Conviene decir lo obvio sin regateos: lo ocurrido aquel día —estudiantes desafiando con una bandera a tropas estadounidenses en la Zona del Canal, la represión posterior con muertos y heridos— es uno de los episodios fundacionales de la identidad panameña contemporánea. Jaén Suárez, orador principal del acto, lo enmarcó como el punto de partida de un proceso que culminó con los Tratados Torrijos-Carter y la devolución del Canal. «Es un legado de soberanía que debemos proteger y honrar», señaló durante su intervención. Es una lectura difícil de rebatir; también es una frase que puede repetirse con los ojos cerrados, y ese automatismo es precisamente lo que merece examen.
Cada aniversario produce un ritual casi coreografiado: el mandatario deposita flores, el Movimiento 9 de Enero pide que no se apague la memoria y las escuelas organizan izadas de bandera y charlas para que los estudiantes retengan una fecha que, con el tiempo, corre el riesgo de volverse dato de examen antes que brújula. No hay nada reprochable en el ritual. Lo llamativo es la facilidad con que una nación puede honrar la soberanía un jueves en la Llama Eterna y discutirla con menos solemnidad el resto del año, cuando el asunto es un contrato que necesita el refrendo del contralor, una vista presupuestaria en la Asamblea Nacional o una negociación con inversionistas foráneos.
Porque de eso trataba, en el fondo, el 9 de enero de 1964: de soberanía entendida no como concepto para citar en un discurso, sino como control efectivo sobre el territorio, los recursos y las decisiones que afectan a los panameños. La Autoridad del Canal de Panamá administra hoy la vía sin presencia militar estadounidense en la ribera, la victoria histórica que aquellos estudiantes no vivieron para ver. Pero la soberanía contemporánea se mide también en quién audita las cuentas, quién fiscaliza los contratos, quién responde cuando el Ministerio Público abre una investigación y quién explica al pleno en qué se gasta el Presupuesto General del Estado. Ese frente, menos fotogénico que una ofrenda floral, es donde la soberanía se defiende o se erosiona a diario.
La ceremonia de este año no ocurrió en un vacío institucional. Mulino la encabezó en un país cuyo Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial siguen sometidos a la tensión permanente entre el poder y su fiscalización. La Contraloría General, el Tribunal Electoral y el Ministerio Público forman parte de la arquitectura que se consolidó en el tramo histórico que arranca con episodios como el de 1964 y desemboca en los tratados que recuperaron el Canal. Invocar el sacrificio de los mártires sin conectarlo con esa vigilancia institucional es quedarse con la mitad conmovedora del relato y descartar la mitad menos vistosa, que es la que sostiene una soberanía en el largo plazo.
Los familiares de las víctimas, que tomaron la palabra en el acto, hicieron lo que corresponde a quien perdió a un ser querido por una causa: reclamar que el sacrificio no se diluya en la rutina del calendario. Es un reclamo legítimo. El Movimiento 9 de Enero, por su parte, llamó a mantener vivo el espíritu de lucha y a recordar la importancia de la fecha en la historia nacional. La consigna es noble, pero exige traducción práctica: si se limita a preservar la memoria en actividades culturales, corre el riesgo de volverse pieza de museo; si incluye exigir sobre el poder de hoy la misma vigilancia que aquellos estudiantes ejercieron sobre el poder extranjero de 1964, la fecha conserva su filo.
El precedente que da sentido a la conmemoración es el propio proceso que abrió: la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977 y la reversión del Canal el 31 de diciembre de 1999, cuando la administración pasó por completo a manos panameñas. Aquella soberanía territorial no se ganó solo con la sangre estudiantil de 1964, sino con más de una década de negociación diplomática sostenida. La lección es que la conquista simbólica y el trabajo institucional prolongado se complementan; la primera sin la segunda queda en efeméride.
No es un reproche al acto de este miércoles, que cumplió con la solemnidad que la ocasión y las familias merecen. Es una observación sobre el riesgo, común a toda conmemoración patria, de que el homenaje anual sustituya al examen cotidiano. La soberanía sobre el Canal se ganó con constancia; la soberanía sobre las cuentas públicas, sobre la planilla estatal y sobre la contratación que pasa por el refrendo del contralor se gana o se pierde con la misma constancia, aunque nadie le levante una Llama Eterna.
El remate no es una condena sino una advertencia serena: que la próxima vez que un funcionario invoque el legado de los mártires de 1964 para justificar una decisión —sea cual sea la bancada que la firme—, alguien en la sala tenga la cortesía de preguntar si esa misma vara de soberanía y rendición de cuentas se aplica a lo que ocurre, sin cámaras ni ofrendas florales, los otros 364 días del año.