La ceremonia, de tono sobrio y marcada por el recogimiento, congregó en las instalaciones del Jardín de Paz a familiares que aún guardan memoria directa de los sucesos de aquel diciembre de 1989, cuando fuerzas militares estadounidenses ejecutaron la operación bautizada por Washington como «Causa Justa» y que en Panamá se recuerda como la invasión. El saldo de aquella intervención sigue siendo objeto de controversia en cuanto a la cifra exacta de víctimas civiles y militares, un asunto que organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares han reclamado esclarecer de manera oficial durante más de tres décadas.
Martínez Acha destacó en su intervención la importancia de recordar estos hechos para sanar heridas históricas y reafirmar el compromiso del país con la justicia, la memoria y la dignidad de las víctimas, según se recogió del acto. El canciller enmarcó el ejercicio de memoria como una vía para consolidar una lectura compartida de un episodio que marcó profundamente la historia contemporánea del país.
La ausencia del mandatario en la romería fue notoria entre los asistentes. La Presidencia no ofreció una explicación pública sobre los motivos de la inasistencia ni emitió un comunicado separado sobre el aniversario. La representación gubernamental recayó íntegramente en el titular de la Cancillería, quien garantizó, según la narrativa del acto, que el Gobierno mantuviera su compromiso de honrar a las víctimas.
De Noriega a la reversión del Canal
La invasión de 1989 se produjo en un contexto de tensión política entre el gobierno de Manuel Antonio Noriega y Washington, que había señalado al entonces hombre fuerte panameño por presuntos vínculos con el narcotráfico y por el deterioro del orden constitucional. La operación militar culminó con la captura de Noriega, trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos judiciales, y marcó el inicio de un proceso de transición hacia gobiernos civiles electos durante la década de 1990.
El 20 de diciembre se ha consolidado como fecha de memoria nacional, con una carga simbólica ligada a la historia de la relación bilateral con Estados Unidos, marcada por la presencia militar estadounidense en la antigua Zona del Canal y por los tratados Torrijos-Carter de 1977, que fijaron el calendario de reversión del Canal de Panamá a la soberanía panameña. Ese proceso culminó el 31 de diciembre de 1999, cuando la administración de la vía pasó a manos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos han reclamado durante años al Estado panameño avances en la identificación de restos, la reparación a las familias afectadas y el acceso a archivos que permitan reconstruir con precisión el número de muertos y desaparecidos. Estas demandas han sido planteadas ante instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin que exista hasta la fecha una cifra oficial consensuada entre el Estado y los colectivos.
En el plano legislativo, la Asamblea Nacional ha sido escenario en años recientes de propuestas para declarar el 20 de diciembre como día de duelo nacional o para impulsar comisiones que documenten lo ocurrido, iniciativas que no siempre han logrado el consenso necesario en el pleno para avanzar en los debates correspondientes.
La relación entre Panamá y Estados Unidos ha mantenido, pese a este episodio, canales de cooperación en materia de seguridad, comercio y administración del Canal, hoy gestionado íntegramente por la ACP tras la reversión de 1999. La participación del cuerpo diplomático y de organismos internacionales en actos conmemorativos ha sido variable a lo largo de los años.
La memoria de la invasión continúa siendo un elemento sensible en la construcción de la identidad nacional, en la medida en que combina el reconocimiento del fin de un régimen autoritario con el reclamo por el costo humano que tuvo la intervención militar extranjera. Familiares, sobrevivientes y representantes del Gobierno coincidieron en la ceremonia en la determinación de seguir construyendo un futuro de paz y soberanía.
De cara a los próximos años, voces del ámbito de derechos humanos han insistido en que el aniversario debería servir para reactivar gestiones oficiales orientadas a la exhumación de fosas, la actualización de registros forenses y la eventual creación de un mecanismo estatal permanente de reparación, procesos que hasta la fecha han avanzado de manera desigual y sin un cronograma público definido por parte del Órgano Ejecutivo.