La medida, de alcance aún no precisado, mantiene interrumpido el año lectivo en la comunidad afectada. Los acudientes condicionan el retorno a las aulas a la obtención de un compromiso verificable sobre los plazos de ejecución de las obras pendientes, según relatan los propios denunciantes. No ha sido posible determinar, a partir de la información disponible, si las autoridades educativas o sanitarias de la región han emitido una respuesta oficial sobre el paro, ni consta un pronunciamiento del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ni de los gobiernos locales del distrito comarcal sobre el estado real de ejecución de los proyectos reclamados.
La Comarca Ngäbe Buglé, creada mediante la Ley 10 de 1997 durante la administración de Ernesto Pérez Balladares, es la más extensa de las comarcas indígenas de Panamá y agrupa a la mayor población originaria del país, distribuida entre las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Su territorio, montañoso y de difícil acceso, ha figurado históricamente entre las regiones con mayores brechas de infraestructura básica, de acuerdo con los índices de pobreza multidimensional publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
Según relatan los acudientes, el reclamo no es nuevo: se trata de compromisos de electrificación y suministro de agua potable que autoridades locales y nacionales anunciaron en distintas ocasiones sin que las obras se ejecutaran en los plazos ofrecidos. Esa percepción de incumplimiento ha sido motivo recurrente de protestas y cierres de vías en la región, particularmente en los tramos que atraviesan la comarca en la carretera Interamericana, un antecedente que en años recientes derivó en enfrentamientos y mesas de diálogo entre dirigentes comarcales y el Órgano Ejecutivo.
Los casos de diarrea y molestias estomacales que denuncian los acudientes remiten a un problema de salud pública documentado: el consumo de agua no tratada es una de las principales vías de transmisión de enfermedades gastrointestinales en comunidades rurales sin acceso a acueductos. El Ministerio de Salud mantiene protocolos de vigilancia epidemiológica para este tipo de brotes, aunque su aplicación efectiva en comarcas de difícil acceso depende de la disponibilidad de personal médico y de la frecuencia de las giras sanitarias.
Un entramado de competencias sin ejecutor único
El acceso a agua potable en zonas comarcales depende de una combinación de competencias institucionales que incluye al IDAAN, al Ministerio de Salud —encargado de la vigilancia epidemiológica y sanitaria— y a los gobiernos locales de cada distrito comarcal. La ejecución de acueductos rurales suele depender, además, de partidas específicas dentro del Presupuesto General del Estado, cuya asignación anual se define en las vistas presupuestarias que cada año celebra la Asamblea Nacional con los despachos del Órgano Ejecutivo.
Los diputados que representan los circuitos electorales de la comarca han planteado en el pleno, en años anteriores, la necesidad de acelerar proyectos de infraestructura básica en la región, argumentando que la dispersión poblacional y la orografía elevan los costos de ejecución respecto a otras zonas del país. Esa dificultad técnica, sin embargo, no exime a las entidades responsables de cumplir los cronogramas que ellas mismas anuncian, según han señalado en el pasado representantes de corregimiento de la zona.
La suspensión de clases en escuelas comarcales por deficiencias de infraestructura no es un fenómeno aislado. Organizaciones magisteriales han advertido en distintos períodos que un porcentaje significativo de las escuelas rurales del país opera sin acceso continuo a agua potable, sin que exista un diagnóstico público actualizado y desagregado por comarca. El paro incide directamente en el calendario escolar en un momento en que el Ministerio de Educación mantiene el año lectivo en curso bajo el sistema de evaluación por bimestres.
El reclamo por electrificación se suma al de agua potable como una segunda deuda de infraestructura en la comarca. La cobertura eléctrica en zonas comarcales se mantiene por debajo del promedio nacional, brecha que los sucesivos gobiernos han intentado cerrar mediante programas de electrificación rural financiados con fondos propios y créditos de organismos multilaterales, cuyo ritmo de ejecución ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de dirigentes comarcales.
El refrendo y los tiempos de la obra pública
La Contraloría General de la República, en su función de fiscalización del uso de fondos públicos, ha señalado en informes anteriores demoras en la ejecución de obras de infraestructura rural adjudicadas mediante contratos que requieren el refrendo del contralor antes de su ejecución. Ese mecanismo de control, previsto para garantizar la legalidad del gasto estatal, no impide por sí mismo los retrasos en la etapa de construcción, que suelen atribuirse a factores logísticos, cambios de administración o reformulaciones de los proyectos originales.
De consolidarse el paro y su impacto en el calendario escolar, correspondería al Ministerio de Educación evaluar mecanismos de reposición de clases y coordinar con las autoridades sanitarias y de acueductos una respuesta que atienda tanto la emergencia de salud como el reclamo estructural de infraestructura. Los acudientes, según trasciende, mantendrían la medida hasta obtener un compromiso verificable sobre los plazos de ejecución de los proyectos pendientes.
El episodio reabre un debate de fondo sobre la brecha de infraestructura básica entre las comarcas indígenas y el resto del territorio nacional, un asunto presente en los planes de gobierno de las últimas administraciones sin que, según reclaman comunidades como esta, se traduzca de forma consistente en obras concluidas y sostenibles en el tiempo.