La diferencia entre ambas cifras no es menor. Según el informe de la OMS de 2025, la exposición promedio estimada para Panamá equivale a cerca de 2.4 veces el umbral que la propia organización fija como límite de seguridad para la salud humana. El mismo perfil ambiental y sanitario advierte, además, que el país todavía no dispone de un estándar legal nacional específico para PM2.5 equivalente a ese valor anual recomendado, un vacío normativo que dificulta tanto la vigilancia sistemática como la fijación de metas de reducción.
Las PM2.5 y las PM10 son partículas microscópicas suspendidas en el aire, de un tamaño tan reducido que pueden penetrar en lo profundo de los pulmones y, en el caso de las más finas, alcanzar el torrente sanguíneo. Están compuestas por polvo, hollín, humo, metales, sulfatos, nitratos y compuestos orgánicos, y proceden en su mayoría de la combustión de vehículos, la industria, la construcción y la quema de basura o biomasa, además de fuentes naturales como el polvo del suelo o los incendios.
Un factor de riesgo que va más allá del pulmón
La exposición frecuente o prolongada a estas partículas, junto al dióxido de nitrógeno, el ozono troposférico, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono, puede causar o agravar un amplio abanico de enfermedades. Entre ellas, según la evidencia recogida por la OMS, figuran el asma, la bronquitis crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las infecciones respiratorias y el cáncer de pulmón, pero también infartos, accidentes cerebrovasculares, hipertensión y otras dolencias cardiovasculares.
La investigación reciente ha ampliado ese mapa de daños. Hay evidencia creciente que vincula la contaminación atmosférica con la diabetes tipo 2, el deterioro cognitivo y la demencia. Durante el embarazo, la exposición se ha asociado con un mayor riesgo de parto prematuro y de bajo peso al nacer. Por ello, los especialistas la describen no como un problema estrictamente respiratorio, sino como un factor de riesgo sistémico capaz de afectar pulmones, corazón, cerebro y otros órganos.
Panamá ya ha experimentado episodios que muestran con claridad cómo un evento ambiental puede transformarse en cuestión de horas en una crisis de calidad del aire. El más reciente y visible fue el incendio del relleno sanitario de Cerro Patacón, en enero de 2024, uno de los varios registrados en ese vertedero de la capital. Se trata de un patrón que se repite en distintos puntos del país como consecuencia del manejo y la supervisión deficientes de los vertederos a cielo abierto.
Lejos de Asia, pero sin margen para la complacencia
El epicentro sanitario de la contaminación atmosférica se sitúa hoy en Asia del Sur. En 2023, esa región registró cerca de 195 muertes atribuibles a la contaminación del aire por cada 100,000 habitantes, una tasa más de diez veces superior a la observada en los países de altos ingresos. India y China concentran, por sí solas, alrededor de la mitad de las muertes mundiales asociadas a este riesgo ambiental, según los datos citados en el informe.
Panamá no enfrenta esos niveles extremos, pero su media anual estimada por la OMS lo mantiene por encima del umbral recomendado, en línea con la tendencia de otras capitales de América Latina donde el crecimiento del parque vehicular y la actividad de construcción presionan la calidad del aire urbana. La distancia respecto a los escenarios asiáticos no elimina el riesgo: lo desplaza al terreno de la prevención antes que al de la emergencia.
La fecha que se conmemora este 7 de septiembre tiene precisamente ese objetivo. La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que estableció en 2019 el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul buscó situar la contaminación atmosférica en la agenda de salud pública global y promover que los Estados adopten estándares de vigilancia y reducción de emisiones. La OMS actualizó en 2021 sus guías de calidad del aire, endureciendo el valor de referencia anual de PM2.5 hasta los 5 microgramos por metro cúbico que hoy sirven de patrón de comparación.
El propio diagnóstico de la OMS apunta al eslabón débil del caso panameño: la ausencia de un límite legal nacional para PM2.5 equiparable al valor guía. Sin ese estándar, la medición sistemática, la publicación de datos y la exigencia de metas de reducción quedan sin un marco vinculante, lo que dificulta traducir la evidencia sanitaria en política pública.
De cara a los próximos meses, el reto para las autoridades ambientales pasa por consolidar redes de monitoreo del aire que permitan conocer con precisión qué respira cada región del país, por abordar el manejo de los vertederos a cielo abierto —origen de episodios como los de Cerro Patacón— y por avanzar hacia un estándar nacional de PM2.5 alineado con la guía internacional. Mientras ese marco no exista, la comparación con el umbral de la OMS seguirá siendo la única vara disponible para medir la calidad del aire en Panamá.