La cancillería panameña rechazó el uso de artefactos explosivos contra instalaciones policiales, un tipo de ataque que las autoridades colombianas atribuyen de forma recurrente al ELN en zonas rurales y semiurbanas del país vecino. En su pronunciamiento reiteró el respaldo de Panamá a las instituciones de seguridad colombianas, sin que trascendieran detalles adicionales sobre la coordinación diplomática entre ambos gobiernos tras el hecho.
El gobierno de Colombia no ha ofrecido hasta el momento un balance oficial detallado sobre las circunstancias exactas del atentado, más allá de los primeros reportes sobre el hecho ocurrido en el noroeste del país. La cifra de 14 heridos es la que trascendió en los reportes iniciales.
Un vecino con frontera sensible
El pronunciamiento panameño se enmarca en una tradición de solidaridad regional ante hechos de violencia vinculados al conflicto armado colombiano, un fenómeno que Panamá sigue de cerca por la vecindad en la frontera del Darién, zona históricamente sensible al tránsito de grupos armados irregulares y al flujo migratorio proveniente de Suramérica. El tapón del Darién, la selva que separa a ambos países, constituye el único punto donde la Carretera Panamericana queda interrumpida en todo el continente y ha sido escenario en los últimos años de un intenso tránsito migratorio irregular en cuyo control participan tanto autoridades panameñas como colombianas.
El ELN es la guerrilla activa más antigua de Colombia, fundada en 1964, y ha mantenido presencia histórica en departamentos fronterizos con Venezuela y en zonas del noroeste colombiano, incluido el Chocó, región que limita con la provincia panameña del Darién a través de una de las selvas menos intervenidas del continente. La violencia atribuida a grupos como el ELN y a disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha sido objeto de atención constante por parte de la diplomacia panameña, que ha respaldado en foros regionales los procesos de negociación de paz impulsados por sucesivos gobiernos colombianos, incluido el llamado proceso de paz total promovido por Bogotá.
Panamá no mantiene fuerzas armadas propias desde la abolición del Ejército en 1990, tras la invasión estadounidense de 1989, por lo que su relación con los conflictos armados de la región se canaliza fundamentalmente a través del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y de la cooperación diplomática, más que de una intervención militar directa. El Ministerio Público panameño no tiene competencia sobre hechos ocurridos en territorio colombiano, por lo que cualquier investigación penal corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales de Colombia, en línea con el principio de territorialidad que rige la jurisdicción penal en ambos países.
Una relación bilateral marcada por la historia
Panamá y Colombia mantienen relaciones diplomáticas ininterrumpidas pese a episodios de tensión histórica, entre ellos la separación de Panamá de Colombia en 1903, hecho fundacional de la república panameña que marcó el inicio de una relación bilateral compleja, hoy articulada en torno a la cooperación en seguridad fronteriza, comercio y control migratorio. El comercio bilateral se apoya en buena medida en el tránsito por el Canal de Panamá, administrado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), una vía que Colombia utiliza de forma habitual para el intercambio comercial con Asia y con la costa oeste de Estados Unidos, lo que refuerza el interés panameño en la estabilidad de su vecino suramericano.
No se ha informado de que el atentado haya afectado directamente a ciudadanos panameños ni a intereses económicos o comerciales de Panamá en la zona, según la información disponible hasta el momento. La cancillería panameña tampoco precisó si el pronunciamiento de solidaridad incluirá medidas adicionales de cooperación bilateral en materia de seguridad fronteriza, más allá de los mecanismos ya existentes entre el Senafront y las autoridades colombianas para el control del Darién.
El seguimiento de este tipo de hechos por parte de la diplomacia panameña seguirá previsiblemente marcado por la evolución de las negociaciones de paz en Colombia y por el comportamiento del flujo migratorio en la frontera común, dos asuntos que las autoridades de ambos países han identificado como prioritarios en su agenda bilateral para los próximos meses.