El movimiento que complica el guion panameño llegó un día antes. El lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que los procesos para la transición democrática en Venezuela empezarían en agosto. El anuncio suena a hoja de ruta, pero llega acompañado de un dato incómodo para quienes en el hemisferio defienden a González: Washington ha optado por operar, al menos en la práctica, con la presidencia interina de Rodríguez, la misma que Panamá se niega a reconocer.
Ahí se concentra la tensión de fondo. El aliado histórico de Panamá en la región, el mismo que impulsa la salida democrática que Panamá dice desear, ha decidido moverse sobre el terreno con el gobierno cuya legitimidad Ciudad de Panamá cuestiona. Martínez-Acha lo abordó marcando distancia sin ruptura: la solución democrática «debe estar acompañada de un apoyo de países democráticos de la región», declaró, y agregó que «se tiene que construir ese camino, con peticiones electorales sólidas y una transformación de distintos actores y entidades internas de Venezuela».
El canciller enmarcó ese acompañamiento como condición para que la transición tenga credibilidad interna. «Sentimos que la solución democrática de Venezuela que los Estados Unidos y el secretario Rubio desean implementar debe estar acompañada de un apoyo de países democráticos de la región. Así, los actores internos van a dar confianza», sostuvo. En el mismo sentido, situó como aspiración panameña que «en un corto periodo de tiempo existan elecciones democráticas con garantías y se elija un gobierno de los venezolanos de forma transparente», para que Venezuela pueda «incorporarse a la comunidad de las naciones de Latinoamérica».
Un pulso con Caracas que viene de lejos
Panamá no es un actor menor en este expediente. El país fue de los que cuestionaron los resultados oficiales que proclamaron ganador a Nicolás Maduro tras las elecciones de julio de 2024, un proceso en el que la oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado, denunció fraude y difundió actas que, según su lectura, daban la victoria a Edmundo González. El respaldo panameño a esas actas, custodiadas ahora en el Banco Nacional, es el ancla de la posición diplomática que Martínez-Acha reafirmó esta semana.
No es la primera vez que Panamá se distancia de Caracas con un gesto de peso. Ambos países han atravesado episodios de ruptura y restablecimiento de relaciones diplomáticas en las últimas dos décadas, desencuentros que han demostrado ser prolongados y cuya resolución dependió de variables que Panamá no controlaba en solitario. Esa memoria pesa sobre la cancillería a la hora de calibrar hasta dónde llevar la actual distancia con el gobierno de Rodríguez.
El Órgano Ejecutivo panameño ha cuidado el gesto político. A finales de mayo, el presidente José Raúl Mulino recibió en Panamá a María Corina Machado para conversar sobre la celebración de nuevas elecciones en Venezuela, un encuentro que reforzó el papel del país como plataforma regional de la oposición venezolana. La entrevista de esta semana confirma que ese posicionamiento se mantiene, aun cuando el aliado estadounidense empieza a mover piezas por su cuenta.
La política exterior panameña, sin embargo, no se ha vuelto una ruptura total. Martínez-Acha fue explícito en un matiz relevante: Panamá mantiene relaciones consulares con Venezuela, el canal técnico que permite seguir atendiendo a los connacionales de ambos países y gestionar trámites básicos pese a la falta de reconocimiento político pleno. Es la fórmula de quien marca distancia sin cerrar la puerta: se suspende el vínculo con el gobierno, pero se conserva el consular, el terreno administrativo donde los estados suelen seguir comunicándose.
La distinción tuvo también un capítulo humanitario. Tras el terremoto doble que golpeó Venezuela el pasado 24 de junio, Panamá fue uno de los primeros países en enviar ayuda de emergencia, un gesto que separa la negativa a reconocer una administración del deber de socorrer a la población bajo su jurisdicción. Esa diferencia entre el plano político y el humanitario es la que permite a Panamá sostener a la vez el no reconocimiento y la asistencia.
El horizonte que dibuja Martínez-Acha —elecciones «con garantías» en un plazo breve, un gobierno elegido «de forma transparente» y la reincorporación de Venezuela a la comunidad regional— convive con una realidad menos ordenada: el mapa de ruta lo trazan simultáneamente Washington, Caracas y capitales como la panameña, cada una con su propio cronómetro. La meta que fija el canciller es amplia; el procedimiento para llegar a ella no está bajo control panameño.
Queda por ver si agosto trae efectivamente el inicio de la transición anunciada por Rubio y si Panamá encontrará en ese proceso el acompañamiento regional que reclama como condición de legitimidad. También está por resolver cuánto tiempo puede sostenerse un reconocimiento sin gesto operativo, esa distancia entre custodiar unas actas en una bóveda y sentarse en la mesa donde se decide el futuro de Venezuela. Panamá ha elegido, por ahora, mantener su posición pese a que su principal aliado avanza por otra vía; el propio calendario de agosto dirá si esa coherencia encuentra respaldo o queda aislada.