el déficit fiscal en su principal carta de presentación política tanto ante el electorado como ante organismos financieros internacionales. El desenlace de este paquete legislativo, cuyo calendario de debate en comisiones aún no fue precisado por el Ejecutivo, marcará en las próximas semanas si el mandatario logra institucionalizar por ley el rumbo económico que ha aplicado por decisión administrativa desde diciembre de 2023.