Aunque el pacto con Riad se limita, sobre sus términos oficiales, al uso civil de la energía atómica, sus críticos advierten de que carece de garantías suficientes para descartar un eventual desvío hacia fines militares. Mientras activos militares estadounidenses golpean instalaciones vinculadas al programa iraní, el marco de cooperación con Arabia Saudí incluye la capacidad de enriquecer uranio en suelo saudí, precisamente lo que Washington ha rechazado de manera sistemática conceder a Teherán.
El enriquecimiento es el proceso técnico que concentra el isótopo U-235, necesario tanto para generar electricidad en reactores como, en grados muy superiores, para fabricar el núcleo de un arma. La diferencia no reside en la tecnología sino en la pureza alcanzada: una central funciona con uranio enriquecido en torno al 3-5%, mientras un dispositivo militar requiere niveles superiores al 90%. Esa línea técnica es la que ha alimentado durante décadas la desconfianza internacional hacia cualquier Estado que reclame enriquecer por su cuenta.
Del reactor a la bomba: una frontera política, no técnica
El referente inevitable es el acuerdo nuclear con Irán de 2015, el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), que fijaba a Teherán un techo de enriquecimiento del 3,67% y sometía sus instalaciones a inspecciones periódicas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena. Estados Unidos abandonó ese pacto de forma unilateral en 2018, durante el primer mandato de Trump, al considerarlo insuficiente. Desde entonces Irán ha elevado gradualmente sus niveles de enriquecimiento, hasta anunciar concentraciones cercanas al 60%, un umbral a un paso del grado armamentístico.
Arabia Saudí ha sostenido durante años que necesita una industria nuclear propia para diversificar su matriz energética más allá del petróleo, en línea con su plan Visión 2030. En 2018, el príncipe heredero Mohamed bin Salman declaró públicamente que su país desarrollaría armas nucleares si Irán lo hacía primero. El hecho de que Riad reclame la capacidad de enriquecer, en lugar de adquirir uranio ya procesado a terceros como hace la mayoría de programas civiles, ha generado recelo entre los organismos de control.
El nuevo pacto no contemplaría, según ha trascendido, restricciones tan estrictas como las impuestas en su día a Irán. La Asociación de Control de Armamento (Arms Control Association), con sede en Washington, ha advertido en pronunciamientos sobre acuerdos similares de que ceder tecnología de enriquecimiento a un país sin protocolo adicional del OIEA plenamente en vigor abre una vía, aunque sea remota, hacia la proliferación.
Salvaguardias sin detallar y el 'estándar de oro' ausente
El marco legal que regula estos convenios en EE UU es la sección 123 de la Ley de Energía Atómica de 1954, que exige el visto bueno del Congreso para cualquier acuerdo de cooperación nuclear civil con un país extranjero. Estos llamados 'acuerdos 123' fueron la vía empleada con socios como Emiratos Árabes Unidos, que en 2009 renunció expresamente al enriquecimiento y al reprocesamiento en su territorio a cambio de asistencia estadounidense, compromiso conocido como el 'estándar de oro' de la no proliferación. Que Arabia Saudí no haya asumido esa misma renuncia es el punto que más preocupa a los analistas.
El Congreso dispone de 90 días legislativos continuos para revisar y, en su caso, bloquear mediante resolución conjunta un acuerdo 123 remitido por el Ejecutivo, aunque ninguno ha sido rechazado desde que la ley entró en vigor. Legisladores de ambos partidos, incluidos senadores republicanos sensibles a la proliferación en Oriente Próximo, podrían solicitar en las próximas semanas comparecencias y aclaraciones sobre las salvaguardias del texto antes de que expire ese plazo.
Desde la Casa Blanca no se ha ofrecido hasta el momento una explicación pública detallada sobre la coexistencia de la ofensiva contra las instalaciones iraníes y la habilitación de esa misma capacidad para un aliado. Fuentes cercanas a la Administración, citadas en la información original, sostienen que el caso saudí es distinto porque Riad no ha declarado intención de fabricar armamento y porque el acuerdo incluiría supervisión internacional, sin que se hayan precisado sus términos ni si el reino ratificaría el protocolo adicional del OIEA, que autoriza inspecciones más intrusivas y sin previo aviso.
Irán ha denunciado de forma reiterada lo que considera un doble rasero de Washington. Teherán ha argumentado en la Asamblea General de la ONU que su programa está amparado por el Tratado de No Proliferación (TNP), del que es firmante desde 1970, y que el artículo IV reconoce a todos los Estados parte el derecho a la energía nuclear civil. Arabia Saudí también suscribió el TNP, en 1988, aunque nunca ha aceptado un acuerdo de salvaguardias con protocolo adicional equivalente al que Irán asumió bajo el JCPOA.
La rivalidad entre Riad y Teherán excede lo nuclear y se remonta a la Revolución iraní de 1979, que instauró una república islámica de mayoría chií frente a una monarquía saudí que se erige en guardiana de los lugares santos suníes de La Meca y Medina. Ambas potencias han competido durante décadas por la hegemonía regional mediante conflictos indirectos en Yemen, Siria, Líbano e Irak, y solo restablecieron relaciones diplomáticas en 2023 tras una mediación de China, un deshielo que el nuevo episodio bélico vuelve a tensionar.
Para Washington, el acuerdo con Riad se inscribe también en su estrategia de contención frente a la influencia de China y Rusia en el golfo Pérsico, región que concentra más de un tercio de las reservas probadas de petróleo del planeta según la Administración de Información Energética de EE UU (EIA). Estados Unidos busca mantener a Arabia Saudí, su principal socio en la OPEP, fuera de la órbita de Pekín, que en los últimos años ha ofrecido a Riad cooperación en misiles balísticos y tecnología nuclear como alternativa a la dependencia occidental.
La escalada militar contra Irán, iniciada a mediados de julio, no ofrece por ahora una salida clara, lo que añade incertidumbre sobre el rumbo de la política nuclear estadounidense en la región. Israel, aliado clave en la ofensiva, ha reclamado históricamente el desmantelamiento total de la capacidad de enriquecimiento iraní, mientras Teherán ha insistido en que no renunciará a un derecho que considera irrenunciable bajo el TNP.
En las próximas semanas será determinante si el Congreso ejerce su capacidad de revisión sobre el acuerdo con Riad, si el OIEA obtiene acceso pleno a las futuras instalaciones saudíes y si Teherán endurece su postura negociadora ante lo que interpreta como un trato desigual. El desenlace de la guerra en curso condicionará, en paralelo, el margen de la Casa Blanca para sostener su política de no proliferación en Oriente Próximo.
