Los ríos Canyoles y Albaida han albergado históricamente poblaciones estables de este pez migratorio, según recuerda Agró, que lleva años realizando un seguimiento sobre el terreno en la zona. Esas tareas de campo han permitido documentar varios episodios de mortalidad elevada coincidiendo con los meses de menor caudal, cuando algunos tramos fluviales quedan reducidos a charcas sin conexión entre sí y las anguilas mueren por falta de oxígeno o por el calor del agua.
El colectivo reclama a las administraciones que garanticen un caudal ecológico mínimo durante los periodos más secos del año. Sostiene que un flujo constante, aunque reducido, evitaría que los peces queden confinados en puntos sin salida donde el agua se calienta y pierde oxígeno disuelto con rapidez.
Vacío legal pese al 90% de caída
La situación presenta una contradicción administrativa: la anguila no figura en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, lo que permite que su pesca continúe bajo regulación y cupos específicos en la Comunidad Valenciana y otras autonomías. Sin embargo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la clasificó en 2008 como especie «en peligro crítico de extinción», el nivel más alto antes de la desaparición. Los estudios calculan que su población ha caído más de un 90% desde la década de 1970.
El Gobierno central ha intentado en varias ocasiones incorporar la anguila al catálogo de fauna amenazada, lo que obligaría a prohibir su captura en todo el territorio. Varias comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, se han opuesto al considerar que tendría un fuerte impacto económico y cultural en zonas donde la pesca forma parte de la tradición local. La última reunión entre el Ministerio para la Transición Ecológica y las autonomías terminó con el acuerdo de crear un grupo de trabajo encargado de elaborar un plan estratégico para la anguila y otras especies migratorias, como el salmón o el esturión, mientras el debate sobre su protección legal queda aplazado.
La inclusión en el catálogo se rige por el Real Decreto 139/2011, que desarrolla el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial: la incorporación de una especie amenazada activa automáticamente medidas de conservación y restricciones a su aprovechamiento. El pulso entre protección y actividad pesquera no es nuevo; el lince ibérico, catalogado «en peligro crítico» durante años, solo rebajó su estatus a «vulnerable» en 2024 tras dos décadas de planes de recuperación coordinados entre el Estado y las autonomías.
Los investigadores que siguen la evolución de la especie en los sistemas fluviales valencianos señalan que la sequía no es el único factor detrás del declive. La fragmentación de los ríos por presas y azudes interrumpe el recorrido migratorio que la anguila necesita completar entre el río y el mar, donde desova en el mar de los Sargazos; muchas barreras impiden que los ejemplares adultos lleguen a completar ese ciclo reproductivo.
A ese obstáculo se suma el deterioro de la calidad del agua: el exceso de nutrientes de origen agrícola favorece episodios de eutrofización en algunos sistemas fluviales y humedales valencianos, con proliferación de algas que consumen el oxígeno disponible. La presión pesquera sobre las angulas, las crías de la especie con alto valor comercial, añade otro factor, al alimentar tanto el mercado legal como el tráfico ilegal hacia Asia. La tensión entre conservación y usos del litoral valenciano reaparece en otros frentes, como el plan de Costas para derribar la antigua cofradía de San Andrés.
El grupo de trabajo acordado entre el ministerio y las comunidades autónomas queda encargado de diseñar ese plan estratégico, sin que conste por el momento un calendario para su conclusión ni una fecha para retomar el debate sobre la posible inclusión de la anguila en el catálogo de especies amenazadas.
