Los manifestantes corearon consignas como "Todas bajo techo, la vivienda es un derecho", "Cantabria no se vende, Cantabria se defiende" y "La casa es para tener hogar, no para especular", en una protesta que reunió a movimientos sociales, sindicales y partidos de izquierda. Los convocantes vincularon el caso de Maricarmen con situaciones similares recientes en la región, entre ellas la de José, desalojado semanas atrás en Muriedas, y la de Blanca y su hija, desahuciadas en Santander en un operativo que incluyó cargas policiales.
"Un caso como el de Mari Carmen remueve y moviliza masivamente porque despojar a una persona vulnerable mediante la fuerza policial hace que salir a la calle sea lo mínimo. Pero debemos enfocar la mirada hacia nuestras propias calles, barrios y pueblos", proclamaron las organizaciones convocantes en su manifiesto conjunto.
La resistencia de Hermanos Calderón
La protesta se personificó especialmente en la lucha de los vecinos de la calle Hermanos Calderón, en el barrio santanderino de Peñacastillo, donde viviendas de alquiler asequible promovidas originalmente por la Fundación La Caixa han pasado a manos de Mosaic Propco, un fondo de inversión con sede en Luxemburgo. Clara Salas, portavoz de los afectados, denunció el acoso mediante visitas a puerta fría y llamadas a deshoras de empresas de desocupación contratadas para forzar la salida de los residentes o presionarles para que compren sus pisos por más de 240.000 euros, el doble del precio al que el fondo los adquirió de Caixabank, unos 120.000 euros por vivienda según los afectados.
Salas subrayó que en los bloques residen personas de 65, 70 y 80 años, menores y personas con gran dependencia que durante una década asumieron el pago del IBI, seguros y gastos de comunidad confiando en acceder finalmente a la propiedad de sus viviendas.
"Nosotros construimos nuestro hogar aquí y no nos vamos a ir cuando caduquen los contratos; vamos a luchar unidos contra el fondo y contra las administraciones", aseveró Clara Salas, portavoz de los vecinos afectados de Hermanos Calderón.
El colectivo aprovechó la concentración para repartir cartas dirigidas al Ayuntamiento de Santander, en las que se solicita al consistorio que replantee la compra de los inmuebles para garantizar que mantengan de forma permanente su función de alquiler social público. Salas adelantó que la próxima semana los afectados acudirán al Congreso de los Diputados para exigir soluciones.
David Ayala, portavoz del Sindicato de Vivienda de Cantabria, situó la protesta en el marco del derecho a una vivienda digna reconocido por el artículo 47 de la Constitución de 1978, frente al que contrapuso el afán de lucro de los grandes tenedores, y responsabilizó tanto al Gobierno central como al autonómico de garantizar alternativas habitacionales. Los convocantes advirtieron sobre la penetración creciente de fondos de inversión especulativos, los alquileres temporales inasumibles, la turistificación masiva y lo que calificaron de "zulos a precios abusivos" e "hipotecas asfixiantes".
La movilización enlaza con la ola de protestas por el acceso a la vivienda que recorre España desde 2024, cuando decenas de miles de personas marcharon en varias ciudades reclamando la bajada de los alquileres al amparo de la Ley de Vivienda aprobada en mayo de 2023, cuya declaración de zonas tensionadas queda en manos de las comunidades autónomas. En Cantabria, el Gobierno regional no la ha aplicado. Los vecinos de Hermanos Calderón han fijado su próximo paso para la semana que viene, con su acudida al Congreso de los Diputados.
