El expediente contra Campayo se abrió, según trascendió en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Ripoll, por una irregularidad detectada en el fichaje de su jornada a finales de junio. La coincidencia temporal entre esa investigación y los procesos selectivos en marcha —uno por la vía de urgencia, habilitado para cubrir necesidades del verano, y otro de oposición ordinaria— ha situado el foco sobre el papel del jefe del cuerpo en unos procedimientos de los que, como responsable policial, sería figura clave.
La controversia se suma a la ya existente por la incorporación de la primogénita de Orriols como agente interina., la alcaldesa recurrió a la vía de urgencia para cubrir la plaza que finalmente obtuvo su hija, después de que las oposiciones ordinarias hubieran permanecido congeladas durante seis meses. Esa paralización previa y la posterior activación de un procedimiento acelerado son los elementos que han generado mayor cuestionamiento entre los grupos de la oposición municipal.
Hasta el momento no consta una explicación pública detallada del gobierno local sobre los motivos concretos del expediente ni sobre el calendario exacto de los dos procesos de selección. Tampoco consta que Campayo haya realizado declaraciones sobre la investigación abierta en su contra ni que la haya recurrido ante los órganos competentes, algo que la normativa de función pública le permitiría si considerase el expediente improcedente. Orriols, por su parte, no ha respondido públicamente a las peticiones de aclaración formuladas en el pleno.
Un expediente bajo la lupa del conflicto de intereses
El marco normativo que regula estas situaciones en la Administración local exige que cualquier expediente disciplinario a un funcionario respete los principios de tipicidad, proporcionalidad e imparcialidad del órgano instructor, conforme al Real Decreto 33/1986, sobre el régimen disciplinario de los funcionarios, y al texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. La circunstancia de que la autoridad que incoa el expediente sea, a la vez, madre de una participante en un proceso selectivo vinculado al expedientado plantea dudas sobre un eventual conflicto de intereses que la propia normativa busca evitar, y que puede activar el deber de abstención previsto en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Los procesos de selección de plazas de Policía Local en municipios pequeños suelen combinar pruebas físicas, psicotécnicas y de conocimientos, con tribunales integrados por mandos del propio cuerpo y, en ocasiones, representantes de otras administraciones. En Cataluña, el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) homologa la formación básica de los agentes locales, pero la convocatoria y el tribunal de cada plaza dependen del ayuntamiento, lo que otorga a los consistorios un margen considerable sobre plazos y procedimiento.
La vía de urgencia para cubrir plazas de personal funcionario está contemplada en la legislación de régimen local para atender necesidades inaplazables del servicio, como refuerzos estacionales de seguridad, pero su uso está sujeto a una justificación específica y a control posterior por los órganos de fiscalización, entre ellos la Sindicatura de Comptes en Cataluña. La oposición municipal ha reclamado que se aporten los informes técnicos que motivaron el recurso a esa vía en lugar de esperar a la resolución de las oposiciones ordinarias ya convocadas.
Un municipio de referencia para Aliança Catalana
Ripoll, capital de la comarca del Ripollès y con algo más de 10.000 habitantes según el padrón del Instituto Nacional de Estadística, se ha convertido en los últimos años en municipio de referencia para Aliança Catalana, formación de perfil identitario que obtuvo la alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2023 con un discurso centrado en la inmigración y la seguridad. La gestión del cuerpo de Policía Local, de plantilla reducida, adquiere así una relevancia política que trasciende lo administrativo.
La gestión de plazas de Policía Local en pequeños municipios ha generado controversias por posibles conflictos de intereses de cargos electos en distintas etapas de la democracia española. En varios ayuntamientos, el acceso de familiares de alcaldes o concejales a plazas públicas en procesos cuestionados ha derivado en litigios ante la jurisdicción contencioso-administrativa o en investigaciones de organismos de control como la Oficina Antifraude de Catalunya, competente para fiscalizar la integridad de las administraciones catalanas.
La Generalitat, a través del Departament d'Interior, mantiene competencias de coordinación sobre las policías locales catalanas, aunque no interviene directamente en los expedientes disciplinarios internos salvo que medie una denuncia formal o un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Desde la oposición se sostiene que la sucesión de decisiones —congelación de las oposiciones, apertura de la vía de urgencia, incorporación de la hija de la alcaldesa y expediente al jefe policial en pocos meses— exige una explicación pormenorizada del gobierno local.
A partir de ahora, el foco estará en si Campayo recurre el expediente incoado en su contra, en la resolución final de las oposiciones ordinarias que se habían mantenido congeladas y en si algún grupo municipal traslada el caso a instancias superiores, como la Sindicatura de Comptes o la Oficina Antifraude, para que fiscalicen la legalidad de los procesos de selección y del propio expediente disciplinario.
