El documento de condiciones técnicas del contrato lleva fecha de firma del 24 de septiembre, mientras que el pliego de condiciones particulares está fechado el 26 de octubre, dos días antes del siniestro de Urda (Toledo), provocado por la caída del sistema de seguridad LZB, a lo que siguió una sucesión de decisiones erróneas en el centro de control de Adif. Fuentes oficiales de Renfe sostienen que el proceso se puso en marcha antes del accidente de Adamuz, ocurrido en enero, aunque la licitación permaneció sin activarse hasta después del verano.
El 4 de noviembre, una semana después de la tragedia de Urda, Renfe publicó toda la documentación del contrato en el portal de contratación y abrió el plazo de presentación de ofertas hasta el 30 de noviembre. El contrato afecta a todo el grupo —filiales de viajeros, mercancías, ingeniería y mantenimiento, alquiler de material ferroviario y proyectos internacionales, además de la Escuela Técnico Profesional de Conducción y Operación y los Centros de Reconocimiento Médico de Personal Ferroviario— y contempla auditorías, diagnósticos, visitas técnicas e inspecciones sobre los sistemas de gestión con impacto en la seguridad de la circulación.
El precedente de 2018
Renfe defiende que este tipo de contrataciones son habituales en su funcionamiento interno. La compañía argumenta que «no es la primera vez que se realiza esta contratación. Ya lo hicimos hace años para contar con apoyo para hacer auditorías, actividad contemplada de acuerdo con los sistemas de gestión del grupo. El último es de 2018. Es algo habitual». Aquel contrato, sin embargo, era de consultoría, no de auditoría, orientado a «apoyo para la revisión, actualización e implantación de los sistemas de gestión de seguridad», con una duración de 13 meses y limitado a las filiales de viajeros y mercancías.
El nuevo contrato, de 36 meses, triplica ese plazo y amplía el objeto a la totalidad del grupo, incluida la evaluación individualizada de maquinistas y mandos intermedios de conducción, una diferencia sustancial respecto al precedente que la propia Renfe invoca. El alcance incluye la revisión de «procesos de cualquier tipo y naturaleza» del grupo, desde la planificación y gestión de riesgos hasta la «estructura de personal, roles-funciones, competencia-roles, procedimiento-roles, sistemas de reporte, etc.».
La licitación establece también una evaluación de las «dimensiones de la cultura de seguridad» del personal, con vigilancias in situ sobre mandos intermedios de conducción y un análisis que abarca desde la selección y promoción profesional hasta la formación continua de los perfiles con impacto en la seguridad de la circulación.
«Actitudes básicas y de conocimiento y sensibilización sobre la seguridad en la circulación, tales como valores actitudinales, dimensiones de liderazgo, mentorazgo y tutorización, compromiso, identificación, percepción y prevención del riesgo, retorno de experiencia, etc.», según el pliego de condiciones técnicas del contrato.
El proceso llega en pleno conflicto colectivo entre los sindicatos y la dirección de Renfe, centrado precisamente en cuestiones de seguridad y condiciones de trabajo. Desde el sindicato de maquinistas Semaf señalan que una auditoría de estas características figura entre sus reivindicaciones históricas y esperan que la empresa la ponga en marcha cuanto antes.
Mientras se resuelve la adjudicación, prevista para después del 30 de noviembre, el foco de la investigación sobre el accidente de Urda sigue puesto en el Gobierno y en Adif, responsables del mantenimiento de la infraestructura y de los sistemas de seguridad, así como en la formación de los maquinistas que operan la línea.
