El pronunciamiento de la mandataria, difundido en redes sociales, señaló de golpistas a los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Jorge Araya, autores del voto de mayoría que amparó un recurso presentado por un ciudadano ante la falta de suplentes. «Los magistrados golpistas han instaurado un régimen donde se otorgan poderes que ni la Constitución Política ni los instrumentos internacionales le han dado a la Sala Constitucional», expresó Fernández. La mandataria sostuvo que la resolución equivale «ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa, el único autorizado para nombrar y destituir a los magistrados».
Fernández también advirtió que no dejaría pasar la decisión del tribunal, al que atribuyó prorrogar «de manera ilegal e inconstitucional» los nombramientos vencidos desde el 16 de diciembre de 2025, y sostuvo que la Sala está violentando el principio de división de poderes. El Órgano Ejecutivo anunció que este lunes presentará ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia por el delito de prevaricato contra los cuatro magistrados, con lo que abre un frente judicial adicional en una confrontación que se prolonga desde el inicio de la actual administración.
La Sala Constitucional es la instancia encargada de tramitar recursos de amparo, hábeas corpus y acciones de inconstitucionalidad, además de la protección de derechos fundamentales. Sus magistrados suplentes cumplen un papel operativo: entran a resolver cuando un titular está de vacaciones, incapacitado o debe inhibirse de un caso concreto. Sin ellos, el tribunal opera con integración reducida desde diciembre pasado, lo que —según se ha señalado desde el propio Poder Judicial— habría incrementado el número de expedientes pendientes de resolución.
Un bloqueo de siete meses sobre la nómina judicial
El trasfondo del conflicto es un pulso institucional de siete meses. El Poder Judicial remitió la nómina de candidatos a suplentes el año pasado, pero la Asamblea Legislativa la ha devuelto en tres oportunidades sin exponer motivos sustantivos para su rechazo, según la versión judicial. Ante ese bloqueo prolongado, la Sala Constitucional optó por prorrogar los nombramientos vencidos, decisión que el Ejecutivo interpreta como una usurpación de funciones legislativas y que sectores judiciales y de oposición defienden como la única vía para evitar la parálisis del tribunal.
La diputada y ex primera dama (2018-2022) Claudia Dobles respaldó públicamente a la Sala Constitucional y aseguró que es la propia Asamblea Legislativa la que ha incumplido su deber de votar por los suplentes del tribunal, invirtiendo así la responsabilidad que el Gobierno atribuye a los magistrados. El Ministerio Público costarricense no ha fijado hasta el momento una posición pública sobre la denuncia por prevaricato anunciada para este lunes.
Este episodio se inserta en una tensión sostenida entre el Ejecutivo y el Poder Judicial que arrancó bajo la presidencia de Rodrigo Chaves (2022-2026), mentor político de Fernández y actual ministro de Hacienda y de la Presidencia. Chaves ha mantenido choques frecuentes con la cúpula judicial, a la que ha acusado reiteradamente de corrupción, y ambos han anunciado un recorte del 5% en el presupuesto asignado al Poder Judicial para 2027, medida que sectores de oposición y del ámbito judicial interpretan como una presión financiera paralela a la confrontación política.
En 2025, Chaves encabezó una protesta para exigir la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz, quien lo investiga por presunto financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2022 y por un aparente uso irregular de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica. La Sala Constitucional, por su parte, emitió durante la administración Chaves varios fallos adversos al Ejecutivo, algunos vinculados a violaciones a la libertad de prensa y de expresión.
Un precedente regional de pulsos entre órganos del Estado
La disputa ilustra los riesgos de un bloqueo legislativo prolongado sobre nombramientos judiciales, escenario que la historia política centroamericana ha visto repetirse cuando el Legislativo retiene indefinidamente nóminas remitidas por otro órgano del Estado. En la propia región, tensiones entre parlamentos y cortes por la renovación de altos tribunales han derivado en interinatos prolongados y en denuncias cruzadas por invasión de competencias, con la consiguiente acumulación de causas sin resolver.
Para el lector panameño, el episodio ofrece un contraste con el marco institucional local. En Panamá, el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia corresponde al Órgano Ejecutivo, mediante el Consejo de Gabinete, con ratificación de la Asamblea Nacional, y el Presupuesto General del Estado —con sus vistas presupuestarias ante el pleno— define anualmente las asignaciones a cada órgano, mientras el refrendo de la Contraloría General recae sobre los contratos estatales y no sobre la partida presupuestaria en sí.
La resolución del conflicto dependerá en lo inmediato de dos hitos: la respuesta de la Corte Suprema de Justicia a la denuncia por prevaricato que el Gobierno radicará este lunes, y la eventual votación en la Asamblea Legislativa de la nómina de magistrados suplentes, pendiente desde 2025. Mientras ninguno de esos trámites se resuelva, la Sala Constitucional continuará operando bajo el amparo de la prórroga dictada esta semana, en medio de un enfrentamiento institucional que, por ahora, no muestra señales de distensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.