El papel de Pardo de Vera en la contratación de Jésica Rodríguez
La exdirectiva reconoció ante el instructor haber actuado como «correa de transmisión» al remitir el currículo de Jésica Rodríguez a Ineco, empresa pública de ingeniería y consultoría adscrita al Ministerio de Transportes. Subrayó, no obstante, que en aquel momento desconocía el vínculo sentimental de Rodríguez con el ministro Ábalos, y que su intervención se limitó a facilitar un documento sin intervenir en la decisión final de contratación, responsabilidad que, según su versión, recayó íntegramente en los órganos de selección de la empresa.
Ineco es una sociedad anónima de capital íntegramente público —participada por Adif y por el Estado a través del Ministerio de Transportes— cuyo régimen de contratación de personal, al no ser Administración Pública en sentido estricto, no está sujeto a la oferta de empleo público ordinaria, aunque sí debe respetar los principios de publicidad, concurrencia y mérito que la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público extiende a los poderes adjudicadores. Esa zona gris entre el derecho privado y las obligaciones de transparencia del sector público es precisamente uno de los focos del instructor.
Cuando Pardo de Vera supo de la relación y llamó al ministro
El momento de mayor carga procesal de la declaración llegó cuando la exfuncionaria narró la secuencia que siguió a su descubrimiento del vínculo entre Ábalos y Rodríguez. Definió la situación como «violenta» y argumentó que podía «dañar» a las instituciones. Su respuesta fue llamar directamente al ministro: «Le dije que el contrato de esta persona en Ineco llega a su fin y no hay posibilidad de prórroga ninguna», declaró, dando así por zanjada —según su relato— cualquier continuidad laboral de Rodríguez en el organismo público.
Este episodio tiene relevancia procesal directa porque ilustra que la propia investigada era consciente del riesgo reputacional e institucional que entrañaba la situación y adoptó una medida correctora de forma unilateral, sin elevar el asunto a ningún órgano de control interno ni, al menos según lo declarado, a la Intervención General del Estado o a la Abogacía del Estado. La instrucción deberá valorar si esa gestión telefónica resulta suficiente o si debería haber activado protocolos formales de control.
Koldo García: presiones, mensajes y «formas de tratar a las mujeres»
Pardo de Vera reservó una parte sustancial de su declaración a describir su relación con Koldo García, el entonces asesor de Ábalos cuya causa fue desglosada de la Audiencia Nacional y trasladada al Tribunal Supremo, donde ha sido ya juzgado y aguarda sentencia. La exsecretaria de Estado lo calificó de presencia «no habitual» en el ministerio ni en ninguna de las empresas del grupo y narró al menos dos episodios concretos de interferencia.
El primero, vinculado a la empresa LIC-Levantina, cuyo propietario está bajo investigación judicial. Según Pardo de Vera, Koldo presionó para que se revisara una reclamación de esa mercantil, momento en que Ábalos intervino para rebajar la tensión con la frase «tranquila, sólo es en relación a la empresa LIC, que lo están pasando mal». La reclamación, precisó, no prosperó. El segundo episodio giró en torno a la adjudicación de un contrato a la constructora San José: García le remitió un mensaje en el que afirmaba estar «con José» y expresaba su malestar porque la adjudicación había recaído en esa empresa. «Es una empresa habitual de todas las obras, no me lo explico», respondió ella al instructor.
La exdirectiva añadió que García se dirigía a ella con expresiones como «bonita, no te preocupes», lo que describió como propias de «esas formas de tratar a las mujeres». Ese trato, afirmó, la llevó a proponer al propio Ábalos que la cesara de su cargo, propuesta que —según su relato— no fue atendida.
Aldama en el hall del ministerio
Preguntada por la presencia de Víctor de Aldama —el empresario que ha resultado ser pieza central en el denominado caso Koldo— en la sede del Ministerio de Transportes, Pardo de Vera admitió que le «asombraba» verlo «tantas veces en el hall», pero sostuvo que nadie le habló nunca de adjudicaciones vinculadas al entorno de Aldama ni recibió instrucción alguna relacionada con sus empresas. Esta declaración contrasta con la relevancia que el instructor y la Fiscalía Anticorrupción han otorgado a los flujos de contratos y comisiones que la investigación atribuye a la red articulada alrededor del asesor y del empresario.
El marco procesal: dos causas, dos tribunales
La causa en la que declaró Pardo de Vera permanece en la Audiencia Nacional, en fase de instrucción. La pieza que afecta directamente a Koldo García y a Ábalos —el denominado caso Koldo en su vertiente principal— fue inhibida hacia el Tribunal Supremo al afectar a un aforado, en este caso el exministro, hoy senador, estatus que le confiere fuero ante la Sala de lo Penal del alto tribunal. Ese procedimiento ya ha concluido la fase oral y aguarda sentencia, lo que sitúa los dos procesos en calendarios judiciales distintos con posibles solapamientos de prueba.
El precedente de causas bifurcadas por aforamiento que luego deben coordinarse no es infrecuente en la jurisprudencia española. El caso Gürtel ofreció un ejemplo paradigmático de instrucción fragmentada entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, con las consiguientes dificultades para valorar conjuntamente la prueba. La Sala Segunda del Supremo ha desarrollado doctrina al respecto, pero la fragmentación sigue siendo un factor que ralentiza y complica la depuración de responsabilidades.
Qué sigue en la instrucción
Con la declaración de Pardo de Vera incorporada al sumario, el instructor de la Audiencia Nacional deberá ponderar si su versión —que en lo esencial la sitúa como alguien que recibió presiones, las rechazó y actuó para poner fin a la situación irregular— es compatible con los indicios recabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyas diligencias han servido de base para los escritos de acusación en el procedimiento. La UCO ha aportado análisis de comunicaciones y documentación financiera que el juzgado continúa examinando.
La siguiente fase previsible es la conclusión de la instrucción y la eventual apertura de juicio oral para los investigados que no gocen de aforamiento. Los plazos procesales en causas de esta complejidad —con múltiples piezas separadas, decenas de testigos y voluminosa prueba documental y pericial— hacen improbable que el juicio oral se celebre antes de 2026. Entre tanto, la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Koldo en su tramo aforado podría aportar hechos declarados probados que condicionen la valoración de la prueba en la causa paralela que sigue abierta en la Audiencia Nacional.
