Chapman explicó que el objetivo central de la iniciativa es reducir el gasto público mediante un sistema integrado de catastro que funcione como base para cualquier sistema de información territorial y de datos geoespaciales en el país. El titular del MEF señaló que el proyecto cuenta con el respaldo técnico y financiero del organismo multilateral, y que la iniciativa busca dejar atrás sistemas obsoletos para consolidar un modelo digital, transparente e interoperable que unifique la información territorial bajo una sola plataforma tecnológica.
Uribe subrayó que se trata de la primera operación que el Banco Mundial respalda en Panamá bajo la modalidad de programa por resultados, esquema en el que los desembolsos no se atan a insumos o gastos específicos, sino al cumplimiento de metas verificables. «No estamos para financiar insumos, estamos para acompañar al Gobierno en logros verificables que este proyecto va a alcanzar», afirmó el representante del organismo. Según el MEF, el enfoque del proyecto se centra en optimizar el gasto público asociado a la gestión de tierras, asegurar una planificación eficiente del territorio y garantizar la seguridad jurídica sobre la propiedad para todos los ciudadanos.
El financiamiento se estructura en dos componentes: $60 millones aportados por el Banco Mundial mediante el préstamo suscrito, y $35 millones de contrapartida local del Gobierno Nacional. El desembolso del componente multilateral quedará sujeto al cumplimiento de indicadores de resultado acordados entre la ANATI y el organismo, conforme a la modalidad descrita por Uribe. En el acto de firma no se detalló un cronograma de hitos intermedios ni la lista específica de indicadores que activarán los desembolsos.
Un registro fragmentado que la ANATI busca unificar
La modernización catastral figura desde hace años entre las tareas pendientes de la administración pública panameña, que ha operado con registros de tierras dispersos entre distintas entidades y con información no siempre interoperable. La ANATI, creada en 2010 como entidad autónoma encargada de la política de tierras, ha llevado adelante procesos de titulación y regularización, y ahora asumirá la ejecución técnica de la plataforma digital que centralizaría esa información. El MEF actuará como cartera responsable de la deuda pública y la política fiscal.
Del acto de firma también formaron parte la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz; el administrador general de la ANATI, Andrés Pages; y Carolina Geginat, gerente de Operaciones del Banco Mundial para la región, presencias que reflejan el carácter interinstitucional del programa.
Conforme al marco legal panameño, todo préstamo suscrito por el Órgano Ejecutivo con un organismo multilateral requiere el trámite de aprobación mediante ley en la Asamblea Nacional, así como el refrendo del contralor general de la República sobre los contratos de ejecución que se deriven del programa. Ese proceso de fiscalización, que recae en la Contraloría General, será clave para verificar que los desembolsos del componente local de $35 millones se ajusten a lo previsto en el Presupuesto General del Estado durante los próximos ejercicios.
Panamá ha sido receptor histórico de financiamiento del Banco Mundial para proyectos de infraestructura, agua y saneamiento y fortalecimiento institucional. La modalidad de programas por resultados representa una variación respecto a los esquemas tradicionales de préstamo basados en desembolsos contra gasto ejecutado: condiciona los recursos a metas medibles y auditables, con menor margen para desviaciones de uso.
La consolidación de un catastro unificado tendría implicaciones para la recaudación del impuesto de inmuebles y para la gestión de conflictos de tierras que históricamente han afectado a comunidades rurales e indígenas en distintas regiones del país. Los detalles operativos —cronograma e indicadores— deberán quedar recogidos en el convenio de préstamo remitido a la Asamblea Nacional para su aprobación legislativa, trámite que marcará el siguiente paso formal del proceso antes de que la ANATI pueda iniciar las actividades de digitalización previstas para los cuatro años de ejecución.