La reducción mensual no provino de un superávit ni de un pago extraordinario, sino en buena medida de factores contables. Según el propio informe del MEF, en junio se registró una variación cambiaria de $294.3 millones que redujo el saldo, sumada a las amortizaciones del mes: $120.9 millones en Letras del Tesoro, $98.8 millones a organismos multilaterales, $5.1 millones de deuda bilateral y $6.2 millones con la banca comercial externa. Es decir, el alivio de junio depende en gran parte del comportamiento de las monedas en los mercados internacionales, más que de una decisión discrecional del país.
En sentido contrario, el mismo mes trajo un desembolso de $180.5 millones mediante Letras del Tesoro, prueba de que la emisión de deuda nueva no se detuvo pese al descenso del saldo. La foto neta es de una baja puntual sobre una tendencia que sigue al alza.
La franqueza del ministro y la disyuntiva que plantea
El ministro Chapman abordó el tema el 1 de julio, en el inicio de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. «Muchos dicen: ‘Bueno, la deuda panameña sigue en ascenso’. Sí, seguirá aumentando, pero cada año menos», sostuvo. El titular del MEF planteó además la alternativa que, a su juicio, habría supuesto frenar el crecimiento: «¿Hubiésemos podido detener el crecimiento de la deuda? Sí. Pero el crecimiento de la deuda hubiese conllevado despedir a decenas de miles de personas del sector público y cortar subsidios», entre ellos los de electricidad, combustible, el tanquecito de gas y el transporte público.
El planteamiento admite lectura en dos direcciones. Por un lado, expone con transparencia el dilema entre ajuste y gasto social; por otro, revela hasta qué punto el financiamiento sostiene gasto corriente y planilla estatal. La franqueza sobre el problema no equivale, por sí sola, a una hoja de ruta para resolverlo.
Dos años de acumulación y una composición cada vez más externa
En perspectiva, la deuda pasó de $56,297.6 millones en junio de 2025 a $61,526.8 millones un año después. Y respecto a junio de 2024 —$51,812 millones, cuando cerraba la administración de Laurentino Cortizo e iniciaba la de José Raúl Mulino—, el incremento acumulado en los dos primeros años del actual gobierno alcanza $9,714.8 millones, un 18.75%.
La composición del saldo confirma el peso creciente de los acreedores externos. Los Bonos Globales, emitidos en los mercados internacionales, representan cerca del 50.5% del total, con $31,096.7 millones. Les siguen los organismos multilaterales, con $9,825.1 millones (unos 16%), y la banca comercial, con $9,692.4 millones (alrededor de 15.8%). En el mercado interno, los Bonos del Tesoro sumaron $3,864.2 millones; las Letras del Tesoro, $2,683.2 millones, y las Notas del Tesoro, $2,628.7 millones. A ello se agregan $1,002.9 millones con bancos oficiales, $732.7 millones de deuda bilateral y $0.9 millones de financiamiento privado.
El servicio de esa deuda tiene un costo relevante. Solo en junio, los pagos a organismos multilaterales ascendieron a $170.3 millones; los compromisos con la banca comercial externa, a $18.9 millones, y los pagos a acreedores bilaterales, a unos $5.31 millones. Por deuda interna se efectuaron pagos por alrededor de $121 millones en Letras del Tesoro, $20 millones en Notas del Tesoro, $40.4 millones en Bonos del Tesoro y $9.2 millones a bancos oficiales. Son recursos que se destinan a honrar el andamiaje financiero antes que a otros rubros del Presupuesto General del Estado.
La advertencia del economista y el pendiente de la reforma
El economista Carlos Araúz advirtió que «la deuda va a seguir subiendo» y que, bajo la estructura actual, será difícil frenar su crecimiento sin cambios de fondo. Señaló que el país necesita una reconfiguración de pasivos y activos, además de una reforma tributaria y fiscal profunda e integral. Aunque reconoció que el endeudamiento no aumenta al mismo ritmo que en la administración anterior, insistió en que el desafío es contener el costo financiero y evitar que el pago de intereses termine presionando aún más las finanzas públicas.
La reforma fiscal estructural es una promesa reiterada en el debate panameño de la última década, sin que haya cuajado en una ley aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional. La persistencia del planteamiento sugiere que el obstáculo es menos de diagnóstico que de voluntad política para asumir el costo de medidas impopulares.
Conviene, además, matizar el sentido de la baja mensual. La misma variación cambiaria que en junio restó $294.3 millones al saldo puede, en otro mes, sumar en lugar de restar, revirtiendo la mejora reportada. Por eso el descenso de junio no permite, por sí solo, hablar de una tendencia de consolidación fiscal.
En el plano institucional, la Contraloría General —encargada del refrendo de los contratos estatales y de la fiscalización del uso de los recursos públicos— y la Asamblea Nacional disponen de herramientas para escrutar tanto el gasto como la calidad de la deuda que lo financia. Las próximas vistas presupuestarias abrirán la ventana para que el pleno interrogue al MEF sobre la trayectoria del endeudamiento.
De cara a los siguientes meses, el MEF seguirá publicando su reporte mensual de deuda, con desagregación por instrumento y por acreedor, lo que permitirá verificar si la promesa de un crecimiento «cada año menos» se sostiene o si depende de factores cambiarios ajenos a la política fiscal. El debate presupuestario en la Asamblea Nacional será el próximo hito para contrastar cifras y compromisos.