La norma exige que las empresas y grupos multinacionales que operan en el país demuestren presencia real —oficinas, empleados y operación efectiva— y sustenten los recursos que reciben para acceder al tratamiento fiscal favorable sobre rentas de fuente extranjera. El objetivo declarado es cerrar la puerta a estructuras que utilizaban a Panamá como domicilio de conveniencia para eludir impuestos en otras jurisdicciones, una práctica que la Unión Europea ha señalado durante años como motivo de fricción con la plaza panameña.
El asunto se debatió en el conversatorio Café con La Prensa, titulado Nueva Ley de Sustancia Económica: impacto, retos y oportunidades, en el que participaron el propio Hoyos; el socio de Servicios Tributarios de KPMG Panamá, Jaime Carrizo; y el socio de la firma Fábrega Molino, Juan Raúl Sosa. Los expositores analizaron el alcance de la normativa, sus implicaciones para las empresas y su papel en el fortalecimiento de la transparencia y la competitividad del país como centro internacional de negocios.
Según Hoyos, las conversaciones más recientes en Bruselas apuntan a que la revisión de octubre confirmará la exclusión de Panamá. "Nuestra expectativa es que vamos a salir en octubre. las conversaciones que yo he tenido en Bruselas. fueron que esto ya es prácticamente un hecho cumplido. Hemos cumplido, ellos lo reconocen", sostuvo el funcionario, quien agregó que no quedan comentarios ni inquietudes pendientes por parte de las autoridades europeas.
El viceministro insistió en que la decisión de ajustar la legislación panameña a los estándares internacionales no responde a una imposición externa. "La decisión de Panamá de hacer estas adecuaciones para poder entrar a estos mercados es una determinación justa y soberana", afirmó, y advirtió: "Si no somos capaces de evolucionar con la normativa internacional, nuestra propuesta de valor no va a ser tan atractiva como era antes".
Para Hoyos, la posición geográfica del país ya no basta por sí sola para atraer capital. "La venta de Panamá hoy en día no es solo la posición geográfica, la venta es confianza", afirmó, al señalar que la reputación incide en las relaciones financieras y comerciales, el acceso a mercados y las decisiones que adoptan las compañías al evaluar posibles destinos de inversión. El funcionario se mostró optimista sobre el impacto de mediano plazo: "Yo estaría dispuesto a apostar que para los años 2028 y 2029 vamos a estar viendo números de inversión extranjera directa fuera de serie", dijo, al mencionar el interés de inversionistas en centros de datos y semiconductores.
Los especialistas tributarios coincidieron en que el mayor desafío no está en la ley en sí, sino en su reglamentación: reglas de ejecución claras y predecibles que conviertan la normativa en una herramienta para atraer inversión, en lugar de generar cargas adicionales o incertidumbre para las empresas. El reto práctico, según plantearon, pasa por establecer criterios verificables sobre qué constituye presencia real sin imponer cargas desproporcionadas a las compañías, y por evitar que la incertidumbre regulatoria erosione la competitividad que Panamá ha construido como plataforma de servicios financieros y logísticos regionales.
Un vaivén de seis años en las listas de Bruselas
Panamá figura desde hace años entre las jurisdicciones observadas por la Unión Europea en materia fiscal, en revisiones en las que Bruselas cuestionó la ausencia de reglas de sustancia económica y aspectos del intercambio de información tributaria. El país ha entrado y salido del listado en distintas evaluaciones, un vaivén que ha marcado la agenda de reformas tanto del Órgano Ejecutivo como de la Asamblea Nacional. El escrutinio no es exclusivo de Panamá: otros centros financieros latinoamericanos han enfrentado revisiones de organismos multilaterales por sus regímenes de renta territorial.
El precedente más recordado en la historia reciente del país es la crisis reputacional derivada de la filtración de los Panama Papers en 2016, que expuso el uso de sociedades panameñas en estructuras extraterritoriales y aceleró una batería de reformas para reforzar la transparencia. Desde entonces, sucesivos gobiernos han impulsado ajustes normativos para atender tanto las exigencias de la Unión Europea como las del Grupo de Acción Financiera Internacional, entidad que evalúa los controles contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, listado del que Panamá también ha buscado desmarcarse.
El Consejo de la Unión Europea actualiza su lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal en revisiones periódicas a lo largo del año. La inclusión en ese listado puede encarecer el acceso al sistema financiero internacional y complicar las operaciones de bancos corresponsales con contrapartes panameñas, un efecto que las autoridades han citado como una de las principales razones para acelerar la adecuación normativa.
La Ley 526 culminó su trámite con la aprobación en tercer debate en la Asamblea Nacional antes de pasar a la sanción del Ejecutivo el pasado mes de mayo. Según el Órgano Ejecutivo, la norma aporta elementos verificables para demostrar ante organismos internacionales que las empresas establecidas en Panamá tienen presencia, actividad y capacidad real para generar valor, y forma parte de un esfuerzo más amplio por blindar jurídicamente al país frente a señalamientos de opacidad fiscal.
De confirmarse la salida de la lista europea en octubre, el Gobierno sostiene que se facilitarían las operaciones bancarias, se reducirían costos de cumplimiento para empresas extranjeras con presencia en el país y mejoraría la percepción de riesgo. La reglamentación de la Ley 526, pendiente antes de su entrada en vigor el 1 de enero de 2027, seguirá siendo el punto que empresarios y firmas de asesoría tributaria vigilarán de cerca en los próximos meses.