Qalibaf condicionó la reapertura del paso a que Washington active de manera efectiva los términos de ese protocolo, según sus declaraciones, sin precisar públicamente el contenido íntegro del documento ni una fecha límite para su cumplimiento. La vía «no se abrirá hasta que se implementen los compromisos estadounidenses estipulados en el protocolo de acuerdo», afirmó el funcionario, que combina su rol legislativo con funciones de negociador en el conflicto.
El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, y constituye el único acceso marítimo para las exportaciones petroleras de países como Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Catar y los Emiratos Árabes Unidos, además del propio Irán. Su angostura lo convierte en uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más sensibles del comercio internacional, junto con el canal de Suez y el Canal de Panamá, administrado por la Autoridad del Canal de Panamá.
Un cierre prolongado de Ormuz tendría repercusiones directas sobre los precios internacionales del petróleo y, por extensión, sobre el costo de los combustibles y los fletes marítimos a escala global, dado que buena parte de la capacidad de exportación del golfo Pérsico carece de rutas alternativas de similar capacidad. Los efectos podrían sentirse incluso en economías dependientes del comercio marítimo como la panameña, cuyo tránsito por el Canal la vincula estrechamente a las fluctuaciones del comercio internacional.
Un pulso con antecedentes desde 1979
El diferendo entre Teherán y Washington en torno a Ormuz no es nuevo. Desde la Revolución Islámica de 1979, que derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, Irán ha empleado en distintas ocasiones la amenaza de bloquear el estrecho como instrumento de presión frente a sanciones económicas o acciones militares atribuidas a Estados Unidos o sus aliados. En episodios previos, sin embargo, no se llegó a un cierre efectivo y sostenido de la vía, por lo que un bloqueo real representaría un salto cualitativo respecto de las advertencias del pasado.
El escenario actual se enmarca en un contexto de tensión asociada a las sanciones estadounidenses al programa nuclear iraní, un conflicto que se remonta a la salida de Washington, en 2018, del Plan Integral de Acción Conjunta, el acuerdo nuclear suscrito en 2015 entre Irán y las potencias del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania. Desde entonces, las relaciones entre ambos países han atravesado sucesivos episodios de escalada y distensión, sin que se haya alcanzado un nuevo marco negociador estable.
El protocolo de acuerdo mencionado por Qalibaf no ha sido detallado públicamente por ninguna de las dos partes, lo que dificulta establecer con precisión qué compromisos específicos reclama Irán a Estados Unidos.
Los gobiernos de la región del golfo Pérsico han manifestado en distintos foros su interés en que se preserve la libre navegación por el estrecho, dada su dependencia directa de esa ruta para sus exportaciones petroleras. La Organización Marítima Internacional ha expresado en el pasado su preocupación por la seguridad de la navegación en corredores de este tipo, cuya interrupción obligaría a las navieras a evaluar rutas alternativas de mayor duración y costo.
Ese encarecimiento de fletes terminaría trasladándose a los precios finales de bienes y combustibles en mercados importadores, incluidos los de América Latina. Para Panamá, que basa buena parte de su economía en el tránsito marítimo internacional a través del Canal, cualquier alteración significativa en los flujos comerciales globales derivada de una crisis en Ormuz representaría un factor a monitorear, en la medida en que podría modificar patrones de demanda de transporte de hidrocarburos y otros productos que hoy circulan por la vía interoceánica.
En las próximas semanas se espera que trascienda si Estados Unidos ofrece alguna respuesta formal a las exigencias planteadas por Qalibaf, así como si existen gestiones diplomáticas paralelas orientadas a destrabar el diferendo. Mientras tanto, el estrecho de Ormuz permanece bajo la condición de cierre anunciada por Irán, sin que se haya fijado un plazo ni una hoja de ruta pública para su eventual reapertura.