La entrevista con ABC se produjo pocas horas después de que la Fiscalía de Barcelona archivara la denuncia que Comuns presentó contra Albiol por un supuesto delito de odio en el desalojo del antiguo instituto B9, ejecutado en diciembre de 2025. Donde hace menos de un año se levantaba esa nave ocupada por centenares de personas en situación irregular, en la frontera entre los barrios de Sant Roc y El Remei, hoy solo queda un solar cubierto de escombros. Allí, asegura el alcalde, construirá una comisaría: «Es lo que nos piden los vecinos».
El desalojo del B9 no fue inmediato. «Desde el primer momento en que se detectó la ocupación ilegal iniciamos un procedimiento judicial para recuperar este espacio y el edificio que había aquí. Pero el procedimiento se alargó tres años porque estos okupas estaban muy bien asesorados por abogados de entidades», explicó Albiol. El episodio se ha convertido en emblema del llamado 'modelo Badalona', que combina mano dura contra la ocupación ilegal, discurso de seguridad e inmigración y una notable proyección en redes sociales.
Frente a la lentitud judicial, Badalona ha desarrollado un entramado propio para anticiparse a las ocupaciones: una oficina de atención a los propietarios afectados, una unidad especializada de la Guardia Urbana —la Domus— y, desde 2023, una concejalía dedicada en exclusiva a combatir el fenómeno. Según el propio alcalde, ese dispositivo ha frustrado alrededor de la mitad de los intentos de ocupación detectados en los últimos años, aunque reconoce el techo competencial del consistorio: «En Badalona llegamos al límite en nuestras actuaciones. Mientras no cambie la legislación, los ayuntamientos seguirán actuando con las manos atadas».
Un texto que decayó al disolverse las Cortes
Ese diagnóstico es el que ha llevado a Feijóo a encargarle el diseño de la norma estatal, con el propósito declarado de agilizar los desalojos y extender a toda España los mecanismos ensayados en Badalona. El texto de referencia, la proposición registrada por el PP en febrero, superó su toma en consideración en mayo con la abstención de Junts antes de decaer con la convocatoria electoral. La ocupación sin título habilitante ya está tipificada en el Código Penal vigente, pero la vía civil y penal para recuperar un inmueble puede prolongarse meses o años, como ilustra el propio caso del B9.
«Hay que poder desocupar en 48 horas. Eso lo compartimos muchísima gente, sea de izquierdas o de derechas», afirmó Xavier García Albiol, alcalde de Badalona.
La trayectoria política de Albiol explica en parte la confianza de Feijóo. Alcanzó la alcaldía en 2011 con once concejales, la perdió por un pacto de izquierdas en 2015 y de nuevo en 2019, y la recuperó en 2020 tras ganar una moción de censura al PSC. En 2023 obtuvo mayoría absoluta con 18 de los 27 concejales, 50.185 votos y el 55,73% de los sufragios, ganando en los 34 barrios de la ciudad, un resultado que el PP exhibe ahora como aval para proyectar su figura a escala nacional.
Albiol reivindica un estilo que, según sostiene, trasciende las etiquetas ideológicas: «La fórmula que aplicamos aquí es el sentido común y la lógica. Una cosa es el discurso políticamente correcto que algunos pretenden instaurar en Cataluña de manera monolítica, y otra lo que creemos quienes entendemos que la política debe aportar soluciones a los problemas y a las realidades que viven los ciudadanos cada día». Sus críticos, principalmente Comuns y otras formaciones de izquierda, le acusan de estigmatizar a la población inmigrante con un discurso de confrontación; para sus votantes representa al alcalde dispuesto a intervenir donde otras administraciones no lo hacen.
El contraste se enmarca en una agenda migratoria que marca el otoño político, como refleja el repunte de las llegadas por mar a España. El alcalde sintetiza su posición con una frase que ha repetido en distintos foros: «Bienvenidos quienes vienen a España a aportar, puerta cerrada a quienes crean problemas». Sobre la ocupación ilegal, defiende que el marco legal invierte el orden de los derechos: «El que da una patada en la puerta no puede tener más derechos que el propietario: es inasumible», sentenció, en referencia al texto que deberá actualizar antes de su previsible nuevo registro en las Cortes.
