Según el informe divulgado por la entidad, la detección se produjo mediante los controles biométricos instalados en la terminal aérea, que cruzaron los datos de identidad del viajero con bases de información de seguridad internacionales en el momento mismo de su arribo. El cotejo de datos habría arrojado, de acuerdo con el SNM, coincidencias directas entre el pasajero y una estructura delictiva organizada dedicada a delitos de alto impacto.
El SNM detalló que, una vez confirmado el perfil de riesgo del ciudadano mexicano, se activaron los protocolos de expulsión inmediata contemplados para casos de esta naturaleza, que incluyen la negativa formal de ingreso y el retorno del extranjero a su país de origen bajo estrictas medidas de custodia hasta el abordaje del vuelo de salida.
La entidad migratoria no ofreció mayores detalles sobre la identidad del hombre, la organización criminal a la que presuntamente pertenece ni el nombre de la aerolínea o el número de vuelo en que arribó. Tampoco precisó si el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades mexicanas para la apertura de un proceso judicial en ese país, ni si existe una alerta o solicitud de captura internacional formal contra el ciudadano expulsado. Hasta el momento no consta reacción pública del gobierno de México sobre el episodio.
El SNM reiteró que los sistemas de verificación biométrica y los filtros de seguridad operan de manera permanente en todos los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres del país, con el propósito declarado de detectar en tiempo real a personas con antecedentes o vínculos con estructuras criminales antes de que logren establecerse en territorio panameño.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal centro de conexiones aéreas de la región y uno de los de mayor tráfico de pasajeros de América Latina, concentra buena parte de estos controles por su condición de puerta de entrada al país y punto de tránsito hacia otros destinos del continente. Esa misma condición de nodo de conectividad regional lo convierte en un punto sensible para el tránsito de personas vinculadas a redes de crimen organizado transnacional, según han advertido en el pasado autoridades migratorias y de seguridad.
Por su posición geográfica como istmo que conecta Norteamérica con Sudamérica y por el peso de sus infraestructuras portuarias y aéreas, Panamá ha sido históricamente identificado por organismos internacionales como un corredor sensible para actividades ilícitas. Ese señalamiento ha llevado a sucesivas administraciones a reforzar los filtros en Tocumen y en los pasos fronterizos terrestres con Costa Rica y Colombia, este último a través de la ruta del Tapón del Darién, uno de los tramos migratorios de mayor tránsito irregular del hemisferio en la última década.
Marco legal de la expulsión
La facultad del Estado panameño para negar el ingreso a extranjeros considerados de riesgo para la seguridad nacional está contemplada en el Decreto Ley 3 de 2008, que establece el régimen migratorio vigente y otorga al SNM la potestad de impedir el ingreso o disponer la deportación de personas cuya presencia se considere una amenaza. En este supuesto no interviene en primera instancia el Ministerio Público panameño, dado que se trata de una persona no admitida en frontera y no de alguien que haya ingresado y sido detenido dentro del territorio; la decisión recae directamente en las autoridades migratorias, que actúan con base en las alertas de los sistemas de verificación de identidad y las bases de datos de cooperación policial internacional a las que el país tiene acceso.
La expulsión en frontera, sin mediar proceso penal en el país receptor, es el mecanismo más habitual que emplean los Estados centroamericanos ante viajeros con alertas de seguridad, pues permite una respuesta migratoria más ágil, aunque limita la información pública disponible sobre la identidad y el destino final de la persona expulsada. En el caso panameño, este tipo de rechazos en el aeropuerto ha sido una práctica recurrente en los operativos de control reforzado desplegados en Tocumen en años recientes.
El manejo de flujos migratorios y de amenazas de seguridad en la terminal no es nuevo en la historia reciente del país. Tras la invasión estadounidense de diciembre de 1989 y la posterior recuperación de la soberanía plena sobre el Canal el 31 de diciembre de 1999, Panamá ha ido asumiendo de forma progresiva el control de su seguridad fronteriza y aérea, y en las últimas dos décadas ha suscrito acuerdos de cooperación con organismos regionales e internacionales para el intercambio de información sobre personas buscadas por delitos transnacionales.
De cara a los próximos meses, el SNM no ha anunciado cambios específicos en sus protocolos de control biométrico a raíz de este caso, más allá de reiterar que los sistemas de verificación continuarán operando de manera permanente en todos los puntos de entrada al país. Cualquier información adicional sobre la identidad del ciudadano mexicano, la organización criminal señalada o eventuales procesos judiciales en México dependerá de lo que reporten las autoridades de ese país o de futuras comunicaciones oficiales del propio Servicio Nacional de Migración.