La arquitectura de la red descrita por Anticorrupción se estructura en tres niveles jerárquicos cuya funcionalidad el informe detalla con el rigor de un organigrama empresarial. En el primer nivel, el de la decisión institucional, se situaba José Luis Ábalos en su condición de ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con capacidad para influir directamente en la adjudicación de contratos públicos cuyo valor acumulado durante su mandato superó los 4.200 millones de euros. El informe documenta al menos 14 contratos en los que la intervención de Ábalos fue determinante para inclinar la balanza hacia empresas vinculadas a la red, especialmente en los sectores de infraestructuras ferroviarias, mantenimiento de carreteras y, a partir de marzo de 2020, suministro de material sanitario durante la pandemia de COVID-19. En el segundo nivel, el de la intermediación operativa, se situaba Koldo García como enlace entre el ministerio y los empresarios beneficiarios de las adjudicaciones, un papel que el informe describe con una metáfora que se ha hecho célebre en los círculos jurídicos: Koldo García era la correa de transmisión que convertía las decisiones ministeriales en flujos de dinero, y su despacho en la cuarta planta del ministerio funcionaba como una ventanilla única de la corrupción donde los empresarios acudían con sus proyectos y salían con la certeza de que sus ofertas serían favorecidas a cambio de una comisión del 8%.
El tercer nivel de la organización, el de la gestión financiera internacional, estaba controlado por Víctor de Aldama, un empresario madrileño de 52 años cuyo perfil combina rasgos del comisionista clásico de la corrupción española con los del operador financiero globalizado del siglo XXI. Aldama, que durante el juicio se presentó a sí mismo como un facilitador de negocios sin vinculación orgánica con la administración, disponía según el informe de Anticorrupción de una infraestructura de blanqueo internacional que incluía al menos 12 empresas pantalla constituidas en Panamá (4), Andorra (3), Dubái (2), Uruguay (2) y Turquía (1), cuentas bancarias en seis jurisdicciones distintas, y una red de al menos ocho testaferros cuyas identidades han sido parcialmente reveladas durante el juicio. El flujo financiero documentado por la UCO seguía un patrón recurrente: las empresas beneficiarias de las adjudicaciones pagaban las comisiones del 8% a las empresas panameñas de Aldama mediante facturas simuladas por servicios de consultoría que nunca se prestaban; desde Panamá, los fondos se transferían a las cuentas andorranas donde se fraccionaban en cantidades inferiores a 50.000 euros para eludir los controles de blanqueo; y desde Andorra, las cantidades llegaban a España en forma de préstamos a empresas inmobiliarias que Koldo García utilizaba para adquirir propiedades a nombre de familiares.
Las comisiones del 8% constituyen el eje probatorio del caso y su documentación ha sido posible gracias a un hallazgo forense que los investigadores de la UCO describen como el momento eureka de la investigación: un archivo Excel de 147 hojas encontrado en el disco duro de un ordenador portátil que Aldama entregó voluntariamente a la Guardia Civil el 15 de noviembre de 2024, en el que figuraban las fechas, importes y porcentajes de cada comisión cobrada desde enero de 2019 hasta septiembre de 2023, organizadas por contrato, empresa pagadora y destinatario final del dinero. El archivo, que la defensa de Aldama ha reconocido como auténtico aunque discrepa sobre su interpretación, incluye una columna titulada «JELA» —las iniciales que la acusación atribuye a José Luis Ábalos— junto a cada entrada, con porcentajes que oscilan entre el 2% y el 3,5% del total de la comisión, lo que según la Fiscalía demuestra que el ministro percibía una participación directa en los beneficios de la red. La defensa de Ábalos ha impugnado esta interpretación argumentando que las iniciales JELA podrían corresponder a cualquier persona y que el archivo fue elaborado unilateralmente por Aldama sin supervisión ni validación del ministro.
El informe de Anticorrupción dedica un capítulo completo de 38 páginas a lo que denomina el entorno facilitador, es decir, el conjunto de personas que, sin ser miembros directos de la organización, contribuyeron a su funcionamiento mediante la omisión de controles, la provisión de información privilegiada o la cobertura institucional de las actividades de la red. En este capítulo es donde aparece el nombre de Francina Armengol, que entre 2019 y 2023 era presidenta del Gobierno de Baleares y que, según las declaraciones de Aldama durante el juicio, fue informada en al menos dos ocasiones de las condiciones de las adjudicaciones de material sanitario durante la pandemia en las que participaron empresas vinculadas a la red. Armengol ha negado categóricamente cualquier conocimiento de irregularidades y ha calificado las declaraciones de Aldama como invenciones de un acusado que busca reducir su condena implicando a terceros. Sin embargo, el informe de Anticorrupción señala que la UCO ha documentado 17 llamadas telefónicas entre el teléfono de Armengol y el de Koldo García entre marzo y junio de 2020, coincidiendo con el periodo de las adjudicaciones de mascarillas más cuestionadas.
Los 23 millones de euros en pagos irregulares documentados por la UCO son, según la Fiscalía, una cifra conservadora que representa únicamente los flujos que han podido ser trazados con certeza documental a través de los extractos bancarios, las facturas simuladas y las declaraciones de los testaferros. Los investigadores estiman que la cifra real podría duplicarse o incluso triplicarse si se incluyen las operaciones realizadas en efectivo, cuyo rastro es por definición más difícil de seguir. La UCO ha documentado al menos 14 entregas de efectivo por un valor total de 2,8 millones de euros que Aldama realizó a Koldo García en encuentros presenciales en restaurantes de Madrid, en el aparcamiento del centro comercial La Gavia y, en una ocasión que ha generado especial interés mediático, en la propia sede del PSOE en la calle Ferraz, donde Aldama declaró haber entregado 200.000 euros en un maletín a un tesorero del partido cuya identidad se negó a revelar. Esta última declaración es la que ha dado origen a la pieza separada que investiga la Audiencia Nacional sobre la posible financiación irregular del PSOE.
La pregunta sobre la financiación del PSOE es la más políticamente explosiva de las seis incógnitas que el juicio ha dejado abiertas y la que mayor potencial tiene para prolongar las ramificaciones del caso Koldo durante años. Si Aldama entregó efectivamente 600.000 euros en efectivo a la tesorería del PSOE —una cifra que mencionó en su declaración del 8 de mayo sin aportar prueba documental más allá de su propio testimonio—, las consecuencias jurídicas trascienden el ámbito penal individual y entran en el terreno de la financiación ilegal de partidos políticos, un delito que se introdujo en el Código Penal en 2015 y que nunca ha sido aplicado a un partido del gobierno. La defensa del PSOE, ejercida por el bufete Cuatrecasas, ha negado categóricamente haber recibido dinero de Aldama y ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue si las declaraciones del intermediario constituyen un delito de calumnia contra una persona jurídica. La Audiencia Nacional, por su parte, ha solicitado formalmente al Supremo copia de las declaraciones de Aldama durante el juicio oral para incorporarlas a la instrucción de la pieza separada.
El sexto y último capítulo del informe de Anticorrupción, titulado «Fallos sistémicos de control», es quizá el más inquietante de todos porque trasciende las responsabilidades individuales para describir un ecosistema institucional en el que la corrupción pudo prosperar gracias a la debilidad de los mecanismos de supervisión. El informe documenta que la Intervención General del Estado emitió al menos nueve informes de reparo sobre contratos vinculados a la red entre 2019 y 2022, pero que en todos los casos el ministro firmó la conformidad mediante el procedimiento de fiscalización diferida que permite ejecutar el contrato antes de que la Intervención complete su análisis, un mecanismo legal diseñado para situaciones de urgencia que, según Anticorrupción, fue utilizado de forma sistemática para eludir el control previo. El informe también señala que la Oficina Nacional de Auditoría del Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en los contratos de mascarillas en su informe anual de 2021 pero que sus observaciones no generaron ninguna investigación adicional porque el Tribunal de Cuentas carece de competencias penales y se limitó a trasladar sus conclusiones al Congreso, donde el informe fue archivado por la Mesa sin debate en sesión plenaria.
Las seis incógnitas del caso Koldo —el papel de Armengol, la financiación del PSOE, los 14 millones sin rastrear, la calificación como organización criminal, la credibilidad de Aldama y los pronunciamientos sobre responsabilidad política— configuran un mapa de riesgos cuya resolución determinará no solo el destino judicial de los acusados sino el futuro político de una legislatura que ya estaba herida de muerte antes de que el caso llegara a juicio. La sentencia del Supremo, cuando llegue, no cerrará el caso Koldo sino que abrirá un nuevo capítulo en el que las piezas separadas, los recursos y las posibles imputaciones derivadas mantendrán viva la causa durante años. España ha vivido grandes procesos de corrupción política —Gürtel, ERE, Púnica, Lezo— pero ninguno ha combinado como el caso Koldo la proximidad del núcleo del poder ejecutivo, la magnitud de los fondos desviados y la complejidad de la arquitectura internacional de blanqueo. Lo que Anticorrupción ha descrito en sus 247 páginas no es un caso de corrupción política convencional sino el retrato de un Estado capturado desde dentro por quienes debían protegerlo.
