Page defiende a jueces y seguridad frente al relato oficial del 'lawfare'
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, formuló un respaldo explícito al Poder Judicial, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil frente a lo que describió como cuestionamientos por el ejercicio de sus funciones institucionales. La declaración constituye una impugnación directa, desde dentro del PSOE, del marco discursivo que la dirección federal del partido ha sostenido de forma recurrente para explicar las actuaciones judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez.
El pronunciamiento se produce en un momento en que varios procedimientos judiciales vinculados a personas del entorno del PSOE o a decisiones adoptadas durante gobiernos socialistas acumulan protagonismo en la agenda judicial. García-Page no precisó casos concretos, pero vinculó expresamente su defensa de las instituciones a ese escenario, lo que en términos políticos equivale a rechazar la estrategia de presentar a los órganos de control como parte del problema antes que como garantes del sistema.
Fractura interna: Page contra el relato federal del partido
La dirección federal del PSOE ha sostenido de manera sistemática que determinadas actuaciones judiciales responden a una estrategia orquestada de desgaste contra el Ejecutivo, un argumento que sus portavoces han articulado bajo el concepto de 'lawfare'. García-Page, según su intervención, no solo no suscribe esa narrativa sino que la refuta: defendió un 'apoyo cerrado' —en sus propios términos— a quienes están siendo cuestionados por cumplir sus obligaciones institucionales, un enunciado que colisiona frontalmente con el discurso de La Moncloa.
La posición crítica de García-Page respecto a decisiones de la dirección nacional del PSOE tiene antecedentes documentados a lo largo de la legislatura, desde sus reservas públicas sobre la política de indultos a condenados por el procés hasta sus objeciones a determinados acuerdos de investidura. Sin embargo, el momento en que ahora formula este respaldo institucional —con procedimientos judiciales abiertos que afectan al entorno socialista— le otorga una carga política de mayor intensidad que en episodios anteriores.
El concepto de 'lawfare': origen académico y uso político en España
El término 'lawfare' fue acuñado en el ámbito académico anglosajón —atribuido habitualmente al general Charles Dunlap, en un artículo de 2001 publicado por la Harvard University— para describir el empleo de mecanismos legales como sustituto o complemento de la fuerza militar en conflictos entre estados. Su traslación al debate político interno español supone una extrapolación del concepto original que sus críticos consideran inadecuada: aplicarlo a la actividad jurisdiccional ordinaria implica, en su argumentación, equiparar la Justicia con un instrumento bélico y negar su independencia como poder del Estado, principio recogido en los artículos 117 a 127 de la Constitución española de 1978.
La Constitución de 1978 establece en su artículo 117.1 que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Invocar el marco teórico del 'lawfare' para explicar resoluciones judiciales concretas tensiona ese principio de independencia y ha generado fricciones documentadas con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces cuyo mandato estuvo prorrogado durante más de cuatro años —desde diciembre de 2018 hasta septiembre de 2022, según consta en el BOE— antes de su renovación, un bloqueo institucional sin precedentes en la democracia española.
Tensiones institucionales: CGPJ, Fiscalía y Guardia Civil en el foco
Los tres estamentos a los que García-Page dirige su respaldo comparten el rasgo de haber sido señalados, con distinto grado de intensidad, desde sectores del Gobierno o de sus socios parlamentarios. El CGPJ acumuló durante su bloqueo una crítica creciente de asociaciones judiciales y del propio Tribunal Supremo sobre la merma operativa que suponía la prórroga. La Fiscalía General del Estado, por su parte, ha sido escenario de controversias públicas desde el nombramiento de Álvaro García Ortiz como Fiscal General —cargo para el que fue designado por el Consejo de Ministros en febrero de 2023—, con investigaciones abiertas sobre filtraciones de datos de carácter reservado que mantienen el organismo en la agenda judicial.
La Guardia Civil fue objeto de cuestionamientos políticos notorios durante el conflicto territorial catalán de 2017, cuando actuaciones del cuerpo ordenadas por el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional fueron criticadas por el entonces Govern de la Generalitat y por formaciones independentistas con representación parlamentaria en el Congreso. Ese episodio constituye el precedente histórico más directo del debate que García-Page reactiva ahora: la disputa sobre si las fuerzas de seguridad del Estado actúan como garantes del orden constitucional o como instrumentos de una estrategia política.
Marco normativo: separación de poderes y límites del control político
El debate sobre el 'lawfare' se inscribe en el marco del principio de separación de poderes recogido en el Título VI de la Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), que atribuye en exclusiva a juzgados y tribunales la potestad jurisdiccional. La LOPJ prohíbe expresamente en su artículo 13 que los jueces reciban instrucciones de ningún poder público sobre el ejercicio de la función jurisdiccional. Cualquier narrativa que presente las resoluciones judiciales como el resultado de una estrategia política organizada —sea de la oposición o del Ejecutivo— opera, por tanto, en un espacio de tensión directa con ese mandato legal.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, establece en su artículo 6 que el fiscal actúa con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad. La Fiscalía General del Estado no ha realizado declaraciones públicas en respuesta a las afirmaciones de García-Page. El CGPJ tampoco se ha pronunciado de forma específica sobre esta intervención. El Ministerio de la Presidencia y el PSOE federal no habían emitido réplica oficial en el momento de publicarse este artículo.
Peso territorial y prospectiva: plazos y presión interna
García-Page gobierna Castilla-La Mancha con mayoría absoluta desde las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, en las que el PSOE regional obtuvo 18 escaños frente a los 17 del PP, según los resultados oficiales de la Junta Electoral. Ese respaldo electoral propio le proporciona una autonomía orgánica que sus predecesores en la disidencia socialista —como los denominados 'barones críticos' de la etapa de Pedro Sánchez como secretario general— no siempre tuvieron, y convierte su voz en un vector de presión interna con proyección más allá de la protesta individual.
La acumulación de procedimientos judiciales que afectan al entorno del PSOE —sin que este material permita detallar causas concretas— sitúa el debate sobre la independencia judicial en el centro de la agenda política al menos durante los próximos meses de actividad parlamentaria y judicial. Si el Gobierno mantiene el discurso del 'lawfare' como eje de su estrategia de comunicación, las voces internas como la de García-Page adquirirán visibilidad creciente en cada nuevo episodio judicial, sometiendo la cohesión del partido a una prueba de resistencia cuyo desenlace condicionará el clima político de la segunda mitad de la legislatura.
