Recogieron los reconocimientos la diputada tercera de la Junta de Gobierno del Colegio, Clara Eugenia Torrens Fontana; la diputada quinta, Patricia Martínez Selva; la colegiada María Inmaculada Guil, CEO de Guil Abogados; y el abogado del Estado en Ceuta, Alejandro Jerónimo Verdaguer. Torrens afirmó que la crisis «ha puesto a prueba a nuestras instituciones y especialmente a nuestro sistema de asistencia jurídica gratuita» y reivindicó la respuesta del colectivo, que dijo haber actuado «con profesionalidad, compromiso, vocación y servicio público».
Torrens destacó un nuevo servicio del Colegio para asistir a menores extranjeros no acompañados en los procedimientos de triaje. «Hemos demostrado que, incluso en circunstancias excepcionales, la abogacía es una pieza esencial del Estado de Derecho», resumió. La asistencia jurídica gratuita que mencionó es un derecho reconocido por el artículo 119 de la Constitución, que garantiza la justicia gratuita a quienes acrediten insuficiencia de recursos.
El testimonio más detallado lo aportó Guil, que ejerció en el turno de oficio durante la crisis siendo ella misma ceutí. Relató la dificultad de «desvincularnos emocionalmente» mientras asistía «en situaciones bastante críticas», y reveló que el 27 de agosto le correspondió asistir a los doce marroquíes detenidos por atacar a militares españoles.
«Entre ellos había militares y fuerzas auxiliares de Marruecos. En las instalaciones del juzgado, ellos en ningún momento negaron su condición de militar», declaró María Inmaculada Guil, abogada del turno de oficio y CEO de Guil Abogados.
Según su relato, de los doce detenidos solo uno ingresó en prisión a la espera de juicio, mientras que al resto les asesoró para que optaran por la expulsión del territorio nacional. Guil describió también la sobrecarga documental: «Nos enfrentamos diariamente a miles de WhatsApp y correos electrónicos con documentos de Costa de Marfil, Sudán, Etiopía, Chad, Yemen o Palestina, y no tenemos forma de saber si son falsos o no», y añadió que muchos solicitantes alegan huir de grupos yihadistas como Boko Haram.
Asilo en frontera desde el 12 de junio
La letrada situó el trabajo en un marco normativo cambiante: desde el 12 de junio las solicitudes de asilo se tramitan en frontera y no en territorio, lo que impide a los solicitantes trasladarse a la península al mes de la petición, y desde septiembre rige el reglamento europeo de retorno y de terceros países seguros. El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, aprobado por la UE en 2024, prevé precisamente ese procedimiento fronterizo acelerado para determinadas solicitudes.
El acto fue conducido por el periodista Vicente Gil, que abrió con un duro repaso a la gestión del Gobierno —«Ceuta fue invadida», sostuvo— y comparó la respuesta con la del islote Perejil en 2002, cuando el Ejecutivo envió grupos de operaciones especiales que desalojaron a los gendarmes marroquíes y plantaron la bandera española. Martínez Selva, por su parte, recogió una invitación del Consejo General del Notariado, que celebrará su pleno en Ceuta en febrero: «Les estamos esperando con los brazos abiertos. Y que no nos olvidéis, por favor».
Verdaguer, que no tenía previsto intervenir, agradeció el reconocimiento «a la Abogacía del Estado y a toda la sociedad española» y precisó que durante la crisis fue consultado en varias ocasiones por la Ciudad Autónoma además de su labor habitual de asesoramiento al Estado. La situación de Ceuta ha marcado la agenda política en las últimas semanas, en un contexto en el que Feijóo ha planteado desplegar el Ejército en la frontera «si Marruecos no nos respeta».
