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Experto alerta que panameños también prestarían bajo la modalidad 'gota a gota'

Un especialista advierte que el crédito informal de intereses elevados, vinculado en otros países al blanqueo de capitales, ya tendría prestamistas nacionales.

Por Redacción de El Hemiciclo·
4 min de lectura
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Un especialista consultado sobre economía informal advirtió que la modalidad de préstamo conocida como 'gota a gota' —créditos en efectivo con intereses elevados, sin contrato ni respaldo legal— estaría siendo operada también por panameños, y no solo por redes extranjeras, en un fenómeno que en otros países se asocia al lavado de activos.

La modalidad conocida popularmente como 'gota a gota' consiste en préstamos informales de dinero en efectivo, otorgados sin contrato ni respaldo legal, que se cobran con intereses diarios o semanales muy por encima de los que rige la banca formal. Su nombre alude a esa recuperación paulatina, 'gota a gota', del capital prestado más una ganancia que suele expresarse en cuotas fijas cobradas puerta a puerta.

Según el experto consultado, el dinero de estos préstamos normalmente, en otros países, "procede de actividades ilícitas, buscando blanquear capitales". El circuito puerta a puerta, que devuelve el capital en pequeñas cuotas difíciles de rastrear, ofrece una capa de opacidad atractiva para quienes buscan dar apariencia de legalidad a fondos de origen dudoso.

La novedad que plantea la fuente es que, en Panamá, esta modalidad no sería operada exclusivamente por extranjeros, sino que panameños estarían replicando el esquema como prestamistas. De confirmarse con datos oficiales, se trataría de una mutación de un fenómeno que hasta ahora se había asociado principalmente a redes foráneas asentadas en el país.

Un marco penal que castiga la usura pero convive con la clandestinidad

El ordenamiento panameño contempla la figura de la usura, que sanciona el cobro de intereses que excedan los límites fijados por la ley para las operaciones de crédito. La naturaleza informal de estos préstamos, y las prácticas intimidatorias que en otros países han acompañado el cobro cuando el deudor se atrasa, dificultan que las eventuales víctimas denuncien ante el Ministerio Público, lo que mantiene buena parte del fenómeno fuera del radar de las autoridades.

La Superintendencia de Bancos de Panamá y la Superintendencia de Sujetos No Financieros son las entidades llamadas a supervisar, cada una en su ámbito, las operaciones crediticias y los riesgos de lavado de activos en el sistema financiero y en las actividades reguladas. Ninguna se ha pronunciado sobre las declaraciones del especialista ni sobre una posible investigación específica relacionada con la expansión de estos préstamos entre prestamistas panameños.

La Unidad de Análisis Financiero, encargada de la inteligencia financiera en materia de prevención de blanqueo, tampoco ha emitido comunicados sobre el señalamiento. Corresponde a estas instancias evaluar si existen elementos suficientes para abrir líneas de investigación o emitir alertas dirigidas al sistema financiero y a la ciudadanía.

Panamá, entre las listas grises y la vigilancia del efectivo informal

Panamá no es ajeno a las alertas internacionales sobre blanqueo de capitales. El país integró durante años listas de vigilancia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de las que salió tras un proceso de reformas orientadas a fortalecer los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La eventual proliferación de esquemas como el 'gota a gota' reabre el debate sobre la vigilancia de flujos informales de efectivo que escapan al sistema bancario supervisado.

El fenómeno ha sido documentado con mayor intensidad en países vecinos de la región, desde donde se ha expandido hacia otras naciones de América Latina, en ocasiones asociado a movimientos migratorios. Panamá, receptor histórico de flujos migratorios, ha sido señalado en años recientes por la presencia de esta práctica en sectores del comercio informal y mercados populares de la capital.

La ausencia de cifras oficiales sobre el volumen de dinero que movería esta modalidad limita, por ahora, cualquier dimensión precisa del fenómeno. Ni el Ministerio Público ni el Órgano Judicial han reportado públicamente causas caratuladas específicamente bajo esta modalidad, lo que sugiere que buena parte de los casos, de existir, permanecerían sin denunciar o integrados en expedientes genéricos de usura o extorsión.

El recurso a estos créditos exprés se concentra en sectores de bajos ingresos y pequeños comerciantes con dificultad para acceder al financiamiento bancario formal, que exige historial crediticio, garantías y trámites que muchas veces exceden la capacidad o la urgencia de quienes buscan liquidez inmediata. Esa brecha de acceso al crédito ha sido, en distintos países de la región, el terreno fértil sobre el que se asienta el préstamo informal.

La atención pública sobre estos esquemas suele intensificarse cuando se conocen casos de violencia asociados al cobro de deudas, un patrón observado en otras naciones antes de que sus autoridades reforzaran la persecución penal de estas redes. En Panamá, de momento, no se han reportado hechos de violencia vinculados explícitamente a esta modalidad que hayan derivado en procesos judiciales de alto perfil.

De cara a los próximos meses, el alcance del 'gota a gota' en Panamá dependerá de que aparezcan denuncias formales o estadísticas que permitan a las autoridades dimensionar su verdadera magnitud. Mientras tanto, la advertencia del especialista queda como una señal de alerta temprana sobre un fenómeno que, de crecer, plantearía retos tanto para la fiscalización financiera como para la protección de los sectores más vulnerables del comercio informal.

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