«Todo el que está en la isla Coiba tiene relación directa con el narcotráfico», sostuvo Mulino ante los miembros de su gabinete. La frase se enmarca en la política de seguridad contra el crimen organizado que el Órgano Ejecutivo ha impulsado desde el inicio de su gestión, en julio de 2024. El mandatario indicó, además, que el gobierno ha procedido al aislamiento de líderes de estructuras pandilleriles que permanecen detenidos en diferentes centros del país, aunque no detalló cifras sobre el número de reclusos trasladados ni los criterios aplicados.
La cárcel de la isla de Coiba, ubicada frente a la costa de la provincia de Veraguas, alberga desde hace años un centro penitenciario destinado a reos considerados de alta peligrosidad. Su aislamiento geográfico —la isla está a decenas de kilómetros de la costa continental— la ha convertido históricamente en un punto de reclusión para figuras vinculadas al crimen organizado. El archipiélago que rodea la isla fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 2005 por su parque nacional.
El Consejo de Gabinete ampliado en Tortí se suma a las reuniones itinerantes que el Ejecutivo ha realizado en distintas provincias durante 2026, con el propósito declarado de acercar la gestión gubernamental a corregimientos alejados de la capital. Chepo, distrito al que pertenece Tortí, se ubica en la provincia de Panamá Este y ha sido escenario en el pasado de operativos de seguridad relacionados con el tránsito de sustancias ilícitas hacia y desde la frontera con Colombia.
Panamá ocupa una posición geográfica considerada estratégica en las rutas del narcotráfico internacional, al conectar por vía terrestre y marítima Suramérica con Centroamérica y, eventualmente, con mercados de consumo en Estados Unidos. El país limita al sur con Colombia, uno de los principales productores mundiales de cocaína según reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lo que ha convertido a la frontera del Darién y las costas panameñas en zonas de particular atención para las autoridades de seguridad.
La afirmación presidencial sobre el perfil de los reclusos de Coiba no fue acompañada de estadísticas oficiales que precisen cuántas personas se encuentran actualmente recluidas en esa cárcel ni qué proporción de ellas enfrenta procesos judiciales específicamente vinculados a delitos de narcotráfico. El Ministerio Público es la entidad competente para determinar, a través de procesos judiciales, la naturaleza de los delitos atribuidos a cada recluso.
El régimen jurídico panameño establece la presunción de inocencia como garantía fundamental: conforme al artículo 22 de la Constitución Política, toda persona detenida se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio con las garantías del debido proceso. Ese marco implica que la calificación definitiva de un recluso como vinculado al narcotráfico corresponde a una sentencia firme dictada por el Órgano Judicial, no a una determinación administrativa.
El sistema penitenciario panameño ha sido objeto de señalamientos recurrentes por parte de organismos de derechos humanos, que en informes previos han documentado situaciones de hacinamiento en distintos centros del país. La política de traslado y aislamiento de reclusos de alta peligrosidad, incluidos presuntos cabecillas de pandillas, ha sido presentada por el Ministerio de Gobierno como una medida orientada a reducir la violencia intramuros y a cortar las líneas de mando que algunos reos ejercen desde prisión hacia el exterior.
Organizaciones de derechos humanos han advertido en ocasiones anteriores sobre el riesgo de generalizaciones respecto al perfil delictivo de la población penitenciaria, subrayando que la presunción de inocencia rige hasta que exista sentencia firme.
La estrategia de seguridad del actual gobierno ha incluido, desde 2024, el reforzamiento de la frontera del Darién ante el flujo migratorio irregular y una mayor cooperación con Estados Unidos en materia de interdicción marítima, en el marco de acuerdos bilaterales de larga data orientados al combate del tráfico de drogas en aguas panameñas y del Pacífico oriental.
Las declaraciones presidenciales sobre el sistema penitenciario y la lucha contra el narcotráfico han sido frecuentes en gobiernos panameños anteriores, particularmente en momentos de alta percepción de inseguridad ciudadana. La propia Coiba funcionó durante décadas del siglo XX como colonia penal de máxima dureza, hasta que su cierre progresivo derivó en la creación del parque nacional; su reutilización posterior como recinto para reos peligrosos ha mantenido a la isla en el centro del debate penitenciario del país.
Se espera que en las próximas semanas el Ministerio de Gobierno y el Sistema Penitenciario Nacional aporten datos más precisos sobre la población reclusa en Coiba y sobre los criterios aplicados en los traslados de cabecillas pandilleriles a otros centros del país.